Integración vs. crisis: el momento de pasar de la reacción a la estrategia

Chile, al igual que otros países de la región, enfrenta un dilema crucial. Mientras algunos sectores políticos y mediáticos insisten en retratar la migración como una crisis insostenible, los datos cuentan una historia distinta, una de desafíos, sí, pero también de oportunidades concretas para el desarrollo nacional. Desde la educación hasta la salud, el país tiene ante sí la posibilidad de construir un modelo de integración que no solo garantice derechos, sino que también impulse su crecimiento.

En los últimos años hemos sido testigos del crecimiento en el acceso de estudiantes migrantes al sistema educacional. Si en 2017 la matrícula de estudiantes migrantes alcanzaba un 2,2% del total, en 2024 ese porcentaje ascendía al 7,7%. Según datos del Ministerio de Educación, para el año 2024 los estudiantes extranjeros representaban el 8,2% de la matrícula en educación básica, con una concentración importante en la Región Metropolitana y la macrozona norte del país.

Sin embargo, este crecimiento ha evidenciado barreras preocupantes: menor rendimiento en pruebas como el Simce y una asistencia inferior al promedio chileno.

El ausentismo escolar y la deserción, especialmente en las regiones del norte, urgen a repensar la política educativa. Pero aquí hay un dato clave: en establecimientos con baja concentración de estudiantes migrantes, estos superan a sus pares chilenos en desempeño académico. Es decir; el problema no es el talento ni la capacidad, sino la falta de adaptación del sistema, situación que un enfoque serio en educación intercultural podría convertirse en una oportunidad de innovación educativa.

En cuanto a salud, a pesar de que el 96% de los migrantes está afiliado a Fonasa, el acceso real a atenciones sigue siendo desigual. Mientras que un 78% de los chilenos accedió a tratamientos garantizados por el sistema AUGE-GES en 2022, solo el 65,6% de los migrantes lo hizo. Más preocupante aún es que el 16,4% no está adscrito a ningún sistema previsional. No se trata solo de cobertura, sino de barreras administrativas, económicas y culturales que limitan el uso efectivo del sistema de salud.

El Estado debe priorizar estrategias de inclusión sanitaria y acceso real a servicios, no solo formalizar la afiliación. Pese al discurso de la crisis, los migrantes han sido un factor clave para la sostenibilidad del sistema de salud pública, representando el 11,4% de los afiliados al sistema de pensiones a septiembre de 2024 y el 39% de los nuevos afiliados a Fonasa en los últimos cinco años. Pero la agenda política sigue anclada en la urgencia, sin una visión de largo plazo.

Chile necesita transitar de una política reactiva a una estrategia integral basada en derechos y desarrollo. Esto implica no solo garantizar acceso, sino también fortalecer la movilidad laboral, facilitar la homologación de títulos y generar incentivos para la integración efectiva de la población migrante en la economía formal.

Más allá de los argumentos utilitaristas, que ven la migración como oportunidad de crecimiento económico, entender los flujos migratorios como motor de desarrollo va de la mano con el diseño e implementación de políticas que garanticen su acceso a derechos básicos y, al mismo tiempo, fomenten su integración en las comunidades de acogida.

El debate migratorio en Chile ha estado marcado por posturas polarizadas, donde ha primado la instrumentalización política por sobre la búsqueda de soluciones. La evidencia es clara: si se diseñan políticas públicas basadas en evidencia y bien articuladas, la migración puede transformarse en un motor de desarrollo económico y social.

Es momento de que el Estado chileno, en conjunto con el sector privado y la sociedad civil, adopte una mirada pragmática y basada en experiencias de éxito. Se trata de un reto político ineludible que presenta dos caminos: o seguimos atrapados en una discusión estéril sobre la migración como problema o la convertimos en una oportunidad real para el futuro del país.