El Ejército de Chile no es pusilánime ni está derrotado

Cuando muchos tratamos de buscar puntos de encuentro y reconciliación entre los chilenos, especialmente después de los graves hechos vividos durante y después del estallido social de fines de 2019, existen personas que siguen opinando de situaciones que desconocen o, si las conocen, las omiten, buscando dar fuerza a sus propios razonamientos.

El Ejército de Chile desde su creación fue acertadamente fundado para obedecer a las autoridades políticas legítimamente elegidas por el pueblo chileno y así dar fuerza al Estado, en caso de requerir su empleo ante situaciones gravísimas de orden externo y, también, ante caos interno.

La historia institucional tiene abundantes episodios en los que, habiéndose obedecido órdenes presidenciales y sin cuestionarlas mayormente, trajeron como resultado numerosas muertes de conciudadanos, las que fueron recurrentes a principios del siglo XX, asunto que teníamos muy presente el 2019.

Durante el estallido social la institución, como siempre, estuvo sujeta y fue obediente al Poder Ejecutivo, conforme al ordenamiento constitucional y legal imperante. Las autoridades políticas recibían de parte de los uniformados sus opiniones e inquietudes de lo que estaba ocurriendo.

El Ejército de Chile cumplió lo dispuesto por el Gobierno para el retiro de la estatua del general Manuel Baquedano e hizo los honores de reglamento para tales efectos. La resolución de las autoridades políticas fue prudente y obedeció también a definiciones técnicas por el tiempo que podía demandar su remoción. No hay duda de que la prudencia es una virtud cardinal que se debe tener siempre en consideración.

En los meses y años siguientes hemos conocido que algunas personas eran partidarias de que, durante ese período, las Fuerzas Armadas debieran contener incluso con fuego letal a los manifestantes más violentos.

Cuando no se tienen responsabilidades ante este tipo de hechos es fácil expresarlo y ser muy duro detrás de un micrófono, porque seguramente todas las decisiones que esas personas toman a diario no tienen como consecuencias el que eventualmente se puedan afectar las vidas de otras personas, como sí las tenían los soldados desplegados en el Estado de Emergencia.

Sería bueno que aquellos que piensan de esa manera lo digan con claridad, sin eufemismos: eran partidarios de que durante el estallido social las Fuerzas Armadas hubiesen contenido los desórdenes con el uso de sus fusiles, suponiendo que las numerosas muertes y heridos que se hubiesen producido estarían suficientemente justificadas.

Lo único que pedíamos las Fuerzas Armadas para actuar en esos momentos críticos, lo que se dilató innecesariamente, era que se nos entregara el “marco de acción”, como eran las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para el despliegue, y bajo qué circunstancias se podía hacer uso de fuego letal ante situaciones que podían ser poco claras, para no dejar esa responsabilidad a cada soldado que eventualmente se viera enfrentado a esa decisión y que estuviera desplegado en tareas de orden público.

Algunos en la actualidad, livianamente, levantan la idea de que se retorne el monumento del general Baquedano a su emplazamiento original y que se le asigne el resguardo y protección a la institución a través de la Comandancia de Guarnición del Ejército en Santiago. Esa idea descabellada la pretenden comparar con la misma responsabilidad que tiene la Armada de Chile con el monumento y mausoleo de los héroes del Combate Naval de Iquique, que está frente al cuartel general de dicha institución, y que es un asunto muy distinto.

La plaza Baquedano o plaza Italia está en el epicentro de toda protesta pacífica o violenta que se pueda organizar en Santiago, lo que no ocurre en la plaza Sotomayor en Valparaíso.

¿Se pretende entonces que el Ejército guarnezca la estatua del general Baquedano con 50 o 100 soldados, por dar un número, especialmente ante manifestantes violentos, y que estos respondan con armas de fuego ante las agresiones de piedras que seguramente recibirán, como mínimo?

Esta acción sería un acelerante insospechado de impredecibles consecuencias políticas y sociales, teniendo como resultado que cualquier demanda que haya convocado a manifestarse, a partir de una acción militar de este tipo, se volcaría la atención a la acción de respuesta de los soldados en contra de los civiles involucrados, con los consiguientes efectos judiciales.

Durante el estallido social los integrantes del Ejército de Chile actuaron de manera impecable. Los problemas que se tuvieron fueron solo en las primeras 48 horas, al no tener una vivencia en tareas de orden público desde hace más de 30 años, que fue a fines del gobierno militar. La experiencia en las operaciones de paz en Haití no es para nada equiparable, pues en ese país se contaba con reglas claras y el apoyo total del Gobierno haitiano y de la ONU para actuar incluso con fuego letal ante situaciones extremas.

Tener una opinión sobre la ubicación que se debe dar a la magnífica obra que representa al general Baquedano y a un soldado desconocido está basado en la realidad de lo que se vivió durante largos meses de violencia y no en el voluntarismo y promesas de futuros resguardos que son difíciles de evaluar si se cumplirán.

Los vecinos de esa zona también deben ser escuchados, pues son los más afectados por la violencia vivida. Lamentablemente, con esta polémica instalada en estas semanas en relación con el monumento, no es difícil presagiar que en el futuro será nuevamente atacada, al conocerse las opiniones de unos y otros.

Si se cree que la institución está descompuesta por las investigaciones judiciales que han afectado en los últimos años a algunos de sus miembros, ello está lejos de la realidad, primeramente porque las responsabilidades son individuales, independientemente del grado jerárquico del investigado y, segundo, porque la institución es suficientemente robusta para afrontar cualquier contingencia que le afecte. No en vano nació con la República, a fines de 1810.

Todos los integrantes del Ejército de Chile hacen una gran muestra de vocación profesional sirviendo en todos los rincones del territorio nacional con abnegación y sentido del deber.

El Ejército de Chile ha sido y es una institución que, llegado el momento, empleará todas sus capacidades en la defensa de la soberanía nacional y en el cumplimiento de las leyes que impliquen su despliegue en tareas internas.

Sus integrantes pasados y actuales no merecen ser denostados públicamente. Los comentarios desmedidos no ayudan en nada y solo favorecen a aquellos que todavía pretenden cambiar por la vía violenta el ordenamiento que como sociedad nos hemos dado, en un mundo que cada vez se hace más impredecible y que requerirá de una robusta institución profesional y operativa, a la que algunos todavía pretenden minimizar.

La institución no es pusilánime ni está derrotada.

¡Larga vida al Ejército de Chile!