Sistema penal adolescente: reflexiones y oportunidades tras el fallo de la Corte Interamericana

El pasado 18 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una sentencia, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos respecto de 10 adolescentes privados de libertad en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, quienes fallecieron el año 2007 producto de un incendio ocurrido en el recinto.

Adicionalmente, la Corte determinó que Chile violó derechos asociados a las condiciones de reclusión y la protección judicial de otros 271 adolescentes que permanecían privados de libertad en diversos centros, todos bajo la administración del Sename.

Este pronunciamiento aborda uno de los episodios más oscuros de la historia penitenciaria chilena, como también uno de los mayores obstáculos que enfrentó la entrada en vigencia de Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente en su segundo año, y se constituye como uno de los más relevantes en materia de niños, niñas y adolescentes en estos contextos de vulnerabilidad, desde las sentencias que se pronunciaron contra Guatemala en 1999 (caso Villagrán Morales) y Paraguay en 2004 (caso Instituto de Reeducación del Menor).

Más allá de los lamentables hechos que motivaron recurrir a instancias internacionales, resulta imprescindible reflexionar sobre las obligaciones que el Estado debe cumplir tratándose de adolescentes privados de libertad, como de todos aquellos en contacto con el sistema penal. En este punto, la Corte es clara en señalar que, en el caso de las personas privadas de libertad, el Estado “está en una posición especial de garante” y que, tratándose de niños, niñas y adolescentes, esta posición debe reforzarse.

¿Qué significa esto? Que respecto de menores de edad el Estado debe actuar con mayor cuidado y responsabilidad, adoptando medidas consistentes con los fines de la sanción penal, los cuales no son otros que la efectiva reinserción y el desistimiento delictual. Por lo tanto, cuando en este contexto se producen inobservancias en los deberes de cuidado, en las condiciones de los centros, o en la garantía del acceso a la justicia, el nivel de reproche para el Estado es considerablemente mayor.

En base a esta reflexión, la Corte recuerda que un sistema penal juvenil no puede ser estrictamente punitivo, sino que debe avanzar en mecanismos que permitan, por una parte, aplicar la ley vigente y, por otra, contar con estrategias que hagan posible que los y las adolescentes puedan ejercer sus derechos y reincorporarse a la sociedad.

En efecto, diversos estudios demuestran que esto último es más fácil y menos costoso, a diferencia de lo que ocurre con los adultos. Y el punto inicial para lograr esta reinserción efectiva es brindando condiciones de privación de libertad basadas en la dignidad y el buen trato.

Por ello, este fallo no solo debe producir lamentos, sino que debe considerarse como una oportunidad para ejecutar reales medidas que permitan mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad, garantizar la protección judicial y administrativa de los adolescentes en conflicto con la ley y lograr la efectiva reinserción social.

En este desafío, resulta positiva la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (que consagra la protección reforzada de los adolescentes en conflicto con la ley) y el actual proceso de instalación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

En momentos en que la participación de adolescentes en delitos es una de las principales preocupaciones en el país, este fallo viene a establecer un marco mínimo de acción, que permitirá abordar el alza en las cifras, pero, lo más importante, su cumplimiento permitirá prevenir que vuelvan a ocurrir hechos tan dolorosos como los vividos en Puerto Montt.