Las variables de la gobernabilidad

Está en el debate el tema de la gobernabilidad, vinculado al sistema político. Uno de los aspectos discutidos en torno a ello es cómo lograr un sistema electoral que permita a quien obtenga el gobierno tener mayoría parlamentaria para asegurar el apoyo necesario para cumplir su programa.

Me permito observar que este aspecto, más allá de las virtudes que pueda tener el objetivo así planteado, implica riesgos para el funcionamiento de un sistema democrático que entre sus elementos contempla un adecuado balance de poder y el respeto a las minorías, que en una perspectiva de alternancia en el poder también tienen derecho a que sus posiciones sean consideradas por el gobierno de turno. Estamos observando en la práctica ejemplos de gobernantes que, por su estilo autoritario, al concentrar el control del ejecutivo y el legislativo, hacen caso omiso a partir de ello de principios y normas esenciales del sistema democrático.

Si nos colocamos en una perspectiva de buen funcionamiento del sistema político democrático, particularmente en un tipo de gobierno presidencialista como el chileno, que el gobierno no tenga mayoría no debiera ser un obstáculo de gobernabilidad en la medida que se cumplan algunas condiciones en la actuación de los actores políticos, en especial de quienes integran el parlamento, de los partidos políticos, y, por cierto, del propio gobernante y sus colaboradores.

Se podrá criticar de ingenuidad que se plantee la exigencia a la oposición de no mirar el fracaso del gobierno como un factor esencial para posesionarse en perspectiva de la próxima elección presidencial. Esa crítica y riesgo se desvanece si la discusión política logra tener una densidad que, de cara a la ciudadanía, conecte con sus necesidades y sea transmitida seriamente, posibilitando el rechazo a las conductas obstruccionistas.

Otro factor esencial es el buen funcionamiento de las instituciones. En este aspecto no basta el argumento de actuación dentro del marco de las atribuciones que confieren la constitución y las leyes. La exigencia conlleva que dichas atribuciones se ejerzan con adecuado criterio y fundamentos política, jurídicamente sólidos en la forma y fondo. Estas facultades no pueden ser banalizadas, porque si así ocurre se debilitan en su esencia. Un ejemplo en este sentido lo muestra el recurso reiterado a las acusaciones constitucionales. Esto también es aplicable a la exigencia de un adecuado ejercicio de las facultades del Presidente de la República y sus colaboradores.

Los avances más permanentes que ha logrado Chile han sido fruto de acuerdos y consensos bien estructurados. Las medidas impuestas han sido fruto de la dictadura o de mayorías precarias. Es efectivo, además, que las políticas públicas impuestas en una realidad de facto ha costado mucho desmontarlas y, algunas, solo parcialmente. Como consecuencia, están permanentemente cuestionadas y generan intranquilidad.

Lograr un sistema político idóneo para el desarrollo del Estado precisa que quienes participen en el ejercicio del poder, sea en el ejecutivo, en el legislativo o en la aplicación de justicia, lo hagan con idoneidad.

Para los cargos de elección popular los partidos políticos tienen la particular responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía un elenco de personas que aseguren un comportamiento leal y eficiente en la labor para la cual son postulados, analizando su trayectoria, formación y conducta. Es evidente que quien prioriza el individualismo por sobre la acción colectiva y de cooperación está en dificultades para asumir las exigencias propias de la función pública y, posiblemente, va a constituir un obstáculo para construir acuerdos, al colocar como primer objetivo su propio protagonismo y objetivos personales. Además, va a ser una fuente de agudización de la fragmentación política.

La gobernabilidad se facilita en la medida que las posiciones no se polaricen y exista respeto entre los intervinientes. La descalificación, el trato soez, las estridencias en las conductas y en el leguaje solo traen debilitamiento de las instituciones y sus componentes. Un estado de derecho, base de un sistema democrático, obliga al respeto de los principios y normas. Los conductores del Estado deben dar ejemplo en ello, cuando esto no ocurre se pone en riesgo la convivencia entre las personas y los Estados.

A partir de los próximos meses estaremos abocados en nuestro país a un proceso electoral destinado a elegir las principales autoridades del país. Es momento para que reflexionemos acerca de la responsabilidad que implica determinar quiénes tienen las condiciones idóneas para desempeñar dichos cargos. El ejercicio de la soberanía popular es un derecho y a la vez una responsabilidad.