Derechos en la mira: fortalecer la institucionalidad LGBTIQ+ ante la amenaza de retrocesos

En marzo comienza la recta final del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y, con ello, se inicia la carrera presidencial. Así las cosas, en marzo de 2026 recibiremos a un nuevo Presidente o Presidenta, lo que podría generar incertidumbre acerca de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y otros grupos históricamente marginados. 

Pensar en la amenaza de retrocesos ante un nuevo periodo presidencial en Chile no resulta descabellado, basta observar el alarmante escenario político global que estamos atravesando. 

Por una parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado múltiples órdenes ejecutivas que atacan los derechos de las personas trans: en cuanto a sus documentos de identidad, su seguridad en recintos penitenciarios, y su participación en espacios que van desde el deporte a las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, el mandatario Milei persigue modificar la primera ley de identidad de género en el mundo, en detrimento de juventudes e infancias trans. Además, hemos observado con profundo dolor las consecuencias concretas de sus constantes discursos de odio, al conocer de los graves ataques en contra de mujeres lesbianas en distintas provincias de Argentina ocurridos últimamente.

Estos severos retrocesos no solo han afectado a colectivos LGBTIQ+, sino también a otros grupos históricamente marginados. Un ejemplo de ello es el caso de las mujeres, quienes han visto sus derechos sexuales y reproductivos gravemente restringidos en Estados Unidos, donde Donald Trump ha impuesto nuevas limitaciones al aborto mediante decretos que recortan financiamiento, restauran políticas restrictivas y refuerzan alianzas internacionales contra estos derechos.

Mientras, en el país trasandino, Milei busca eliminar la figura del femicidio del Código Penal, desconociendo la expresión más extrema de violencia en contra de las mujeres. Me pregunto: ¿qué medidas serían capaces de tomar estos mandatarios si no existiese toda esta institucionalidad protectora? 

En ese sentido, en Chile resulta clave alcanzar la reforma a la Ley Antidiscriminación este año, la cual protege a diversos grupos que se han visto desposeídos de sus derechos bajo actuales gobiernos de ultraderecha. Esta reforma es esencial, pues dentro de sus principales ejes persigue mejorar el acceso a la justicia para estos grupos, además de establecer una institucionalidad que prevenga la discriminación, lo que no contempla la norma vigente. 

También, es un hecho de público conocimiento el desbordado ataque que estos sectores ejercen en contra de los derechos de las personas trans, especialmente menores de edad. Sobre este aspecto, es fundamental que el Ministerio de Salud publique los lineamientos técnicos sobre los tratamientos hormonales dirigidos a menores de edad –tal como lo hizo Francia en 2024–, derogando la Circular N° 7 que difiere nuevos ingresos a estos tratamientos desde junio del año pasado.

En el contexto de un Gobierno que ha sostenido un compromiso con la diversidad sexual y de género, resulta imperativo fortalecer la institucionalidad que reconoce y protege los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Lo anterior es de especial relevancia en circunstancias en que existe una posibilidad cierta de que sectores de ultraderecha, afines a Trump y Milei en estas materias, formen parte del Poder Ejecutivo a partir del próximo año. Recibir un Gobierno de estas características desprotegidos, facilitará eventuales retrocesos intolerables en una sociedad democrática de derecho.