La expansión de la extorsión como herramienta de control criminal en Chile

La transformación histórica de la atmósfera criminal en América Latina trasciende las fronteras y golpea con especial dureza a los países que subestimaron el fenómeno o se creían inmunes. Chile es uno de esos casos, como lo evidencian dramáticamente los diagnósticos iniciales y las declaraciones de algunas autoridades hace solo un par de años.

Los cambios en la morfología como en la operatividad del panorama criminal abarcan desde la delincuencia común hasta el crimen organizado. La particularidad chilena radica en la convergencia entre bandas locales en el proceso de profesionalización y el aprendizaje de organizaciones transnacionales que replican modus operandi probados en otros contextos latinoamericanos.

Esta interacción crea una sinergia criminal que desafía los marcos institucionales tradicionales y configura un escenario dinámico, caracterizado por frágiles alianzas funcionales, equilibrios inestables y rivalidades constantes que se traducen en episodios de violencia irracional y simbólica, donde los conflictos no solo responden a disputas económicas o territoriales, sino también a la necesidad de reafirmar poder y control en un entorno criminal en permanente transformación.

Esta evolución criminal no solo involucra a los grupos y sus métodos, sino también a los mercados ilícitos. Como se advirtió en un reportaje de este mismo medio hace casi un año, la extorsión ha emergido como un componente clave de la nueva ola criminal, consolidándose como un mercado primario en expansión y una fuente fundamental de ingresos para diversas estructuras delictivas.

Solo en Perú, según datos del Anuario Estadístico Policial, las denuncias por extorsión pasaron de 3,283 en 2021 a 11,224 en 2022. En Ecuador, la extorsión se convirtió en el delito con mayor número de denuncias a nivel nacional, con 21,811 registros en 2023, según datos de la Fiscalía General del Estado, lo que representa un incremento del 364 % en solo un año. En ese país, 3 de cada 10 empresas son extorsionadas y, al igual que en buena parte de la región, muchas de ellas contabilizan los pagos como un gasto en “seguridad”.

Chile, un país donde la extorsión no formaba parte del portafolio tradicional de la delincuencia, está experimentando una transformación y avance de este fenómeno. Comprender cómo se llega a la extorsión es clave para entender por qué el panorama criminal en Chile podría cambiar en pocos años, asemejándose cada vez más a lo que ocurre en otros países de la región.

Un modelo criminal rentable

La extorsión es una actividad ilícita que busca obtener beneficios de cualquier naturaleza mediante la generación de temor, angustia o sensación de urgencia en la víctima. Esto se logra a través de amenazas contra su integridad física, la de su entorno familiar o sus bienes y patrimonio. Estas amenazas, ya sean potenciales, creíbles o ejecutables, son utilizadas por los extorsionadores como mecanismos de coerción e intimidación.

El objetivo de la extorsión es forzar a las víctimas a actuar o dejar de hacer algo en contra de su voluntad o libertad, otorgando al extorsionador no solo un beneficio económico, sino también otras ventajas. La extorsión no monetaria ocurre en múltiples contextos, en los cuales las exigencias pueden incluir diversos servicios, como el almacenamiento de drogas, el lavado de ganancias ilegales, la venta de productos falsificados en tiendas extorsionadas, la creación de cuentas bancarias o empresas de fachada, el ofrecimiento de renta gratuita o empleos falsos para miembros de estructuras criminales, la usurpación de la identidad del extorsionado o la entrega de información privilegiada. Esta última puede provenir de personas con acceso estratégico, como guardias de seguridad, porteros, conductores y asistentes de ejecutivos o directivos.

Ya no se trata de una extorsión focalizada en ciertos puntos y regiones, como en Centroamérica, Colombia, Ecuador o Perú. Es un fenómeno directamente vinculado a la lógica de funcionalidad y operatividad de las estructuras criminales, que busca la obtención segura y fija de recursos, los cuales se destinan principalmente a financiar la organización, cubrir sus gastos operativos (sueldos) y aumentar el número de integrantes para fortalecerse en momentos de expansión territorial, pugnas internas, enfrentamientos con otras estructuras criminales o conflictos con el Estado.

Esto les permite invertir en armas, bienes y drogas al por mayor, que luego pueden vender o distribuir, ya sea de forma directa o indirecta, en zonas bajo su control. Además, pueden reinvertir o lavar sus ganancias ilícitas a través de negocios legales propios o controlados, generando una verdadera economía circular con una cadena de valor criminal de sorprendente eficiencia.

Por ello, aunque parezca poco creíble, es cada vez más común la subdivisión de estas tareas, con oficinas de cobro distintas a los actores de amedrentamiento, captadores de información previa a la extorsión, compradores de datos útiles para la selección de blancos e incluso encargados de relaciones públicas dentro de la organización criminal, quienes intervienen cuando es necesario negociar con grandes empresas.

Sin embargo, lo que convierte a la extorsión en una práctica criminal rentable es su alto nivel de invisibilidad. En Ecuador el 2023, por ejemplo, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el 70 % de las víctimas de extorsión no la denunció, principalmente por desconfianza en las instituciones. Este factor es clave al analizar el fenómeno exclusivamente a través de los datos, ya que su verdadera magnitud y dinámica difícilmente pueden comprenderse sin un trabajo de campo en los territorios donde esta práctica criminal se lleva a cabo.

Por ello, la extorsión se convierte en una fuente inmediata y permanente de recursos a bajo riesgo para la criminalidad, especialmente en contextos de crisis de otros mercados, como el narcotráfico, en escenarios de disputa por el control territorial o bajo una presión significativa de las fuerzas policiales y la justicia.

 Las víctimas

La extorsión es un fenómeno que puede afectar tanto a individuos como a comunidades enteras, sin distinción. En una zona de Guayaquil, por ejemplo, cada vivienda debe pagar una cuota diaria de cinco dólares, además de otras extorsiones impuestas sobre las mismas personas. Las víctimas pueden ser seleccionadas de manera meticulosa o al azar, pero el resultado es el mismo: una vida marcada por el miedo y la coerción.

Las víctimas son sometidas a amenazas constantes sustentadas en el abuso de poder, la certeza de que no denunciarán, el amedrentamiento, el daño psicológico, las pérdidas financieras y la vulneración de sus derechos fundamentales. En los casos más extremos, la extorsión puede derivar en lesiones físicas, secuestros y la muerte de la víctima o su entorno cercano.

Entre los principales afectados se encuentran quienes viven en zonas controladas por estructuras criminales, migrantes en condiciones de vulnerabilidad, pequeños y medianos comerciantes, trabajadores independientes, conductores de empresas de transporte y empleados de sectores como la producción, el comercio, los servicios y la banca.

También son blanco de estas prácticas las empresas multinacionales y distribuidoras que deben operar en territorios dominados por el crimen organizado. Además, la extorsión no distingue condición ni entorno. Afecta a personas privadas de libertad y a sus familias, a trabajadoras sexuales y, en el caso de la sextorsión, a hombres y mujeres que utilizan redes sociales.

Los extorsionadores

Quienes ejercen esta actividad criminal pueden pertenecer a estructuras conocidas de “marcas criminales” consolidadas, que mantienen efectiva presencia y control territorial con afinidades delictivas establecidas. Estas mismas redes también pueden realizar actividades de extorsión intrapenitenciaria (dentro de recintos carcelarios) al mantener supremacía o control violento de ellos.

Asimismo, pueden ser grupos delictuales amparados, apoyados o protegidos por miembros corruptos de las fuerzas de seguridad o penitenciarias, los cuales se benefician de la actividad extorsiva sin participar directa o activamente en ella.

También pueden ser estructuras corruptas integradas por miembros de fuerzas policiales, de seguridad o funcionarios públicos con influencias o funciones legales sobre un territorio, quienes realizan la actividad extorsiva a cambio de no realizar sus obligaciones legales o de “protección”.  En el universo extorsivo es común encontrar a imitadores y usurpadores de marca, delincuentes que, agrupados o de forma individual, se dedican a la actividad extorsiva, sin formar parte de estructuras conocidas, fingen ser integrantes de ellas o actuar en su nombre, aprovechando el temor que genera la estructura criminal original.

Chile 

La extorsión como mercado criminal emergente se ha visto potenciada por inusuales oleadas migratorias, fenómenos de guetificación, desconfianza en las autoridades y la retracción del Estado en los territorios, facilitando el control criminal de barrios y zonas, todo ello muy amplificado desde procesos de inestabilidad social y el inicio de la pandemia de COVID.

Es cada vez más frecuente leer en los medios sobre la extorsión y las actividades de organizaciones criminales como Los Pulpos y La Jauría, originarios del Perú, Los Espartanos de Colombia y el propio Tren de Aragua, quienes operan la extorsión de manera profusa y silenciosa en el país.

En la capital, especialmente en el eje Santiago Centro-Independencia-Recoleta, se registran múltiples casos de extorsión, aunque muchos no son denunciados. Este triángulo, que ya se ha convertido en una “multi plaza criminal”, coincide con la ubicación de múltiples casas tomadas, las cuales se han identificado como centros operativos de bandas en 2024. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Arica, Antofagasta, Talcahuano, Concepción y Puerto Montt, entre otros, donde la presencia de estas redes criminales está marcando un patrón creciente.

Nuestra legislación tipifica la extorsión en el artículo 438 del Código Penal, estableciendo penas de 5 años y 1 día hasta 20 años de prisión para quien “constriña a otro con violencia o intimidación” con el fin de obtener beneficios patrimoniales. Esta norma presupone que la persona o el grupo afectado condena y rechaza la práctica de este delito.

Sin embargo, en la realidad, bajo ciertas condiciones -bastante comunes-, la extorsión permite a las organizaciones criminales instaurar un “Estado paralelo”, asumido por las víctimas mediante la combinación de miedo y resignación, en la que la estructura criminal puede obtener información, generar aceptación y ejercer control sobre el tejido social. En muchos casos, la actividad extorsiva se convierte en un mecanismo mediante el cual el crimen organizado ofrece la “seguridad” y los servicios que el Estado no garantiza.

Por ello, podemos preguntarnos cómo se combate este fenómeno en un asentamiento precario repleto de migrantes irregulares, donde el Estado es percibido tan peligroso como la criminalidad, o en un sistema penitenciario donde la gobernanza criminal impera día y noche. Probablemente, en Chile ni siquiera dimensionemos el nivel de extensión de las practicas extorsivas en ese tipo de contextos.

En investigaciones de campo realizadas en la región, donde hemos visitado poblaciones vulnerables y entrevistado a víctimas, la extorsión aparece como una práctica ampliamente normalizada. Como consecuencia, no suele ser una prioridad para las autoridades.

Predomina la lógica de que, al no haber denuncia, el delito simplemente “no existe”, lo que refuerza la impunidad y permite que esta dinámica criminal se expanda sin mayor resistencia institucional.

En el caso de nuestro país, al tratarse de un delito relativamente nuevo, es probable que su tipificación inicial se diluya en figuras como la amenaza simple, la amenaza condicionada o como “otros hechos”, reduciendo significativamente las posibilidades de que sea investigado y sancionado de manera efectiva.

Actualmente, la actividad extorsiva generalizada se incrementa de manera silente, veloz e impredecible en gran parte de la región, incluyendo países en los que no era un fenómeno tan conocido y que carecen de mecanismos adecuados de prevención, control, investigación o herramientas jurídicas de sanción. En varios casos, se observa cómo estructuras criminales extranjeras han desplazado a los delincuentes locales, algo sorprendente e inusual, que ha sido apoyado por factores como la no denuncia, una débil resiliencia estatal y una desconfianza en las autoridades. Así, la extorsión ha dejado de ser un delito marginal en Chile.

Cuando el crimen organiza la vida cotidiana de las personas y el Estado se ausenta, la impunidad no solo crece, sino que se normaliza, convirtiendo prácticas como la extorsión en un mecanismo de poder y control sobre el que ya no se puede cerrar los ojos.

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