La estrechez fiscal de Chile es un problema para este año y los próximos

El manejo fiscal, penosamente, está en controversia en Chile. En 2024 el presupuesto del sector público terminó con déficits muy superiores a las metas originalmente planteadas, lo que empeora la situación fiscal de 2025. El déficit estructural fue de -3,2%% del PIB, superior en 1,3 puntos porcentuales del PIB respecto de la meta 2024 (-1,9%). El déficit efectivo llegó a -2,9% del PIB, mayor en 1,2 puntos porcentuales del PIB respecto de la meta.

La situación se complica más porque, a la vez, se observa que la economía chilena presenta dificultades para controlar la inflación de precios, ya que estamos rondando el 5% anualizada (4,9% en enero de 2025), sin una clara perspectiva de que disminuya significativamente este año.

Tampoco se han podido lograr altos niveles de crecimiento, pues el PIB creció en 2,4% en 2024 y se estiman niveles similares o menores para 2025, lo que no permite reducir las tasas de desempleo (seguimos alrededor de 8,2%). Esta situación significa grandes dificultades para captar ingresos fiscales, avanzar en la resolución de las necesidades de seguridad ciudadana y de los urgentes problemas sociales pendientes en salud, vivienda y educación.

Hacienda se ha comprometido a reducir en 2025 los altos déficits fiscales observados en 2024, estableciendo metas de 1,6% del PIB para el déficit estructural de 2025 y de 1,7% del PIB para el déficit efectivo.

El año pasado, los ingresos fiscales por impuestos fueron menores a los estimados (en $2.852.533 millones, 4,1% del total), obligando al Estado a endeudarse para financiar los gastos comprometidos presupuestariamente.

En la discusión parlamentaria del Presupuesto para 2025 se alcanzó un acuerdo político Gobierno/oposición para que durante el año Hacienda realice una rebaja en el gasto fiscal de 635 millones de dólares (0,2% del PIB), que le permita cumplir las metas de reducción del alto nivel del déficit fiscal alcanzado en 2024.

Sin embargo, estimaciones recientes indican que, si se quieren lograr las metas fiscales para este año, las rebajas de gastos requieren un ajuste adicional del orden de 1,5 millones de dólares (0,5% del PIB). Se trata de una situación difícil de conseguir sin un acuerdo político amplio que la facilite, el que, en un año electoral con elección presidencial, se torna aún más complicado de alcanzar.

En relación con los recursos del litio (generados como excedente de los ingresos extraordinarios del litio, por altos precios que seguramente no se repetirán) y que Corfo traspasó en 2022 y 2023 al Tesoro Público, por necesidades fiscales y para gastos corrientes (3.400 billones de pesos de los 5.400 disponibles) solo se puede decir que, si bien es un hecho legal, en el fondo constituye una suerte de desahorro, contradiciendo el destino que se había prometido originalmente para ellos: inversión y crecimiento económico.

La política fiscal chilena enfrentará una estrechez adicional, que se manifestará a futuro por el alto endeudamiento fiscal que se ha venido generando y que, a 2024, alcanzó a 42,3% del PIB, a lo que se agrega la poca holgura que se tendrá para los pagos de intereses de esta deuda. Se ha estimado que en los próximos cinco años se deberán pagar montos anuales que van de $3.867.058 millones en 2025 hasta $4.717.415 millones en 2029, lo que limitará las posibilidades de aumento del gasto fiscal a futuro.

Luego, en este contexto de estrechez fiscal, las promesas electorales de la próxima elección presidencial deberán precisar cómo se financiarán estas y cómo se mantendrá el balance fiscal, mientras se logra crecer y resolver los problemas urgentes de la sociedad chilena.