Ventana para un acuerdo en educación

El acuerdo alcanzado en el Congreso respecto a las pensiones es un hecho político difícil de clasificar. Cuesta procesarlo: no es claro quiénes son los ganadores y los perdedores, no hay buenos ni malos. Ocurre que estamos (mal) acostumbrados a esa clave de interpretación, por lo que nos cuesta evaluar racionalmente los hechos.

Basta ver la reacción al apagón del 25 de febrero: la obsesión por buscar culpables (para tildarlos de malos), victimizarse (para ser parte de los buenos) y apedrear en la plaza pública es superior a la necesaria reflexión sobre la vulnerabilidad del país que habitamos, cómo nos damos cuenta de ella y qué se puede hacer a futuro para reducirla. El Gobierno, guste o no, es el que termina por orientar a la opinión pública y a la política hacia una u otra alternativa.

¿Cuál de las dos lógicas prevalecerá en educación? Veamos dos ejemplos, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Tras aceptar que la promesa electoral de condonación universal de las deudas educativas era imposible, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que condona parcialmente el CAE, reprograma sus deudas y lo reemplaza por un nuevo instrumento llamado FES.

De la discusión parlamentaria hay dos cosas que se pueden sacar en limpio: 1) hay voluntad de legislar al respecto y 2) el instrumento FES tiene deficiencias graves: está diseñado como un impuesto a los graduados beneficiados que obliga a la clase media a subsidiar una gratuidad universal, al mismo tiempo que desfinancia a las universidades de mayor calidad y estatiza el control del sistema.

En Acción Educar hemos calculado que el efecto del FES sobre las maltrechas arcas fiscales podría llegar a 9 mil millones de dólares en diez años. Las estimaciones sobre el impacto del FES sobre las universidades varían de 500 a 1.300 millones de dólares anuales. 

La vía del acuerdo es relativamente simple: recoger y mejorar la propuesta de reprogramación de las deudas del CAE que el Gobierno puso sobre la mesa y rechazar el FES. Esta fórmula permite que el Ejecutivo cumpla su promesa política de condonación en un año electoral, reduce la morosidad –lo que bajará el gasto público que deriva de la operación del CAE– y libera recursos para otras necesidades más urgentes en educación, como, por ejemplo, la deserción escolar y la inasistencia a clases. La vía de la polarización puede llevar al rechazo del proyecto y a un nuevo aumento de la morosidad.

Respecto al SAE, el contexto es algo distinto. En la tramitación de la Ley de Presupuestos, el Ministerio de Educación fue forzado por el Senado a abrir una ventana de negociación respecto al sistema de admisión, tras una jugada valiente pero arrojada de la Cámara de Diputados, que suspendía el sistema por un año.

Si bien la discusión es muy confusa, el punto en cuestión es la consideración del mérito académico y el proyecto educativo de cada colegio en la admisión. Se acordó la formación de una mesa de expertos para sugerir al ministerio y al Congreso alternativas de mejora, que conocerán pronto. 

Si el camino que se toma es el de la polarización, el Gobierno se arriesga a que en la próxima discusión presupuestaria no vuelva a contar con el salvavidas del Senado y el sistema de admisión termine cortado de cuajo, como estuvo a punto de pasar. Un acuerdo, por otra parte, debiera partir por reconocer que el debate sobre el mérito es necesario y la selección, cuando no es discriminación arbitraria, es legítima.

Una solución simple y realista es que se permita a los colegios administrar un porcentaje de sus cupos autónomamente, antes de la operación del SAE, para seleccionar por mérito o proyecto educativo, y que el sistema opere sobre los cupos restantes, que serán la mayoría.

¿Qué tienen en común ambos casos? Desde la perspectiva política, nadie queda satisfecho, pero es claro que los extremos se beneficiarán más de la polarización, y el Gobierno, aunque deba renunciar a agendas que le son caras, ganará más con los acuerdos.

Desde la perspectiva educativa, estos acuerdos no son ninguna panacea, pero permitirían que el sistema educacional resuelva escollos que tienen bloqueado el debate hace décadas. La experiencia dice que la proximidad de las elecciones presidenciales hace esto muy difícil. Pero es fundamental empezar el año con optimismo.