Hacia un nuevo paradigma en la gestión de los incendios forestales en Chile

Durante este verano 2024-2025, hemos asistido a una temporada absolutamente típica en materia de incendios forestales. La Región de Valparaíso, dramáticamente afectada el año anterior, prácticamente no tuvo incendios forestales. En general, esto último pasa siempre en una región que tuvo alta afectación en un año: al siguiente es un año calmo. Esto ocurre por diversos motivos, que van desde el verdadero cuidado de los ciudadanos por sus ecosistemas hasta la mayor vigilancia policial. 

Por el contrario, la enorme concentración de eventos en la Región de La Araucanía habla de un territorio con relativa ausencia del Estado, donde este no aparece sino para combatir los incendios y donde grupos con diversos intereses, desde económicos (zonas de control territorial para actividades ilícitas) hasta políticos (reivindicaciones territoriales) ponen en duda la soberanía del Estado chileno y no dudan en convertirse en agentes directos de inicio de focos que devienen incendios forestales rápidamente.

El Estado de Chile posee un problema sin resolver en esta hermosa región y el enorme aumento de los incendios forestales no es más que un indicador de esa realidad. 

De igual manera, se encuentra en tramitación una ley llamada de prevención de incendios forestales que evidentemente no ayudará a prevenirlos y que, de aprobarse como está presentada, llevaría a la Conaf a acentuar el rol de sheriff, teniendo que multar a diestra y siniestra a quienes no cumplen con las obligaciones que significan gastos que, muchas veces, los predios no pueden erogar. 

Finalmente, constatamos que la ventaja de estar en el hemisferio sur para contar con material y recursos humanos especializados en combate de incendios, aprovechando la contratemporada del hemisferio norte, irá dramáticamente desapareciendo debido a la reciente experiencia de los desastrosos incendios invernales de California.

Simplemente los países que antes desocupaban las aeronaves en el invierno boreal, las mantendrán en condición de alerta durante todo el año. Esto último es, por lejos, de la máxima gravedad, ya que la columna vertebral del combate de los incendios forestales en Chile es el uso de aeronaves especializadas (air tractor y helicópteros), las que estarán crecientemente no disponibles en el futuro próximo.

¿Qué hacer entonces?

Analicemos algunos antecedentes antes de intentar responder esta enorme pregunta. Hasta el 19 de febrero del año 2025, constatamos que hemos tenido más incendios forestales que el año anterior a la misma fecha y menos superficie afectada. Este resultado pone en evidencia que el Estado de Chile se ha especializado en combatir los incendios una vez que estos se desencadenan (sabemos que Chile posee calidad mundial en esta materia), pero no se esfuerza en prevenirlos.

Tener más y más incendios forestales es un indicador de que el país posee calidad de amateur en prevención. Seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante 50 años en materia de incendios forestales.

El Estado de Chile invierte nominalmente unos 130 millones de dólares al año en combatir los incendios y solo el 5% de esa cifra en prevenirlos. Usamos el concepto de inversión porque, si no lo hiciera, las pérdidas que se producirían en materia de infraestructura, vegetación y vidas humanas serían incalculables y constituiría un abandono de servicio hacia la sociedad. Paradójicamente, ningún ministro de Hacienda parece enterado de que, según fuentes internacionales especializadas, tales como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, cada dólar bien invertido en prevenir incendios forestales podría llegar a ahorrar decenas de dólares en el combate y reconstrucción. 

Bueno, esa es la respuesta a la pregunta que encabeza estas líneas. Se debe bien invertir los recursos, pero ya no en el combate sino en la prevención de los incendios forestales, para lo cual se requiere que construyamos como sociedad un nuevo paradigma en materia de gestión de los mismos. Hay tres grandes esferas de acción en materia de prevención, que son los componentes esenciales de este nuevo paradigma, veamos:

Acción directa del Estado en la interfaz urbano-rural

La mitad de los incendios forestales en Chile se originan (dolosa o accidentalmente) en las zonas llamadas de interfaz entre las ciudades, pueblos o villorrios y los ecosistemas con vegetación natural (bosques y matorrales) o plantada (plantaciones forestales, viñedos, huertos frutícolas, campos cerealeros entre otros).

Al día de hoy, el Estado a través de los extensionistas prevencionistas, como lo han hecho los últimos 20 años, entrega folletos que orientan a la comunidad y advierten que es muy malo hacer fuego en verano; hacen charlas de capacitación a pobladores casi siempre de avanzada edad; envía a Forestín a los peajes a repartir volantes y la Conaf desarrolla planes de prevención de incendios forestales comunales que pone a disposición de los municipios. Sin duda, el Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la Conaf utiliza eficientemente su escaso 5% del Presupuesto. 

Evidentemente, la acción directa sobre la interfaz, uno de los tres pilares del nuevo paradigma, no debe seguir haciendo eso por nada del mundo. El Estado debe actuar directamente utilizando brigadas especializadas que no deben ser desmovilizadas en abril, que es cuando termina la temporada de apagar incendios y comienza aquella de prevenirlos.

Esas brigadas deben ser la fuerza de trabajo de la prevención, aquella que se relaciona con las comunidades que viven en los territorios a través de sus organizaciones funcionales, tales como juntas de vecinos y clubes deportivos; en coordinación con los municipios correspondientes, estas organizaciones deben conformar cuadrillas de trabajo para despejar las zonas de interfaz de vegetación, puesto que constituyen focos de incendios; estas zonas son, por ejemplo, microbasurales, restos de construcción, rucos y asentamientos precarios, chatarras u otros elementos. 

Esas cuadrillas deben dirigir y realizar los cortafuegos entre los centros poblados y los ecosistemas forestales, para lo cual deberán contar con maquinaria pesada. Es vital considerar que el trabajo deberá ser en conjunto con la población rural. Con las organizaciones y las empresas rurales se debe desarrollar un programa de autodefensa del fuego llamado ataque rápido.

Los APR en los pueblos, las empresas de áridos, fabricas de ladrillos entre otras, deben capacitarse en el uso de maquinaria básica de extinción de focos de fuego de manera rápida, antes que los sistemas de emergencia operen. 

Todo lo anteriormente expuesto debe ser sufragado con presupuesto de la Conaf, de su gerencia de incendios que deberá destinar crecientemente recursos para pasar del 5 al 50% del presupuesto anual en actividades de prevención. No se puede continuar suponiendo, como ocurre actualmente, que será otra entidad enteléquica la que hará las inversiones necesarias en prevención.

No puede seguir la Conaf sugiriendo a los municipios, entidades desbordadas por las diversas demandas ciudadanas, que financien la prevención en la interfaz como si se tratara de una entidad consultora que solo sugiere. Tal como el Estado invierte en controlar los incendios, debe invertir en prevenirlos. Esto es en realidad un verdadero ahorro, porque luego no tendrá que gastar en apagarlos, ya que los evitará.   

Subsidios a las obras de prevención en las propiedades y comunidades rurales

Todos quienes somos profesionales del agro sabemos que los propietarios quisieran proteger sus predios del fuego y que esto se asume como un gasto y no como una inversión por falta de liquidez. Todos los predios rurales debieran poseer obras de prevención contra el fuego.

Para esto, se requiere construir el segundo pilar del nuevo paradigma mediante el fomento de la prevención rural con instrumentos financieros que subsidien los cortafuegos y su mantención, tanto a predios forestales como agrícolas y frutícolas, que también se queman.

Además, se deberían subsidiar las primas de los seguros contra incendios en predios forestales, agrícolas de cultivos anuales y plurianuales como los frutales, ya que el costo de los mismos son una barrera de no utilización de este tipo de instrumentos. 

Existe un conjunto de acciones que se deben desarrollar en los predios rurales para disminuir el riesgo de propagación de los incendios, como es la eliminación del combustible bajo la figura de desechos de cosechas agrícolas y forestales, actividades que deberían ser financiadas por el Estado para asegurar que las labores se ejecuten en la realidad. La Conaf posee experiencia en la gestión de subsidios rurales y puede perfectamente administrar los subsidios de prevención de incendios forestales. 

La propuesta de ley de incendios actualmente en el Congreso nacional es bien generosa en proponer multas a los propietarios que incumplen las medidas de prevención. El Estado con garrote es simplemente más de lo mismo y forma parte de lo que ya no se debe seguir haciendo. Aquí se requiere un Estado de fomento, no de castigo. 

La predicción y la inteligencia en prevención de incendios forestales

Es bien conocido que la IA puede predecir, en los seres humanos, aquello que es repetitivo, ya que las personas generan patrones previsibles de comportamiento. Con un cúmulo de mas de 150 mil datos en 30 años de observación de incendios forestales, se puede saber con alto grado de certeza cuándo, a qué hora y dónde hay mayor probabilidad de inicio de un foco de fuego por personas negligentes o criminales.

Si esa predicción se suma a una labor de inteligencia activa con las policías que implique vigilancia focalizada, se evitará la producción de focos y habrá menos incendios forestales (e incluso cero), constituyéndose así en el tercer pilar del nuevo paradigma del manejo de los incendios forestales en Chile. 

A escala regional, y posteriormente comunal, se aplicó, este verano, este mismo principio llevado a un extremo. Al aplicar toque de queda en la Región de La Araucanía y luego a comunas dentro de la misma, el Gobierno de Chile usó información de inteligencia y aumentó la vigilancia disuasiva. Con esta restricción, simplemente se terminaron los incendios y se levantó la medida.

Evidentemente, no es posible decretar toque de queda desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos desde noviembre a marzo todos los años sin lesionar de muerte al Estado de derecho. Por ello, el concepto de la inteligencia se debe utilizar ahora con precisión quirúrgica en materia de disuasión hacia personas que por diversos motivos están dispuestas a correr el riesgo de iniciar focos de incendios.

En materia de incendios forestales el país está frente a una nueva encrucijada, que nos ha puesto el cambio climático representado por los incendios invernales de California; por ello, estamos obligados a innovar en materia de incendios forestales. La mayor innovación estaría representada por desarrollar un programa de prevención de incendios potente, basado en los tres ejes o pilares descritos más arriba. Este nuevo paradigma viene a resolver de manera sustantiva y a dar respuesta a los problemas derivados de la ocurrencia de incendios forestales.

Un nuevo paradigma en materia de gestión de ellos requiere voluntad política férrea que enfrente la transición entre un nuevo modelo de gestión y lo que la Conaf ha hecho por espacio de 50 años, pero lo debe hacer con mano firme, ya que la inercia administrativa seguramente se resistirá a un cambio en 180 grados con lo que se ha hecho siempre. Los cambios importantes nunca son fáciles. Pero no tenemos otra opción que llevar al Estado hacia una nueva manera de gestionar los incendios forestales, incorporando la óptica holística de la prevención.