Libertad de expresión y control democrático: el caso de la senadora Campillai y Claudio Crespo

Hace unos días, la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por Claudio Crespo, exoficial de Carabineros de Chile, tras considerar que la senadora Fabiola Campillai vulneró su derecho a la honra al calificarlo como “violador de derechos humanos” en publicaciones en redes sociodigitales.

Siguiendo una tendencia jurisprudencial reciente, el fallo priorizó la protección de la honra sobre la libertad de expresión, enmarcando el caso como una colisión de derechos entre particulares. Esta decisión resulta preocupante, pues omite elementos fundamentales para una correcta ponderación de los derechos en juego y sienta un riesgoso precedente para el ejercicio del control ciudadano sobre el uso de la fuerza estatal.

Inicialmente, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso, pero la Corte Suprema revocó esta decisión, ordenando su tramitación. Finalmente, el 20 de febrero, resolvió acogerlo y ordenó a la senadora eliminar las publicaciones cuestionadas.

En su argumentación, el fallo reafirmó que la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, puede entrar en conflicto con otros derechos individuales como la honra, especialmente en contextos digitales donde las afirmaciones deshonrosas tienen un impacto prolongado y difícil de corregir.

Sin embargo, a diferencia de otros fallos en los que los tribunales han rechazado las “funas” por considerarlas una forma de autotutela ilegítima, en este caso la Corte Suprema erró en su ponderación al tratarlo como un conflicto entre particulares.

Ignoró que Crespo no es un ciudadano común, sino un exfuncionario que ejerció un rol clave en el control del orden público durante el estallido social. Las declaraciones de Campillai no se dirigían contra un individuo cualquiera, sino contra un exagente del Estado sujeto a escrutinio público.

El derecho chileno reconoce esta distinción. El artículo 420 del Código Penal protege de manera reforzada la libertad de expresión cuando se ejerce en el control de la función pública. No obstante, la Corte Suprema omitió esta perspectiva y estableció como requisito una condena penal para validar la imputación de violaciones a los derechos humanos.

Bajo este criterio, figuras como Augusto Pinochet jamás podrían haber sido señaladas como responsables de crímenes de lesa humanidad en vida, ya que nunca fueron condenadas judicialmente.

La justicia transicional ha surgido precisamente para corregir las falencias de los sistemas judiciales en la persecución de delitos de Estado. Durante el estallido social, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos documentaron graves violaciones de los derechos humanos. Exigir una sentencia condenatoria para reconocer estos hechos contradice principios del derecho internacional.

La honra de quienes ejercen funciones públicas no debe quedar desprotegida, pero tampoco puede prevalecer de manera absoluta sobre la libertad de expresión. La jurisprudencia debiera garantizar una ponderación más rigurosa, como lo establece el artículo 420 del Código Penal, que permite acreditar la veracidad de imputaciones contra funcionarios públicos sin exigir una condena penal.

Al adoptar un criterio restrictivo, la Corte Suprema desestimó la dimensión fáctica del caso. Tanto Crespo como Campillai coinciden en hechos esenciales: Crespo tuvo poder de mando y dirigió operativos en los que se utilizó armamento antidisturbios contra manifestantes en 2019. Mientras él presenta su rol como un acto heroico en su libro Honor y traición, la senadora lo califica como una violación de los derechos humanos. La Corte ignoró este debate e hizo depender la protección de la libertad de expresión únicamente de la existencia de una condena penal.

Si hubiera reconocido el carácter público del caso, habría debido ponderar que no existía una disputa sobre los hechos y que Campillai tenía derecho a cuestionar el rol de Crespo en el estallido social. En consecuencia, la libertad de expresión debía prevalecer sobre la honra.

Sin embargo, el fallo optó por una interpretación errónea que, al simplificar el caso como un conflicto horizontal, otorgó una protección privilegiada a un exfuncionario público en detrimento del derecho ciudadano a fiscalizar el ejercicio de la función pública.

Este precedente es preocupante, pues contradice los principios fundamentales de una democracia constitucional. Esperamos que en futuras decisiones la Corte Suprema adopte una postura más acorde con los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, especialmente en el control del poder estatal.