Opacidad y manipulación: el caso del acuerdo entre Codelco y SQM

Hace ya algunos meses, la prensa daba cuenta de las maniobras del Gobierno para impedir la formación de una comisión investigadora que analizara el acuerdo entre SQM y Codelco. Se denunciaron presiones directas a parlamentarios, intentos de retirar firmas y un lobby inusitado por parte de la estatal minera y el ministerio del ramo. A pesar de estos obstáculos, la comisión fue aprobada por amplio margen y, tras sortear múltiples dificultades, retomará sus funciones en marzo.

Vale la pena recordar el contexto económico. La controversia en torno a la asociación entre Codelco y SQM no es menor: se trata de una alianza estratégica sobre el recurso más valioso del futuro inmediato, el litio, cuyo precio ha mostrado una volatilidad significativa en los mercados internacionales.

Que el Estado haya negociado con una empresa cuyo historial de financiamiento irregular de la política es ampliamente conocido debió haber sido, desde el principio, motivo suficiente para un escrutinio riguroso. Sin embargo, el Gobierno no solo se mostró reticente a facilitar información, sino que desplegó esfuerzos para evitar que el Congreso hiciera su trabajo fiscalizador.

Durante el debate en la Cámara, varios diputados denunciaron haber recibido presiones de parte del Ministerio de Minería y de Codelco para que desistieran de apoyar la creación de la comisión. Se acusó, con nombres y apellidos, a altos funcionarios de la minera estatal de hacer lobby para frenar la iniciativa. Un intervencionismo que no solo transgrede la ética política, sino que atenta contra la separación de poderes establecida en la Constitución.

Las denuncias llegaron tan lejos que, frente a los reclamos que escalaban y los intentos de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, por contener la situación, el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, pidió que se enviaran los antecedentes completos para tomar medidas y, de ser necesario, realizar las denuncias correspondientes tanto en el Gobierno como en los tribunales de justicia.

¿Por qué tanto temor? Si el acuerdo entre Codelco y SQM fue negociado con transparencia, si sus términos son beneficiosos para el país y su economía –dado que se espera un aumento significativo en las exportaciones de litio–, si no hay aspectos ni detalles reprochables, ¿por qué ese esfuerzo por impedir su fiscalización?

En una democracia, el Poder Ejecutivo no debería tener la capacidad de bloquear la labor del Legislativo. Sin embargo, el episodio deja en claro que la opacidad de esta transacción en particular ha sido evidente, con cláusulas de confidencialidad cuestionables y una falta de acceso a los detalles económicos y contractuales que deberían ser de conocimiento público.

La comisión investigadora, que en marzo retomará su labor, tiene ante sí una tarea trascendental. Su éxito dependerá de que los parlamentarios se mantengan firmes ante las presiones y de que la ciudadanía exija que el proceso no quede en meras formalidades. La transparencia no es un favor que el Gobierno concede: es una obligación fundamental para garantizar un manejo adecuado y responsable de los recursos naturales del país. La gestión del litio debe alinearse con principios económicos sólidos que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo para todos los chilenos.