
Desempleo, informalidad, menores ingresos y actividades no remuneradas: ser mujer migrante en Chile
Las mujeres migrantes no solo enfrentan desafíos en el ámbito laboral remunerado, sino que también asumen una carga significativa de trabajo no remunerado.
En Chile, la migración ha traído consigo retos específicos en términos de integración, acceso a servicios y derechos básicos. Dentro de estos retos, las mujeres migrantes enfrentan desafíos particulares, como lo son las tasas de desempleo más altas, mayor informalidad laboral, salarios más bajos y una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, en comparación con sus contrapartes masculinas.
Sumado a esta realidad, las mujeres migrantes cuentan con menos redes de apoyo y se enfrentan a una situación de estrés ante la lentitud en los procesos de revisión de solicitudes de visados. En la víspera del 8M, abordar la integración efectiva de las mujeres migrantes no solo es un imperativo de justicia social, sino que también representa una oportunidad para enriquecer el tejido social, cultural y económico del país, al mismo tiempo que reconocer y abordar las brechas de género que enfrentan mujeres migrantes es esencial para construir una sociedad más inclusiva y equitativa.
Según datos del INE, la tasa de desocupación entre la población extranjera en Chile es del 8,0%. Al desglosar por género, se revela una disparidad alarmante: mientras la tasa de desempleo para hombres migrantes es del 4,0%, para las mujeres migrantes asciende al 12,6%. Esta diferencia de 8,6 puntos porcentuales pone de manifiesto las barreras que enfrentan las mujeres migrantes en el acceso al empleo.
Además, la tasa de participación laboral de las mujeres migrantes se sitúa en un 72,8%, frente al 89,0% alcanzado por hombres migrantes. Detrás de esta realidad encontramos múltiples factores, como el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerados, la discriminación de género y la falta de redes de apoyo.
La informalidad laboral es otro desafío crítico. En el último trimestre móvil de 2024, la tasa de ocupación informal entre mujeres migrantes alcanzó un 32,9%, mientras que para los hombres migrantes llegó al 26,9%. Esta mayor incidencia de informalidad entre las mujeres las expone no solo a condiciones laborales precarias, sino que las excluye de cualquier beneficio social y protección legal adecuada.
Teniendo en cuenta que sectores como el trabajo doméstico y el comercio concentran una alta proporción de empleo informal, femenino y migrante, estas ocupaciones, además de estar mal remuneradas, carecen de estabilidad y seguridad laboral, perpetuando ciclos de vulnerabilidad económica hacia este grupo.
La disparidad salarial entre empleados formales e informales, así como entre hombres y mujeres, ilustra la complejidad de la informalidad laboral. La evidencia en Chile muestra que las personas en empleos informales perciben ingresos significativamente menores que aquellos en el sector formal.
Las mujeres migrantes no solo enfrentan desafíos en el ámbito laboral remunerado, sino que también asumen una carga significativa de trabajo no remunerado. Esta doble carga limita sus oportunidades de capacitación, desarrollo profesional y participación plena en el mercado laboral.
Los resultados de la II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo muestran las brechas de género en torno al trabajo doméstico no remunerado, tanto en términos de tiempo como de participación, con una carga desproporcionada sobre las mujeres, independientemente de su nacionalidad.
En promedio, las mujeres en Chile dedican casi 1,5 horas más que los hombres a estas tareas, destacando actividades como la preparación de comidas y la limpieza del hogar. Las mujeres extranjeras enfrentan una carga aún mayor que las chilenas, con un tiempo promedio de 4 horas y 42 minutos diarias dedicadas a estas actividades, mientras que los hombres extranjeros destinan solo 2 horas y 37 minutos, marcando una brecha de 2 horas y 5 minutos.
Estos datos reflejan cómo la intersección entre género y nacionalidad agrava la desigualdad en la distribución de las responsabilidades domésticas, lo que limita aún más el acceso de las mujeres, especialmente las migrantes, al empleo formal y a oportunidades de desarrollo personal y económico.
Para abordar esta realidad desigual, es fundamental implementar políticas públicas con perspectiva de género que consideren facilitar los procesos de regularización migratoria, simplificar y agilizar los procesos de obtención de permisos de trabajo y residencia para reducir la informalidad laboral.
Además, es necesario fomentar programas de capacitación y certificación, ofrecer formación en habilidades demandadas por el mercado y reconocer las competencias adquiridas en los países de origen.
Por último, pero no menos importante, es necesario mejorar el nivel de acceso y hacer más asequibles los servicios de cuidado infantil y guarderías, con el objetivo de permitir que más mujeres participen en el mercado laboral, y sensibilizar y combatir la discriminación mediante la implementación de campañas que promuevan la igualdad de género y cultural en los lugares de trabajo.
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