Y las mujeres siguen en la fila

A más de tres años de la entrada en vigor de la ley que creó el Registro Nacional de Deudores, se ha pagado más de un billón trescientos sesenta mil millones de pesos ($1.370.000.000.000), según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a noviembre de 2024, pero, a la misma época, se mantenían a su vez más de 250 mil personas con inscripción en dicho registro, en su mayoría hombres.

Mientras, sus alimentarios y sus cuidadoras siguen esperando por el pago. La situación no ha variado mucho desde que en la pandemia el país se impuso de esta verdadera “cultura del incumplimiento”, que ha resonado públicamente desde entonces.

Lamentablemente, es una situación grave e insostenible que aún viven miles de niños, niñas y adolescentes –y sus madres–, debido a la falta de pago de las pensiones de alimentos. Esto llevó al Ejecutivo a impulsar dos leyes: la ya mencionada y de Responsabilidad Parental, en septiembre de 2022.

Estas tienen como objetivo principal facilitar a los alimentarios y a sus representantes, en su mayoría mujeres, el establecimiento y cobro oportuno de las pensiones de alimentos. Se busca eliminar así importantes brechas que tienden a perpetuar notorias desigualdades entre hombres y mujeres.

Se eliminaron trámites burocráticos que solo sobrecargaban a estas cuidadoras para que pudieran obtener el pago de los alimentos con rapidez. También se buscó garantizar que dichas pensiones se ajusten a la realidad de cada grupo familiar y para ello se facilita y automatiza la investigación de la situación financiera de alimentantes y el cálculo mensual de lo debido.

Asimismo, se crearon mecanismos que buscaron facilitar el pago efectivo, evitando que quien dedica gran parte de su tiempo a cuidar deba recurrir continuamente a la Justicia para cobrar, invirtiendo tiempo y dinero en ello.

El problema es que esa misma larga fila que evidenció la pandemia en 2020 aún persiste.

Es así que las demandantes han requerido ser atendidas en diversos lugares antes de iniciar estos cobros: centros de mediación, Corporación de Asistencia Judicial y tribunales de familia, entre otros. Cada institución involucrada sostiene la espera, sea por falta de recursos o incluso por prácticas burocráticas muy arraigadas en la estructura estatal y de quienes somos parte de esta.

Esto nos lleva a pensar que, junto con desmantelar esa cultura del incumplimiento que nos aqueja, debemos deconstruir tales formas para el establecimiento de un sistema inclusivo, con perspectiva de género y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Esto, que puede parecer una declaración de buenas intenciones, es esencial para enfrentar el problema.

Un claro ejemplo encontramos en el informe de la Contraloría General de la República, que señala que 242 de 345 municipalidades han entregado licencias de conducir pese a que el solicitante es deudor de alimentos.

Y así, pese a estar inscritos en el Registro Nacional de Deudores, se incumple la ley y se afecta a 4.706 alimentarios cuyas madres… continúan en la fila para obtener el pago.

Por supuesto que hemos avanzado, pero podemos hacer más.

Todas estas leyes han sido aprobadas sin contemplar los recursos necesarios para su completa implementación. Las dotaciones de la Corporación de Asistencia Judicial o de los centros de mediación licitados continúan siendo las mismas.

Tampoco ha aumentado el número de jueces y juezas, así que las mujeres nuevamente deben esperar: dos meses o más para la asignación de un abogado o abogada para su demanda, tres a cuatro meses para la primera audiencia del procedimiento, y varios meses más para obtener la liquidación de las pensiones adeudadas.

Agotador.

Lo mismo ha ocurrido con la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género.

La norma contribuye al desarrollo de políticas públicas y medidas judiciales para resguardar la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia y la comprensión de esta como un continuo con diversas manifestaciones, pero no ha logrado permear la resistencia y combatir la discriminación estructural.

La espera de las mujeres prosigue para poder contar con representación judicial especializada y que así puedan abordar las diversas problemáticas que le afectan.

Así, por ejemplo, si una misma mujer víctima de violencia desea demandar de alimentos o defenderse de acciones en su contra, no dispone de una única oficina para su atención y aquí la fila se bifurca: los requerimientos deben hacerse en los Centros de la Mujeres para su asesoría en causa de violencia intrafamiliar y en las Corporaciones de Asistencia Judicial para los alimentos, cuidado personal, entre otros, de manera paralela.

Es inevitable recordar a Violeta Parra cuando en su canción “Arriba quemando el sol” nos dice:

“… Las hileras de mujeres

Frente al único pilón

Cada una con su balde

Y con su cara de aflicción

Y arriba quemando el sol…”

¿Qué está pasando con nuestra sociedad?

Pese a la dictación y socialización de las leyes, tenemos aún un gran número de personas que no cumplen e instituciones con dotaciones insuficientes, o funcionarios sin la capacitación y conciencia de la responsabilidad que nos corresponde en garantizar el principio de igualdad y no discriminación en toda su magnitud. Es el Estado de Chile y todos sus órganos los que deben involucrarse en cumplir este compromiso con las mujeres.

Es que el no pago de pensiones de alimentos afecta la igualdad, aumenta las brechas entre hombres y mujeres y mantiene a estas últimas precarizadas y esto se cronifica cuando, además, se ejerce violencia en su contra.

Legislar no es suficiente a estas alturas. Se necesitan recursos económicos y humanos, capacitación y especialmente educación desde la primera infancia que desplace la cultura del incumplimiento.

La fila no es solo imaginaria. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Al contrario. Es la sociedad completa la que gana en integridad para construir una comunidad verdaderamente inclusiva.