Mujeres y sistema de justicia penal

Ayer conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Mujer, fecha que siempre nos invita a reflexionar, como Defensoría Penal Pública, sobre los avances y desafíos en la lucha por la incorporación del enfoque de género en el ámbito de la justicia, respondiendo a las particularidades y vulnerabilidades de las mujeres que entran en conflicto con el sistema penal.

En los últimos años hemos logrado avances significativos en la defensa con perspectiva de género, a través de iniciativas como la especialización de defensoras y defensores, la capacitación permanente en este plano y la actualización del Manual de Actuaciones Mínimas en Materia de Igualdad de Género, reconociendo la importancia de un enfoque diferenciado respecto a las mujeres y disidencias. Ello nos permite mantener el ejercicio de una defensa penal estratégica, preparada para hacer frente a los estereotipos en las distintas etapas del proceso penal y para dar  visibilidad a las situaciones de discriminación estructural y a los sesgos en el sistema de justicia.

Así, los casos de mujeres imputadas por ejercer su legítima defensa frente a situaciones de violencia de género, o las que se ven involucradas en el sistema penal en condiciones de vulnerabilidad, han podido ser abordados con una mirada más integral, buscando que el resto de las instituciones entienda que requieren una respuesta que debe trascender la mera sanción penal. Fallos recientes, en donde hemos logrado la conmutación de penas privativas de libertad para mujeres en condiciones graves de salud, son una muestra de aquello.

Sin embargo, en esta fecha no podemos dejar de alertar sobre las deudas que persisten, especialmente con las mujeres en prisión preventiva, cuyo número durante los últimos dos años se mantiene al alza. Las condiciones carcelarias siguen siendo deficientes en nuestro país y, en ese marco, uno de los ámbitos más complejos es el acceso a la salud, pese a diferentes recursos de amparo presentados por la Defensoría que han sido acogidos. La falta de personal de la salud en los recintos penitenciarios, la ausencia de controles ginecológicos regulares y la deficiencia en el acceso a programas de salud mental adaptados a sus necesidades constituyen problemas estructurales que requieren respuestas urgentes.

La privación de libertad no puede significar la privación de otros derechos fundamentales. Como Defensoría Penal Pública, reafirmamos nuestro compromiso con una defensa que no sólo garantice el debido proceso, sino que también contribuya a combatir las desigualdades de género dentro del sistema penal. Es fundamental seguir avanzando en políticas públicas que aseguren una justicia con enfoque de género y que brinde condiciones dignas para todos y todas.