Criminalizando a la mujer informal

En un esfuerzo por reducir el comercio informal en Estación Central, la municipalidad implementó una medida utilizando piedras en las zonas donde los vendedores informales ofrecen sus productos. Esta iniciativa, inspirada en la llamada “arquitectura hostil”, ha sido adoptada por varias comunas de Santiago como una estrategia para controlar la informalidad.

Nos oponemos a esta iniciativa, que consideramos ineficaz y desproporcionada, afectando especialmente a mujeres que, por diversas razones estructurales, se ven obligadas a trabajar de manera informal. Esta estrategia no solo resulta contraproducente, sino que simplifica un fenómeno complejo como la informalidad femenina, asociándolo erróneamente con la criminalidad y presentándolo de manera peyorativa.

La informalidad femenina tiene causas profundas y variadas, muchas de ellas relacionadas con la división sexual del trabajo, el maternalismo y normas sociales que relegan a las mujeres al ámbito de lo informal, buscando flexibilidad para compatibilizar las labores productivas y reproductivas.

De hecho, se estima que las mujeres realizan el 75% del trabajo reproductivo: cuidado de niños, adultos mayores, enfermos y tareas domésticas. La informalidad no es producto de una decisión voluntaria, sino una consecuencia de la falta de un sistema de bienestar que asegure a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres.

En este contexto, la solución a la informalidad femenina no pasa por medidas que excluyan a las personas trabajadoras de la sociedad, sino por políticas públicas que reconozcan y aborden las causas estructurales.

El Estado debe asumir un rol activo en el apoyo al trabajo reproductivo, a través de la creación y fortalecimiento de servicios como salas cunas universales, guarderías, jardines infantiles, centros de cuidados de adultos, y servicios domésticos gratuitos, entre otros. Solo de esta manera se podrá lograr una verdadera equidad de género en el trabajo.

Es fundamental también cuestionar y superar el pensamiento tradicional que impone la carga del trabajo reproductivo de manera exclusiva sobre las mujeres, y trasladar esta responsabilidad hacia el Estado. Criminalizar a las mujeres por tomar decisiones laborales impulsadas por la división sexista del trabajo y el maternalismo no solo es injusto, sino también innecesario.

Instamos a nuestros municipios a desarrollar políticas públicas que vayan al fondo del problema y promuevan soluciones integrales, en lugar de continuar criminalizando a mujeres que, además de cuidar a sus hijos, deben salir a ganarse el sustento para sus familias.