La casa de Allende: entre desaciertos y posibilidades

La frustrada compra de la casa del Presidente (1970-1973) Salvador Allende Gossens ha ofrecido la oportunidad de debatir diferentes dimensiones de interés para la sociedad civil. Ciertamente, las dimensiones jurídicas y políticas –que determinaron tempranamente la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales y recientemente de la ministra de Defensa Nacional– permiten vincular temáticas sobre lo que circunda la rica herencia allendista.

No existe ninguna duda de que la residencia de Allende y su familia, que la habitaron entre 1953 y 1971, es un bien de interés cultural, habiendo sido parte del circuito el Día del Patrimonio, al menos en 2023, concitando un vivo interés por ser visitada al ser abierta por decisión familiar.

Es decir, a nivel ciudadano, el inmueble, su mobiliario original y sus jardines han sido reconocidos y validados como un espacio relevante, que posee un valor histórico y social sin que intervengan necesariamente medidas de protección y salvaguardias particulares, que son claves de la dimensión patrimonial que impulsó la decisión política de adquirir el inmueble por parte del Estado para hacer de ella un equipamiento cultural.

Dos vías se exploraron para materializar la compra, primero a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que no prosperó, luego, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que, de manera desprolija, dio continuidad a una iniciativa que quedó bloqueada por impedimentos constitucionales y de coyuntura, ya que dos propietarias, la senadora Isabel Allende y Maya Fernández, exministra de Defensa Nacional, hija y nieta del Presidente, respectivamente, se encuentran impedidas de celebrar contratos con el Estados dadas sus investiduras.

Es fácil percibir que en la casa de Allende hay un tenso juego de actores que permite comprender mejor las dinámicas actuales de la dimensión patrimonial que implica la entrada relativamente reciente de visiones de sostenibilidad y, por supuesto, gobernanza, saldada, momentáneamente, por una crisis no solo innecesaria, sino también no deseada por el Ejecutivo.

En ese juego, los actores políticos y la familia emergieron como los principales interesados en incorporar un bien privado a los bienes públicos, a fin de permitir su goce a actores sociales y ciudadanos que por razones diversas tuvieron y tienen el deseo de profundizar en una visión menos conocida de Allende, aquella de la intimidad que se construye en el espacio doméstico y hogar familiar.

La casa, construida por el Premio Nacional de Arquitectura (1983) Fernando Castillo Velasco en 1948, fue escenario además de las campañas presidenciales en las que participó Salvador Allende como candidato en 1958, 1964 y 1970; en consecuencia, fue telón de fondo y testigo de la historia política de Chile durante el siglo XX.

Si bien es cierto la compra no prosperó debido a fundamentos constitucionales (artículo 37), también es cierto que nuestra Carta Fundamental señala que le corresponde al Estado “fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación” (artículo 19), de ahí que no extrañe el interés por adquirir la casa de un exmandatario, como de hecho debe ocurrir con dos propiedades donde residió el Presidente (1990-1994) Patricio Aylwin Azócar.

También conviene señalar que, recientemente, se cuenta con una Política de Educación Patrimonial 2024-2029 impulsada por dos ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el de Educación, que busca “generar las condiciones para la articulación, fortalecimiento y consolidación de la educación patrimonial como ámbito estratégico y programático en la puesta en valor y gestión ciudadana de los patrimonios”. 

Independientemente de los desaciertos de la experiencia, la casa de Allende permite tomar conciencia de la estrecha relación que se teje entre la toma de decisión y las dinámicas de una gran diversidad de actores. Desde un punto de vista educativo, la casa de Allende como bien de interés cultural puede ser entendida como un recurso didáctico capaz de integrarse a un sinnúmero de esfuerzos curriculares de actores estratégicos, tal y como los entiende la Política de Educación Patrimonial.

Asumiendo la lección, y a condición, claro está, de hacerlo pluralmente, acompañando la gestión de las comunidades patrimoniales; producirlo territorialmente, articulando el espacio urbano de diferentes barrios; pensarlo colectivamente, promoviendo una participación activa y de valor educativo. Y materializarlo oportunamente, ya que, contrariamente a la casa de Allende, hay edificios en ruinas que esperan paciente y ardientemente.