Los riesgos del proyecto de Ley FES para el mercado laboral

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha puesto suma urgencia en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que reemplaza el CAE y establece el FES, añadiendo indicaciones que no alteran ningún aspecto significativo de la propuesta. El proyecto permanecerá prácticamente sin cambios, pese al consenso en el debate público acerca de sus efectos perniciosos sobre diversos ámbitos de la vida nacional. Un ejemplo de esto es cómo esta iniciativa afecta al mercado laboral y su capacidad de generar empleo formal.

La propuesta del Gobierno establece, en términos simples, un impuesto a los graduados de la educación superior que accedan al instrumento FES para el financiamiento de sus estudios. No se trata, en ningún caso, de un crédito: no existe una deuda por parte del egresado, que pueda ser extinguida con suficiente dinero o pagada por anticipado. No hay ningún vínculo entre el monto que el fisco entera para el financiamiento de los estudios y la contribución del individuo durante su vida laboral.

Esta contribución es parte de los ingresos generales de la Nación, recaudada por la Tesorería General de la República y de ninguna manera financia directamente la educación superior. La obligación que nace de usar el FES para estudiar es el pago de un impuesto de hasta un 8% de los ingresos.

La imposición de un tributo adicional a los graduados que trabajan implica, sin ninguna duda, que el costo de la formalidad aumentará. Este descuento, de cerca de un 7% de los ingresos, será añadido al estipulado por la reforma de pensiones (otro 7% de los ingresos).

La evidencia empírica no es ambigua al respecto: un aumento considerable en los descuentos previsionales y/o tributarios tiene como efecto la caída de la formalidad, la subdeclaración de la renta y la reducción de los salarios líquidos.

¿Resulta conveniente introducir un impuesto a los graduados como reemplazo del actual sistema de crédito? No lo parece. Además de los efectos negativos de un descuento adicional sobre el empleo formal, se debe señalar que el impuesto a los graduados propuesto por el Gobierno es un experimento: no tiene paralelo en ninguna parte del mundo, precisamente porque aquellos países que lo han discutido han descartado de plano su implementación, dadas sus perniciosas y evidentes consecuencias sobre incentivos e ingresos.

Repárese en una de las consecuencias que tendrá el proyecto sobre los incentivos, y cómo esto afectará tanto a los egresados como al fisco. La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) realizó en diciembre de 2024 un estudio sobre la conveniencia del FES en términos de la carga financiera que representa para los deudores educacionales, comparándose con el CAE. La investigación halló que, para un 71,8% de los deudores del decil X, el CAE es preferible al FES. Lo mismo ocurre para un 51,6% de los egresados de carreras de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Esto significa que a quienes probablemente tendrán mayores ingresos en el futuro no les conviene el sistema propuesto. Tenderán, con mayor probabilidad, a no participar del FES y, por tanto, el sistema no recibirá los ingresos que necesita para ser sostenible.

El proyecto FES no resulta un camino viable para el financiamiento de la educación superior, tanto por sus efectos negativos sobre el empleo formal como por otros múltiples problemas críticos que presenta. El Gobierno ha hecho caso omiso a los llamados de atención sobre esto, formulando indicaciones que no alteran ningún aspecto significativo de la iniciativa. En un contexto de crisis económica y baja flexibilidad del mercado laboral, no es aceptable un proyecto como el propuesto.