Escuelas con desempeño insuficiente: el futuro incierto de sus estudiantes

La Ley 20.529, que creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, establece que la Agencia de Calidad debe clasificar a los colegios según sus resultados en cuatro categorías de desempeño: alto, medio, medio bajo e insuficiente. Los establecimientos que permanezcan en la categoría insuficiente hasta por cinco años consecutivos, deben perder el reconocimiento oficial del Estado.

En 2018, la Agencia de Calidad de la Educación entregó cuatro categorías de desempeño, pero a raíz de la pandemia suspendió la entrega de la quinta. Este mes conocimos los resultados de las pruebas Simce, que deberían dar origen a esa quinta ordenación y, por ende, obligar a que cientos de establecimientos a lo largo del país salgan del sistema, dejando a miles de estudiantes y sus familias en una situación muy compleja.

Cabe señalar que los sostenedores de estos colegios fueron el foco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad durante los últimos años. Recibieron orientaciones de la Agencia de Calidad y apoyo del Ministerio de Educación; pese a ello, no lograron mejorar de manera significativa.

La gran pregunta ausente es: ¿qué pasará con los niños, niñas y adolescentes matriculados en esos establecimientos?

Actualmente, la legislación solo prevé que se informe a las familias sobre las escuelas cercanas de mejor desempeño para promover la reubicación de los estudiantes y que se entreguen facilidades de transporte hacia establecimientos ordenados en mejor categoría. También es posible designar un administrador provisional, una especie de “liquidador” que mantenga el colegio hasta que los estudiantes sean reubicados.

¿Realmente no hay más opciones? ¿No podemos hacer nada para que la oferta existente mejore?

Por supuesto que sí. El propósito del Sistema de Aseguramiento de la Calidad era transparentar información sobre la educación entregada y garantizar que los niños, niñas y adolescentes que no acceden a una educación de calidad puedan hacerlo en una nueva escuela que sí cumpla con los estándares de aprendizaje e indicadores de desarrollo personal y social que nos hemos impuesto como mínimos aceptables.

Para lograrlo, es fundamental ampliar las opciones disponibles. Una alternativa viable es permitir que estos establecimientos sean gestionados por sostenedores de alto desempeño, ya sea a través de fusiones o concesiones. Este modelo ha sido exitoso en las Academies del Reino Unido y, aunque en casos excepcionales, también en Chile.

Un ejemplo es el Liceo Bicentenario Juan Pablo II de Alto Hospicio, que depende del SLEP de Iquique, pero cuya administración fue entregada en concesión a la Fundación Educacional Collahuasi. Este enfoque se basa en un modelo de gestión exigente, con mayores incentivos para la mejora.

Otra opción viable es fomentar la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados por parte de sostenedores que asuman compromisos exigentes, relacionados, por ejemplo, con la inversión en infraestructura o la contratación de docentes, asistentes de la educación y directivos de alto desempeño y reconocida trayectoria en mejoramiento educativo.

Las escuelas que cierren sus puertas a final de este año –o del siguiente, en caso de que aparezca una interpretación que genere una nueva “excepción” para postergar los efectos de la Ley 20.529– habrán acumulado casi una década incumpliendo la promesa de entregar educación de buena calidad. Durante ese tiempo, miles de niños, niñas y adolescentes han sido defraudados por un sistema que no ha estado a la altura de sus derechos. Sería inaceptable que la única solución ofrecida sea un traslado o la reubicación en otro establecimiento que podría ser igual de deficiente o solo levemente mejor.

Contamos con un sistema que nos muestra objetivamente dónde se hacen bien las cosas y dónde fallamos. Es hora de utilizar esta información y poner la prioridad en este último grupo de estudiantes, sobre el cual no hay promedios ni tendencias que permitan celebrar.

La educación de calidad no puede seguir siendo un privilegio para algunos; debe ser un derecho de ejercicio efectivo. Para ello, hay que promover las mejores opciones disponibles para corregir el rumbo, sin seguir sacrificando generaciones.