Mejor Niñez, peor gestión: cuando el Estado ignora su propia responsabilidad

Como diputada y miembro de la Comisión de Familia, me siento obligada a hablar sobre la alarmante situación que enfrentan muchos jóvenes en nuestro país. La semana pasada, enviamos un oficio a Mejor Niñez exigiendo respuestas claras y urgentes sobre dos casos que evidencian la insostenibilidad del sistema de protección. 

El primer caso, de un adolescente de Pichilemu con autismo severo, es un relato desgarrador de la lucha de una familia y la negligente respuesta de las instituciones que debían ampararles. Su vida se vio marcada por la persecución estatal que sufrió su padre, quien cultivaba cannabis para su tratamiento. Luego sufrió el duro golpe que significó el suicidio del padre, afectado por un grave estrés postraumático.

León y Catherine, su madre, enfrentaron un sistema que ignoró sus derechos y necesidades básicas. Su búsqueda de un lugar adecuado para el menor los llevó a una residencia que resultó no cumplir con los estándares mínimos y que posteriormente cerró. El niño, tras una crisis, fue hospitalizado y sigue en esa condición en el Hospital Ezequiel González Cortés. También nos ha llegado la denuncia de otros casos similares en el mismo recinto hospitalario. Aunque León recibe atención médica, se encuentra en una situación donde necesita un hogar institucional, que le brinde la calidez y contención requeridas. 

Lamentablemente, pese a que el Tribunal de Familia de San Miguel estableció un plazo perentorio para que Mejor Niñez gestionara –con carácter de urgencia– el traslado del menor a una residencia, esto aún no ha ocurrido.

Otro caso que nos preocupa es el de una adolescente en Punta Arenas que espera un traslado urgente a una residencia fuera de su región. A pesar de tener una orden judicial, Mejor Niñez ha incumplido repetidamente, llegando al desacato, razón que provocó que se decretara una orden de arresto para su Director Regional, Erick Amigo, quien se defendió argumentando, en una entrevista en el medio El Pingüino, que “cuando ha habido vulneración de los padres y no se hacen cargo, exigirle al Estado es simple”. 

La orden de arresto finalmente fue revocada por la Corte de Apelaciones, pero las declaraciones manifiestan una frivolidad profunda en nuestra institucionalidad y son un ejemplo claro de la falta de coordinación y eficacia del sistema de protección de la niñez y adolescencia.

El director, antes de llamar o insistir en algún tipo de gestión prefiere decir, en términos simples, que “no hay plata”, y plantea que la responsabilidad del servicio con la menor no es tal. La situación es insólita, ¿está realmente a la altura Mejor Niñez para cumplir con su cometido, para trabajar incansablemente por la protección de la infancia? 

Tenemos todos los diagnósticos a la vista que dan cuenta de las falencias e irregularidades del Sistema y del Servicio y la acción debe ir de la mano de recursos que permitan hacer cambios sustanciales. Y, por cierto, esperamos que esos recursos se destinen de forma eficiente. 

En estos párrafos hablamos solo de dos casos, pero sabemos que existen muchos más. Es necesario abordar la protección de la infancia de forma urgente y que las autoridades que están a cargo del servicio asuman algún grado de responsabilidad cuando el actuar de Mejor Niñez es negligente. La gestión, la voluntad, las ganas de entregar una solución a las personas, por muy particular que sea un caso, también son parte de la institucionalidad.