¿Por qué la COP fracasa en empoderar a la sociedad civil en América Latina?

La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) es el órgano de toma de decisiones más importante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y reúne anualmente a los países que han ratificado la convención. Su próximo encuentro (COP30), durante noviembre de 2025 en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil, promete consolidar acuerdos clave para el financiamiento de las medidas de mitigación y avanzar hacia la protección de la preservación de bosques y biodiversidad.

En cada cumbre de la COP, los gobiernos reafirman su compromiso con la acción climática global, pero el mundo sigue peligrosamente fuera de camino para cumplir sus objetivos climáticos. Mientras los tomadores de decisiones debaten sobre la reducción de emisiones y los mecanismos de financiamiento, un pilar crucial de la gobernanza climática –el empoderamiento público– sigue siendo marginado.

El marco de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés), diseñado para dotar a los ciudadanos y la sociedad civil de herramientas para impulsar la acción climática, promete inclusión, participación y concienciación. Sin embargo, la participación sin poder es solo una puesta en escena.

Una concepción elitista de la política

En la recién pasada COP29, Ingmar Rentzhog, director ejecutivo de We Don’t Have Time (Ya No Nos Queda Tiempo), reventó globos que representaban emisiones de metano para mostrar a los responsables políticos dónde enfocar los esfuerzos de mitigación. Su analogía –contrastando el metano con globos de dióxido de carbono que flotaban fuera de alcance– fue sencilla y efectiva. Ilustró el pensamiento dominante en la COP: traducir el conocimiento científico y técnico en mensajes digeribles para los responsables políticos y los líderes corporativos. Pero ¿quién decide qué conocimiento se prioriza? ¿Y quién tiene el capital político para actuar en consecuencia?

Aunque persuasiva y útil, la presentación de Rentzhog representa una concepción dominante de la política entre muchos oradores y negociadores de la COP, una que prioriza la comunicación con los tomadores de decisiones y las élites políticas por sobre el empoderamiento estructural de los actores de base.

La política puede definirse como la capacidad de impactar la comunidad en la que vivimos a través de un proceso colectivo de legitimación de ideas. A través de la política, estas ideas se expanden dentro de nuestras comunidades y se transforman en valores, ideales, ideologías, políticas públicas o identidades. Participar en la política requiere capital político, es decir, los recursos tangibles e intangibles mediante los cuales un actor obtiene validación colectiva para movilizar a otros.

En otras palabras, tanto los políticos como los actores de la sociedad civil que buscan construir legitimidad para impulsar cambios adaptativos en sus países y localidades necesitan recursos que vayan más allá de la ayuda financiera. Requieren habilidades, conocimientos, redes y medios económicos para participar en disputas locales sobre decisiones democráticas que configuran la acción climática.

Con el objetivo de fortalecer la participación pública en la acción climática, el ACE es un marco que promete contrarrestar las nociones elitistas de la política que prevalecen en la COP. ACE se establece en el Artículo 6 de la CMNUCC y en el Artículo 12 del Acuerdo de París. Reconoce que la educación, la concienciación y la participación son esenciales para alcanzar los objetivos climáticos, al fomentar una respuesta social amplia al cambio climático. Se supone que este marco reconoce la posición privilegiada de la sociedad civil para presionar a los gobiernos y empoderar a los actores de base para exigir rendición de cuentas a las autoridades.

A pesar de su compromiso con una participación amplia, ACE no transfiere efectivamente poder a los actores de base ni les proporciona el capital político necesario para desafiar el statu quo. Esto, porque concibe al público y a los líderes de la sociedad civil como una audiencia, no como agentes políticos. Se espera que la sociedad civil se eduque y participe, pero solo de una manera que respalde la adopción de políticas por parte de los gobiernos, no de una manera que las cuestione, dispute o reformule desde abajo.

Por eso, la ACE refuerza la concepción elitista de la política en la COP, en la que el objetivo principal es traducir la experiencia científica y técnica en recomendaciones de política para las autoridades, en lugar de permitir que la sociedad civil influya en la toma de decisiones mediante la movilización social.

Consecuencias en América Latina

Mientras los cambios necesarios se discuten a nivel internacional, las medidas para fortalecer a los aliados de la sociedad civil de base a nivel nacional siguen siendo insuficientes, y la lucha climática enfrenta dos retrocesos clave en América Latina: el creciente auge del negacionismo climático y el aumento de las amenazas contra defensores ambientales.

Si bien el escepticismo climático sigue siendo una postura minoritaria en América Latina, el negacionismo está ganando terreno entre actores poderosos, moldeando las políticas climáticas nacionales. En Brasil, Jair Bolsonaro atacó la ciencia climática, despidió a investigadores y suprimió datos sobre deforestación. En Argentina, el presidente Javier Milei desestimó el cambio climático como una “invención socialista”, se retiró de la COP29 y desmanteló instituciones ambientales. En Chile y Colombia, facciones de ultraderecha están fomentando la desconfianza en los acuerdos climáticos globales, debilitando los compromisos de sus gobiernos con el Acuerdo de París.

Mientras los líderes de extrema derecha y las corporaciones cuentan con recursos, redes y acceso directo al poder, la sociedad civil carece del capital político necesario para influir en las batallas climáticas nacionales.

Los defensores ambientales en América Latina enfrentan niveles crecientes de violencia, con gobiernos y empresas utilizando el acoso, la vigilancia y la criminalización para silenciarlos.

En Brasil, quienes resisten la deforestación sufren arrestos, ataques físicos e intimidación en línea. En Argentina, el Gobierno de Milei ha reprimido a grupos indígenas que se oponen al despojo de tierras, criminalizando el activismo climático. En El Salvador, Nayib Bukele ha instrumentalizado las fuerzas de seguridad estatales contra los defensores ambientales, recurriendo a detenciones arbitrarias e intimidaciones para acallar las críticas a sus políticas extractivistas.

En toda la región, los asesinatos de defensores ambientales han alcanzado niveles alarmantes, haciendo de América Latina la región más peligrosa del mundo para el activismo climático. Sin embargo, la ACE no proporciona protecciones concretas ni herramientas para exigir responsabilidades a los gobiernos. Mientras las corporaciones y los grupos negacionistas influyen en las políticas climáticas y los gobiernos reprimen la oposición, los activistas carecen de los recursos legales y financieros para contraatacar.

Sin un cambio significativo en el enfoque de la ACE –uno que priorice dotar a los actores de base con las habilidades, recursos y posiciones institucionales necesarios para participar como actores igualitarios en la gobernanza climática–, la sociedad civil seguirá estando políticamente aislada, y la lucha por la justicia climática en América Latina y el resto del Sur Global seguirá siendo una batalla cuesta arriba.