Violencia escolar en Chile: una crisis sin consenso

El reciente caso en Ñuble, donde una profesora resultó gravemente herida tras un altercado con un estudiante, ha reabierto el debate sobre la violencia en las escuelas chilenas. Aunque estos hechos suelen abordarse como casos aislados, la realidad es mucho más compleja. Como investigadores que estudiamos la percepción pública sobre la violencia escolar en Chile, hemos observado que no existe un consenso sobre su origen ni sobre cómo enfrentarla.

Mientras algunos sectores exigen mano dura y sanciones más estrictas, otros apuntan a problemas de salud mental en los estudiantes o al impacto de la desigualdad social en el sistema educativo. Sin embargo, lo que falta es una respuesta integral que ponga a la escuela en el centro de la discusión y que permita enfrentar el problema desde una perspectiva educativa, social y psicológica.

Lejos de ser solo un problema de disciplina, la violencia en las escuelas tiene múltiples causas interconectadas. La evidencia basada en investigaciones recientes a nivel internacional muestra que la agresión escolar está fuertemente influenciada por el estrés, las dificultades emocionales y un ambiente escolar poco acogedor.

Nuestro estudio muestra que distintos actores –docentes, familias y autoridades– explican la violencia escolar de manera fragmentada, lo que impide avanzar hacia soluciones concretas​​. Por ejemplo, mientras algunos enfatizan la necesidad de mayor control y castigo, otros sostienen que el problema está en el deterioro del clima escolar y la falta de apoyo a los docentes, especialmente después de la pandemia​.

En el caso de Ñuble la situación es aún más delicada, ya que el padre del estudiante involucrado ha señalado que su hijo tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esto nos obliga a reflexionar con mayor profundidad sobre cómo el sistema educativo chileno aborda la convivencia escolar y la inclusión. Es fundamental evitar que este tipo de situaciones refuercen prejuicios sobre el autismo o conduzcan a respuestas punitivas que no consideran las necesidades educativas especiales de algunos estudiantes.

Responder a la violencia escolar con expulsiones y políticas de tolerancia cero no solo es ineficaz, sino que agrava el problema. La evidencia muestra que las estrategias inclusivas y preventivas, como los programas de regulación emocional, resolución de conflictos y apoyo específico para estudiantes con necesidades educativas especiales, son mucho más efectivas para reducir la violencia​​.

Sin embargo, en Chile, estas medidas aún son insuficientes o no se implementan correctamente. El Colegio de Profesores ha advertido que las condiciones laborales de los docentes y el deterioro del clima escolar tras la pandemia han generado un aumento en los conflictos​. A esto se suma que muchos docentes no cuentan con la formación ni el respaldo institucional necesario para enfrentar crisis de comportamiento en el aula.

Si realmente queremos escuelas más seguras, debemos dejar atrás la falsa dicotomía entre “buenos alumnos” y “alumnos violentos”. La violencia escolar no es un problema individual, sino una falla sistémica que requiere soluciones estructurales. Las escuelas necesitan más recursos, mayor apoyo en salud mental y mejor capacitación docente para abordar de manera efectiva y respetuosa los desafíos que enfrentan sus estudiantes.

Este caso no debería ser utilizado para endurecer políticas disciplinarias sin considerar la inclusión, ni para minimizar las graves consecuencias que la violencia escolar tiene para docentes y estudiantes. Más bien, debe impulsar una discusión basada en evidencia científica y en estrategias que realmente contribuyan a mejorar la convivencia escolar en Chile.

Es momento de que enfrentemos la violencia escolar con una mirada más profunda y con políticas que integren la educación, la salud mental y la justicia social, en lugar de respuestas parciales que solo perpetúan el problema.