
Asunto de interés púdico
Si involucrarse en una actividad política conlleva como riesgo la vulneración de la privacidad a este nivel, se crea un desincentivo de peso para que no participen en política personas que puedan contribuir a una mejor discusión pública.
Para el filósofo Charles Taylor, la salud mental de una sociedad depende de la calidad de sus conversaciones, algo que se ha puesto tristemente de relieve con las recientes filtraciones que transcriben de manera literal (algo que hay que subrayar) extractos de conversaciones privadas entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola.
Dejando de lado el carácter delictual de la filtración de contenidos de una investigación judicial, las inaceptables amenazas a las periodistas que las publicaron o las acusaciones de doble estándar para quienes no criticaron con igual fuerza casos anteriores, existen razones de peso para condenar este tipo de publicaciones a través de un medio de comunicación. En particular, cuando el caso se examina desde la perspectiva del bien público y su contribución o perjuicio a nuestra vida en sociedad.
En primer lugar, resulta cuestionable el supuesto interés público que justificaría la difusión de transcripciones descontextualizadas de conversaciones que, más que privadas, podríamos caracterizar de íntimas. Obviamente, su tono y morbo generan gran revuelo y traerán más de una consecuencia política, pero desde el punto de vista de la información es difícil justificar su pertinencia.
Siendo honestos, es evidente que esta publicación ha sido noticia no por revelar a la opinión pública las críticas internas en el oficialismo, o alguna otra novedad, sino por los adjetivos usados, la emocionalidad del intercambio y lo coloquial del diálogo. Y todo esto, a sabiendas del daño que causaría a las personas involucradas.
En segundo lugar, estas publicaciones favorecen la erosión y deslegitimación de la actividad política. Si involucrarse en una actividad política conlleva como riesgo la vulneración de la privacidad a este nivel, se crea un desincentivo de peso para que no participen en política personas que puedan contribuir a una mejor discusión pública. El desprestigio de la política se nutre de este tipo de hechos, con las evidentes consecuencias negativas para nuestra democracia.
En tercer lugar –aunque parezca paradójico–, el éxito de audiencia que alcanzan este tipo de publicaciones puede contribuir a la crisis que enfrenta la prensa, relacionada en gran medida con la irrupción de las redes sociales y el complejo desafío que plantean a los medios de comunicación. Si un medio de prensa considerado serio, profesional y ético reproduce los mismos patrones comunicativos de un intercambio por cualquier red social, ¿cuál es su valor diferencial?, ¿cómo convencer a las nuevas audiencias de que se informen por la prensa y no por Instagram o X?
Finalmente, aunque no sea un derecho reconocido constitucionalmente, cabe preguntarse por qué un medio nos “obliga” a enterarnos de algo que no constituye interés público, sino más bien púdico, sobre todo en tiempos de saturación informativa y de un menoscabo creciente de la confianza institucional, pero también interpersonal.
Por cualquiera de estas razones, parece claro que la calidad de las conversaciones no mejora con este tipo de decisiones editoriales, sumando –si seguimos a Taylor– otra mala noticia para nuestra alicaída salud mental.
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