Una nueva institucionalidad hídrica para Chile

Tal vez uno de los desafíos más estructurales que enfrenta Chile hoy es el impacto del cambio climático y sus efectos en los recursos hídricos. Las ciencia ha demostrado que la disponibilidad de agua dulce natural ha ido disminuyendo progresivamente,  junto con un legítimo y justificado aumento de la demanda, especialmente en ciudades y en sectores como la minería y la agricultura.

Aparentemente, esta situación es tan crítica que se hace muy necesario diseñar una política nacional de recursos hídricos que permita asegurar el consumo humano, potenciar nuestras actividades productivas más dinámicas y cautelar los necesarios equilibrios ecológicos en las cuencas.

Desde el sector de la infraestructura haremos algunas consideraciones que nos parecen relevantes.

La primera, es la necesidad de generar las condiciones para aprovechar mejor el agua que la naturaleza provee y, para ello, creemos que los embalses de regulación de tamaño menor en cada una de las cuencas (donde se justifique) son una solución plausible y de más fácil ejecución que obras mayores. Los proyectos de gran envergadura –siendo un aporte muy importante para el país– no generan la aceptación que deberían, demorándose más de la cuenta en su ejecución. Estas inversiones deberían ir acompañadas de infiltración y otras soluciones basadas en la naturaleza que, en muchos casos, han dado buenos resultados.

Un segundo camino a explorar con mayor intensidad es el reúso y la desalinización multipropósito, es decir, la que sirva tanto para potenciar algunas actividades productivas cuya rentabilidad permita aportar con una proporción del costo que significa el uso de esta tecnología y el consumo humano. La experiencias de Antofagasta y Copiapó deberían ser suficientemente potentes como para enseñarnos lo que se puede hace y lo que no.

Una tercera iniciativa que creemos importante es encontrar formas de incentivar a las empresas sanitarias –cuyo aporte a la calidad de vida de las personas y a la consolidación urbana es indiscutida–, con el objetivo de que propongan planes de inversión de largo plazo que den cuenta de las necesidades que se enfrentan en las ciudades y de las opciones que hay para resolverlas.

Es muy probable que eso suponga aumentos de tarifas, pero también existen formas de proteger a los sectores más vulnerables a través de subsidios cruzados que no supongan desembolsos mayores de parte del Estado.

Para asegurar que propuestas de esta naturaleza sean bien acogidas, creemos que es muy importante volver a pensar en la institucionalidad que rige al sector. Debe existir en el Estado un lugar institucional en que este tipo de iniciativas se puedan proponer, discutir, acordar y verificar que su implementación lo antes posible. El esquema institucional actual no da el ancho para este propósito. Por eso, hemos propuesto que se retome la discusión en el Congreso para la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos que integre estas y otras miradas de políticas, antes de que sea demasiado tarde.

Si bien la agenda siempre está centrada en asuntos urgentes, creemos que la celebración del Día Mundial del Agua es un buen momento para retomar estos temas, cuya discusión hace tanta falta por el bien del país.