La pena de muerte: ¿un debate moralmente válido?

En las últimas semanas, el debate sobre la pena de muerte ha resurgido en la sociedad chilena, especialmente en el contexto de campañas políticas donde la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema central.

En un escenario donde la violencia y el crimen organizado son percibidos como amenazas cada vez más graves, han surgido propuestas que buscan recuperar medidas drásticas, como la reinstauración de la pena capital, como respuesta al incremento de delitos violentos. Esta discusión, cargada de emociones y posicionamientos polarizados, ha reabierto un tema profundamente complejo.

La pena de muerte ha sido un tema hondamente debatido a lo largo de la historia. El castigo ha evolucionado de ser una expresión de justicia retributiva hacia una herramienta de control social, enfocada más en la prevención que en la restitución del daño causado. ¿Es moralmente aceptable seguir relegando el concepto de retribución a un segundo plano, cuando el sistema penal y político se ha alejado cada vez más de las necesidades reales de justicia de la sociedad?

Es indiscutible que el sistema penal moderno ha producido una desconexión entre la respuesta del Estado ante el crimen y las demandas de la ciudadanía. Las penas, ya no vistas como una respuesta justa y proporcional a los crímenes cometidos, se han convertido en meras herramientas burocráticas, gestionadas por intereses políticos partidistas.

De este modo, el castigo, en su dimensión ética y moral, ha sido desplazado por un modelo utilitarista cuyo objetivo principal parece ser administrar la criminalidad y no restaurar el equilibrio moral que un crimen quebranta.

Kant, en su reflexión sobre la pena de muerte en La metafísica de las costumbres, nos recuerda que el castigo debe ser una respuesta proporcional al crimen cometido, no un medio para alcanzar otros fines. Esta noción de retribución tiene un sentido profundamente moral y ético: no se castiga porque el crimen se pueda evitar o porque sea útil, sino porque el crimen mismo exige una respuesta proporcional, una restitución de la paz moral que se ha roto.

Michel Foucault, en su análisis sobre la evolución del castigo en Vigilar y castigar, nos muestra cómo la pena dejó de ser un acto público de retribución, para convertirse en una técnica de control disciplinario. Las sociedades modernas, ya no ven el castigo como una respuesta justa, sino como una necesidad funcional para el orden social.

La transición de una pena retributiva hacia una pena preventiva (disuasiva) no solo ha despojado a la justicia de su sentido moral, sino que ha contribuido a la desconexión de la ciudadanía con el sistema penal.

Los defensores de la pena de muerte sostienen que el castigo debe ser la retribución justa por el mal cometido, un acto que devuelve el orden y la equidad a la sociedad. Aquí, la pena de muerte no se justifica únicamente por su función de disuasión, sino por su capacidad de restaurar el equilibrio moral y social que el crimen ha alterado.

En este contexto, la pena de muerte se convierte en una respuesta simbólica y real, no solo para el individuo que comete el crimen, sino para la comunidad en su conjunto.

Es cierto que, en las sociedades contemporáneas, la eficacia preventiva de la pena de muerte es discutida. Los estudios sobre criminalidad no demuestran que la pena de muerte tenga un efecto disuasivo superior al de otras penas, como la cadena perpetua. Sin embargo, este dato no debe deslegitimarla en el ámbito moral, filosófico y sociológico. El hecho de que la pena de muerte no reduzca el crimen no significa que no tenga un valor simbólico y retributivo en la restauración del orden social.

Volver a poner en discusión la pena de muerte desde una perspectiva de justicia retributiva no es simplemente una cuestión de eficiencia en la reducción del crimen, sino una reflexión sobre el papel del castigo en la moralidad de la sociedad.

En tiempos de desorganización social, en que el sistema penal se ve atrapado en la burocracia y el interés político, es válido y necesario reivindicar la dimensión moral del castigo.

La pena de muerte, en este sentido, no debería ser desestimada como si fuera un vestigio del pasado, sino considerada como parte de una reflexión más profunda sobre la justicia, la respuesta moralmente coherente al daño causado y el papel del Estado en la restauración del orden social.