¿Dónde quedó la probidad?

La función de gobernar se traduce principalmente en la tarea de tomar decisiones que puedan promover el bien común y mejorar las condiciones de bienestar de las personas. Pese a ello, en muchas ocasiones, las decisiones no terminan aportando a dichos fines, sino que favoreciendo a quienes se encuentran en los círculos del poder.

Cada gobernante tiene la oportunidad de trazar su propio camino y fijar las prioridades que considere más urgentes, y, desde allí, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. En ese contexto, la integridad pública y sus herramientas se erigen como un mecanismo para asegurar que el contrato social propuesto se cumpla.

Los compromisos de campaña del Presidente Gabriel Boric ponían énfasis en la necesidad de contar con mayores herramientas contra la corrupción, una administración pública más moderna y con herramientas de inteligencia financiera que permitieran construir un sistema de prevención y sanción.

A tres años de gestión, las promesas de una agenda con resultados que fortalecieran la probidad administrativa parecen haber claudicado a las urgencias de la seguridad, el crimen organizado y las finanzas públicas.

La modernización del sistema notarial, el control civil sobre el financiamiento de las FF. AA., la extensión de los mecanismos de delación compensada en materia de corrupción, la ampliación de la acción penal en materia tributaria electoral o de libre competencia, la ampliación de facultades para la Unidad de Análisis Financiero o la tan olvidada reforma al empleo público, deberán seguir esperando.

En este momento, en que comenzamos a proyectar el legado de la actual administración, por qué no plantear el desafío de legar una democracia que se construya sobre la integridad de sus actores, o de un espacio de deliberación donde se privilegie el bienestar social, pero, fundamentalmente, instituciones que permitan a las personas tener garantías en cuanto a que quienes dirigen los distintos poderes del Estado están al servicio de todos los habitantes del país y no de sus propios intereses.