El Senado debilita al Estado frente al crimen organizado

El Senado de Chile, en las sesiones del 19 y 25 de marzo, ha desmantelado las capacidades de investigación eficaz de delitos económicos que se esperaba lograr con el proyecto de la Ley de Inteligencia Económica. Se ha rechazado que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Ministerio Público (MP) puedan acceder en forma controlada pero expedita a información protegida por el secreto bancario.

Esto es un retroceso fatal en la guerra contra el crimen organizado, que crece en nuestro país, alternando periodos de violencia y de expansión de mercados ilegales. Seguir la ruta del dinero, detectar el lucro criminal, incautar y reinvertir estos recursos en seguridad pública es la base de cualquier estrategia sostenible a largo plazo para combatir este flagelo.

La importancia de la inteligencia económica en la guerra contra el crimen organizado y el terrorismo es ampliamente reconocida en el mundo y es promovida tenazmente por organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Frente al deterioro de la seguridad pública y el incremento de la violencia ejercida por criminales transnacionales en Chile, el actuar del Senado es irresponsable y, en mi opinión, corrupto.

La esperada Ley de Inteligencia Económica se demoró dos años en su primer trámite constitucional en las comisiones de Seguridad y Hacienda, lo que parece excesivo en comparación con el frenético ritmo legislativo de la Agenda Pro Seguridad del este Gobierno.

El proyecto finalmente presentado a votación era bueno pero tímido. Proponía un avance menor pero significativo en las capacidades de investigación de delitos económicos, permitiendo levantar el secreto bancario sin orden judicial solo en casos muy acotados: personas jurídicas y funcionarios públicos que estuvieran siendo investigados por sospechas fundadas de lavado de dinero o que tuvieran reportes de operaciones sospechosas emitidos por sus bancos. Para cualquier persona natural, la inmensa mayoría de los chilenos, seguiría siendo necesaria una orden judicial.

Estos dos años de trabajo legislativo, negociación y espera fueron desmantelados en solo dos sesiones con quórum lamentable: de 50 senadores, solo 31 votaron en la primera y 37 en la segunda, con resultados definidos por 1, 2 o 3 votos. Y no es la primera vez que ocurre algo así en materias que tocan la investigación de delitos económicos.

Artículos que habrían permitido acceso eficaz a información financiera para investigaciones relacionadas con el crimen organizado han sido eliminados por el Senado en la tramitación de cuatro leyes recientes: la Ley Contra el Robo de Madera (2022), modificaciones al Código Penal para tipificar estos delitos (2022), la Ley contra el Crimen Organizado (2023) y la Ley contra Delitos Económicos (2023).

El Senado solo permitió flexibilizar el secreto bancario en la Ley de Cumplimiento Tributario (2024), pero exclusivamente a favor del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo no autónomo que ha encubierto y condonado delitos económicos de la elite económica y política desde la recuperación de la democracia.

Este patrón de comportamiento y la falsedad de los argumentos que se esgrimen para justificarlo –nadie revisará sus cuentas de supermercado, la UAF, CMF y MP son organismos independientes del Gobierno, etc.– generan sospechas cada vez más fundadas respecto a intereses económicos ocultos en el Senado. Aunque es difícil realizar un cálculo certero, porque no transparentan todos sus gastos, es evidente que los números no cuadran.

Una campaña senatorial cuesta aproximadamente 280 millones de pesos y el servicio electoral reembolsa en promedio 15 millones a los candidatos, dependiendo de los votos recibidos. La dieta de un senador –7 millones– es alta para un chileno común, pero es bastante más baja que los 20 millones mensuales que gana en promedio el 1% más rico de Chile, y muchísimo menor a lo que ganan multimillonarios que aportan a sus campañas.

Las asignaciones de representación –20 millones– alcanzan apenas para pagar los sueldos de sus equipos, en promedio 10 personas, y además deben cubrir gastos en viajes, consultorías externas, donaciones a partidos y think tanks, etc.

En suma, no tenemos cómo saber exactamente cuánto gastan y les conviene que siga así, porque de lo contrario tendrían que explicar de dónde sacan el dinero que les falta y cómo esconden esas platas negras. Exactamente el tipo de operaciones que podríamos haber descubierto con una Ley de Inteligencia Económica antes de ser desmantelada, porque son funcionarios públicos y deberían estar sujetos a mayores estándares de probidad y transparencia que la mayoría de ustedes.

Como profesor de una universidad del Estado, yo soy funcionario público y me sometería con gusto a este estándar, porque la alternativa implica perder la guerra contra el crimen organizado.

Chile ha crecido en promedio un 2% anual los últimos 5 años, pero la economía criminal crece al menos diez veces más rápido, sobre un 20%. Es imposible realizar un cálculo preciso, pero considerando la expansión de crímenes relacionados con los principales mercados ilegales en Chile –drogas, prostitución, armas, robo de madera y receptación–, esta estimación es conservadora.

Tampoco se conoce exactamente el tamaño de la economía ilegal en Chile. La ONU estima el lavado de dinero entre 2% y 5% del PIB mundial. Considerando las características de América Latina, la posición de Chile como hub financiero y discusiones con expertos, estimo que la economía criminal asciende al menos a 4% del PIB nacional. Esto equivale al presupuesto combinado de todas las regiones y municipalidades de Chile o a cuatro veces el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Si los mercados ilegales siguen creciendo al ritmo actual, la economía criminal superaría el presupuesto total del Estado (24% del PIB) en solo 10 años. Además, el crimen organizado destina una mayor proporción de sus recursos a ejercer violencia. En Chile se gasta 1,6% del PIB en defensa, 1,4% en Seguridad Pública y 1% en Seguridad Privada. Es decir, el poder económico criminal está en vías de alcanzar y superar el conjunto de poderes económicos públicos y privados que lo combaten.

Si este equilibrio se invierte, alcanzaremos un umbral irreversible de aumento descontrolado de la violencia y la corrupción. En la historia reciente de América Latina, esto ha ocurrido en Ecuador, Venezuela, El Salvador, México, Colombia y Nicaragua, con terribles consecuencias.

La dimensión económica de la seguridad pública exige reconocer que las guerras se ganan con plata, para comprar plomo, a largo plazo y en forma sostenible para el Presupuesto Nacional. Ganar la guerra contra el crimen organizado depende de mantener un equilibrio de poder económico en favor del Estado, para garantizar el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un contexto de crecimiento acelerado de la economía criminal.

En consecuencia, es urgente modernizar las capacidades del Estado para detectar, incautar y reinvertir activos criminales en seguridad pública y prevención del delito.

Por estas razones, el mundo desarrollado avanza rápidamente hacia un estándar de vigilancia económica basado en el análisis en tiempo real de transacciones anónimas con inteligencia artificial. Si se detecta un grupo de entidades cuya identidad se desconoce, que realizan transacciones recíprocas excesivamente frecuentes, surge la sospecha fundada de que están ejecutando estrategias de lavado de dinero o de evasión de impuestos. Con esta evidencia se puede solicitar a un juez que abra una investigación. Hasta ese momento, la información personal está totalmente protegida.

En Chile, la Unidad de Análisis Financiero tiene apenas 78 funcionarios, analizando migajas de información y asumiendo una carga burocrática excesiva para levantar el secreto bancario de criminales conocidos, caso a caso. Si siguiéramos las recomendaciones del GAFI, podríamos usar información económica para prevenir delitos, no solo para demostrar que los crímenes cometidos generaron ingresos. Además, con la incautación de estos activos podríamos incrementar la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.

Actualmente, se detecta una cantidad de dinero ilegal equivalente al 0.02% del PIB, una cantidad ínfima comparada con un volumen de dinero criminal al menos 200 veces mayor. En Estados Unidos, con tecnologías de punta para el análisis masivo de datos anónimos con inteligencia artificial, se logra detectar e incautar cerca de un 0.1% del PIB. La tarea es enorme.

Sin inteligencia económica eficaz no hay esperanza de mantener el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, ni ganar la lucha contra la corrupción. El Senado está regalando el futuro de Chile al crimen organizado.