¿Boom de delitos sexuales en Chile?

En los últimos tiempos, diversos casos han capturado la atención pública debido a la relevancia de los involucrados, como el del ex subsecretario Manuel Monsalve, el futbolista y ex seleccionado nacional Jorge Valdivia y el del reputado actor Cristián Campos, lo que parece evidenciar una especie de “boom” de delitos sexuales en Chile, o mejor dicho un “boom” de denuncias por delitos sexuales en nuestro país.

Si observamos otras latitudes, nos podemos dar cuenta que este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. A nivel internacional, también hemos sido testigos de casos altamente mediáticos que involucran a celebridades de diversos ámbitos, tales como Harvey Weinstein, Dani Alves, Sean Combs y Kevin Spacey, entre otros.

Sin embargo, es necesario aclarar algo fundamental: no es que los delitos sexuales hayan aumentado exponencialmente en los últimos años en nuestro país o en el mundo, sino que la forma en que la sociedad y la justicia los investigan, juzga y sancionan ha cambiado drásticamente. Este giro responde a una transformación socio-cultural que ha llevado a una premisa clave que parecía olvidada “nadie está por sobre la ley”. Toda persona denunciada por un delito sexual debe ser investigada, sin importar su posición, influencia o estatus de celebridad.

No obstante, este cambio de paradigma no puede hacernos perder de vista otro principio esencial del derecho penal, la presunción de inocencia. Mientras una persona no haya sido condenada mediante una sentencia firme y ejecutoriada, no corresponde anticipar una condena mediática, muchas veces más dura y cruel que la penal, dado que debe ser tratada como inocente. En este sentido, la cultura de la “cancelación” y la funa social, que muchas veces operan al margen de los procesos judiciales, pueden generar consecuencias devastadoras e irreparables para personas que, con el tiempo, resultan ser inocentes o cuyas acciones no constituían delito, como ocurrió con Kevin Spacey. Es imperativo que existan mecanismos de reparación para quienes han sido acusados injustamente, ya sea mediante indemnizaciones patrimoniales o retractaciones públicas por parte de los medios de comunicación.

Este escenario nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de equilibrar la persecución penal con medidas alternativas en casos de menor lesividad como por ejemplo el de la futbolista Jenni Hermosso en España, caso en el cual la condena social ha sido con creces superior a la condena penal. A mi juicio, en situaciones donde el daño no implique violencia grave, la ley y el Ministerio Público podría fomentar soluciones diversas, tales como disculpas públicas y cursos de sensibilización en perspectiva de género, en lugar de apostar exclusivamente por sanciones punitivas. Este enfoque no solo garantizaría justicia para las víctimas, sino que también contribuiría a una prevención más efectiva de estos delitos en la sociedad.

En definitiva, el auge de las denuncias por delitos sexuales en Chile y el mundo representa una oportunidad para fortalecer nuestro sistema de justicia, asegurando que nadie esté por sobre la ley, pero también evitando excesos que atenten contra principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la reparación para quienes han sido injustamente acusados. Es momento de buscar soluciones que combinen justicia, prevención y proporcionalidad.