En medio de un porfiado centralismo, algunos brotes verdes de descentralización

La historia de Chile es la construcción paulatina y sistemática de un país centralizado que se expresa en la dimensión demográfica –Santiago concentra más del 40% de la población–, la matriz económica –en la capital se genera la mayor parte del PIB– y el quehacer social y cultural. A ello se agrega que Santiago es el centro político administrativo de nuestro país.  

La fuerza arrolladora del proceso centralizador ignoró numerosas voces que anticipaban sus excesos. Entre estas, las políticas homogéneas para un país diverso, las inequidades territoriales en presupuestos ministeriales, los desiguales indicadores de calidad de vida y la frustración en las comunidades locales afectadas por la partida obligada a la capital de sus hijas e hijos talentosos. En suma, un país que arrastra una pesada mochila que le dificulta avanzar hacia un pleno desarrollo.

La conmemoración del Día de las Regiones nos invita a recordar todas las iniciativas y cientos de personas que por años se atrevieron a denunciar los males del centralismo y proponer un ordenamiento político administrativo más equilibrado, que reconozca las capacidades técnicas locales y la legitimidad y justicia de la demanda regional.

En años recientes, la acción de las municipalidades y los emergentes gobiernos regionales, cargados de funciones e insuficientes recursos, a través de la ACHM y Agorechi, han fortalecido las voces que claman por mayor protagonismo en la función pública y la conducción de los destinos de sus comunidades. Al asumir, el Presidente de la República declaró que al término de su gobierno debía tener menos poder que cuando entró. Una promesa que se mantiene en esa condición. 

La Subdere inició en 2024 el proceso de formulación de la Política Nacional de Descentralización, que incluyó jornadas regionales en las que las universidades fueron el espacio de encuentro, debate y propuestas. El objetivo es constituir una Política de Estado en estas materias con un horizonte de diez años. Hasta ahora dos son los productos generados.

Uno es el informe de los procesos participativos y  el otro la propuesta del comité de expertos y expertas. Dos documentos que, si bien distintos e igualmente valiosos, dan cuenta de los dolores que provoca el centralismo y también de los anhelos de cambio que recorre Chile de norte a sur, de cordillera a mar.

El informe del proceso participativo sistematiza las principales medidas, percepciones, orientaciones, visiones compartidas y propuestas formuladas por más de cinco mil personas a lo largo de todo el país. Cabe destacar que las universidades regionales participaron activamente en estas iniciativas, particularmente en las activas jornadas que se realizaron en sus espacios académicos. 

El segundo producto es el informe del comité de expertos y expertas, de una naturaleza distinta, pues evidencia que las personas que participaron en su elaboración han estado en la gestión pública y/o cuentan con fuertes conocimientos y experiencia en el tema. Así, las propuestas que contiene, en formato de documento de política, expresan gran profundidad e incluyen referencias a instrumentos legales e institucionales que debieran ser creados o reformados, definiendo en cada caso el horizonte de concreción de corto, mediano o largo plazo.

Los especialistas, varios(as) de los(as) cuales forman parte de la comunidad académica de universidades regionales, abordan muy diversos ámbitos de la descentralización y presentan de manera clara el problema o desafío a resolver, apoyan sus propuestas en experiencias internacionales y, en general, incorporan una cuota de realidad, evitando caer en maximalismo. Sin lugar a dudas, el documento constituye un manual de referencia para abordar el eje centralización-descentralización en el caso chileno.

Solo falta saber cuándo la Subdere hará entrega del documento definitivo que debiera nutrirse al menos de los dos insumos ya indicados. Sin embargo, trazar un plan de ruta es solo el comienzo, lo importante es iniciar la implementación de los cambios para una real descentralización política, administrativa, fiscal y el fortalecimiento de las capacidades y condiciones institucionales, siguiendo el esquema de trabajo planteado por la Subdere. 

Al observar el paisaje institucional, político y social del país, se observan nítidamente cuatro agentes de desarrollo de las comunidades, territorios y de la descentralización que deben ser objeto principal de esta política. 

En primer lugar, los Gobiernos Regionales y Municipalidades que deben ser fortalecidos en sus capacidades administrativas, competenciales, financieras y políticas. Naturalmente la figura de la Delegación Presidencial debiera ser abolida o reducida a la simple representación simbólica de la Presidencia nacional. Lo importante es que la dirección y gestión del desarrollo regional y local quede radicado a ese nivel y no en instancias centrales.

El aparato público desconcentrado, constituido por las Seremi y direcciones regionales de servicios públicos, debe ser rediseñado, por ejemplo, traspasando paulatinamente direcciones regionales, con capacidad ejecutiva, a la autoridad del Gobierno Regional. En tanto que las Seremi deben abocarse a apoyar la coordinación entre políticas nacionales y regionales.

El sector productivo que en regiones genera riqueza, empleo, exportaciones, paga impuestos y otros. De la mano de los Gore y sus políticas debe transitar desde la simple explotación de ventajas comparativas a otra promotora de ventajas competitivas. Esto puede institucionalizarse en pactos productivos –acuícolas, forestales, mineros, hortofrutícolas– que comprometan el apoyo público en su desarrollo y a las empresas con las comunidades de su entorno. 

Las universidades regionales que forman personas con capacidades técnicas y valores, hacen investigación y tienen una permanente y estrecha vinculación con su entorno. La política nacional de descentralización debe reconocer los diferentes contextos en que se hace universidad, generando mecanismos y estímulos para emparejar la cancha, que implica mayor apoyo a instituciones insertas en regiones con menor desarrollo, distante de los centros metropolitanos, que por menor población y mercado no alcanzan a beneficiarse de economías de escala. La corrección regional debe aplicarse a los aranceles, fondos para investigación, extensión artístico cultural y para vinculación con el medio.

Desde la Agrupación de Universidades Regionales reiteramos nuestra disposición a seguir avanzando en estos desafíos. Los principales agentes del progreso de nuestras regiones y territorios debemos actuar sobre los temas que nos competen, ser parte activa y aportar, mancomunadamente, a los procesos y herramientas que nos conduzcan a la real y urgente descentralización.