Invirtamos parte de los fondos previsionales en préstamos para la vivienda

Expresamos en El Mostrador, el 10 de junio de 2024, que el régimen de AFP “ha demostrado ser un eficaz sistema de reparto del ahorro de los trabajadores que cotizan entre los grandes conglomerados empresariales, únicos destinatarios legales, según el artículo 45 DL 3.500, de las inversiones de aquel ahorro”.

Este sistema seguirá siendo abusivo, si “nuestra plata” registrada en las cuentas individuales de las AFP –ahora aumentada del 10% al 16% de las remuneraciones imponibles por la reforma previsional– continúa siendo invertida, exclusivamente, de aquella manera durante toda nuestra vida laboral con total incertidumbre de su rentabilidad hasta el día de la jubilación.

Por otra parte, resulta una afrenta al país y a su economía que el 50,4% de los fondos previsionales se invierta en el extranjero, haciendo crecer empresas y dando trabajo fuera de Chile. O sea, desnacionalizando la inversión de la única plata fresca que tiene Chile y que corresponde al ahorro conjunto de sus habitantes que cotizan.

Agreguemos que el 16% de cotización será un 60% más de dinero que el recaudado mensualmente hoy día. Y para obtener una mayor rentabilidad, las AFP, obviamente, incrementarán la inversión en instrumentos financieros más riesgosos con una evidente preferencia a efectuarla en el extranjero, dado el tamaño actual del mercado financiero chileno y la imposibilidad –por decisión política– de hacerlo en empresas que atienden nuestros servicios básicos o, bien, en el desarrollo de industrias en las cuales Chile tiene inmensas ventajas comparativas.

Resulta, además, incoherente con otras realidades como la carencia de los bancos para otorgar préstamos habitacionales a tasas razonables, cuestión que, a su vez, es causa y consecuencia del grave estancamiento en el sector de la construcción. Así lo reafirman dirigentes gremiales del sector.

Observamos, también, la alta preocupación del Presidente y del ministro de la Vivienda por destrabar este nudo en la construcción, que amenaza la promesa de levantar 260 mil viviendas en los 4 años de su Gobierno.

Resolver estas problemáticas coincide con nuestra concepción en orden a que cualquier sistema previsional requiere que sus cotizantes lo sientan, si no propio, al menos, cercano. La confianza no se alcanza con un autopréstamo de 30 UF. La alternativa que proponemos es invertir una parte de los fondos previsionales en beneficio de quienes son, precisamente, sus dueños(as): por ejemplo, mediante el otorgamiento –como lo insinuamos– de préstamos habitacionales con tasas de interés y plazos razonables.

Sin duda, constituye un incentivo a cotizar para quienes no lo hacen, porque trabajan informalmente o por cuenta propia. Igualmente, para los y las dependientes a no eludir el pago de las cotizaciones, muchas veces en complicidad con sus empleadores. Además, se avanzaría en disminuir las lagunas previsionales y en reducir la cobranza de aquellas que están impagas.

Con estas motivaciones propusimos a las autoridades de Gobierno –sin tener respuesta hasta ahora– que el Presidente ejerza su iniciativa exclusiva, enviando un proyecto de ley, cuyo tenor contenga las siguientes ideas centrales:

1. Destinar una parte de los fondos previsionales a inversiones que beneficien a los propios cotizantes, mediante préstamos habitacionales, sin descartar que a futuro se otorguen para satisfacer otras necesidades sociales.
2. Los préstamos serán gestionados por los bancos comerciales, entidades financieras autorizadas y/o por el Banco Estado. Serán en UF más un interés asegurado –proponemos– equivalente a la rentabilidad promedio de los fondos previsionales invertidos en el mercado de capitales en los últimos 3 años y nunca superior a 3 %.
3. Al monto de los dividendos mensuales del préstamo –más seguros y comisiones– se sumará el cobro de las cotizaciones previsionales de dependientes e independientes y el banco las integrará a los organismos previsionales correspondientes. Los bancos percibirán de estos el precio por la gestión.
4. La ley establecerá el modo de asignar un porcentaje del saldo mensual de los fondos previsionales para destinarlos a los préstamos, los que se acumularán y administrarán en un “subfondo” que cada AFP abrirá al efecto. El subfondo será esencialmente “rotativo”: recibirán de los bancos las sumas que corresponda por concepto de dividendos mensuales que recauden.
5. Los bancos accederán al subfondo en virtud de convenios con la respectiva AFP. Dichos convenios serán autorizados por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.
6. Tendrán derecho a los préstamos habitacionales solo las personas que coticen regularmente como dependientes o independientes y cumplan los requisitos o condiciones en que se otorguen. Podrán optar, también, quienes pretendan una “segunda vivienda” de descanso o como renta.
7. Las AFP, actuarían, pues, como un “banco de segundo piso”.
8. Los recursos correspondientes al subfondo, mientras no se ocupen en otorgar préstamos a los y las cotizantes, se invertirán en los mismos instrumentos de corto o mediano plazo que el resto de los dineros que administran las AFP, dando preferencia a inversiones en el país.

Entre las ventajas adicionales de nuestra propuesta distingamos estas:

1. Permitirá reorientar y fortalecer ciertas actividades económicas en función de la nueva demanda que surgirá. Por ejemplo, la construcción y el financiamiento bancario de las viviendas que las personas necesitan, especialmente las clases medias y los y las jóvenes.
2. Otorgar créditos a las personas que laboran por cuenta propia será un atractivo para que coticen.
3. Comprar su casa propia a quien inicia la vida laboral es un incentivo evidente para no eludir el pago de cotizaciones. Por ejemplo, si lo hace a los 25 años con un crédito a largo plazo, financiado con recursos del subfondo, le permitirá, al momento de jubilar, junto con recibir su pensión –buena, regular o mala– haber adquirido una vivienda. Con toda probabilidad, le será tanto o más rentable que obtener su jubilación con la incierta rentabilidad de fondos invertidos en el mercado financiero.
4. Otorgarle más sentido social a la Seguridad Social mediante un mecanismo de solidaridad efectivo en la inversión de los fondos de pensiones y no solo hacerlos jugar en las bolsas de comercio.