¿Un Ministerio de Seguridad Pública: una nueva idea?

“¡Tenemos Ministerio de Seguridad Pública! Una idea que se discute desde el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, que ha pasado por distintas administraciones y que ahora vemos materializada gracias a la unidad de distintos sectores políticos”, celebraba el Presidente Gabriel Boric el 27 de enero, al promulgar la ley. 

La creación o transformación de un ministerio implica, por un lado, adoptar un marco conceptual que identifique y defina un problema y, por otro, llevar a cabo un (re)diseño institucional y burocrático para abordarlo.

Reconfigurar un ministerio no solo materializa un conjunto de principios y objetivos de un Gobierno o coalición, sino que también refleja un consenso más amplio dentro de la clase política en un contexto democrático. Este proceso responde a una demanda social que, en determinado momento, adquiere relevancia y busca consolidarse como una política de Estado con proyección más allá de una administración en particular.

La creación de un ministerio es, en sí misma, una idea instalada históricamente en la clase política chilena como mecanismo para enfrentar problemas sociales mediante un proceso de cambio gradual. Este enfoque ha llevado a que Chile ocupe actualmente el tercer lugar en América Latina en cantidad de ministerios, con un total de 25, solo por debajo de Brasil (38) y Venezuela (34).

En contraste, Uruguay cuenta con 14 ministerios, mientras que en Argentina el presidente Javier Milei redujo su número a 8, tras fusionar varias carteras. Es interesante notar que, a pesar de estos recortes, el Ministerio de Seguridad Pública argentino logró mantenerse, evitando su desaparición en la drástica reestructuración llevada a cabo por la administración actual.

Podemos identificar dos grandes olas en la creación de ministerios en Chile, las cuales han sido impulsadas por factores nacionales e internacionales. La primera tuvo lugar en la década de 1920, cuando el Estado buscó absorber y gestionar los problemas derivados de la cuestión social y los procesos de modernización. En este contexto, surgieron ministerios como el de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo (1924) y el de Fomento (1927). Durante este período, se crearon o modificaron un total de seis ministerios, reflejando la intensa transformación social y política de la época.

La segunda ola de creación ministerial ocurrió en la década de 2010, con la incorporación de otros seis ministerios adicionales. Con la reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública, esta cifra asciende a siete, consolidando una tendencia hacia la expansión y especialización del aparato estatal en respuesta a nuevas demandas sociales.

En las demás décadas, la variabilidad fue significativamente menor, con la creación de solo uno a tres ministerios. A la luz de estos datos, podemos confirmar que nos encontramos en un contexto de cambio societal o de modernización. A partir de esto, es posible señalar que un terreno fértil para la creación de ministerios requiere ciertas condiciones contextuales que incentiven a los políticos a adoptar la idea para atender problemáticas específicas o, al menos, enviar una señal a la ciudadanía de que se están abordando sus problemas.

La creación de un Ministerio de Seguridad Pública no siguió un camino distinto al de otros ministerios creados en la última década en Chile. La formación de nuevos ministerios parece ser un proceso de maduración gradual que se apoya en una institucionalidad preexistente y que, ante una crisis o ventana de oportunidad, logra posicionarse en la agenda política.

Así ocurrió, por ejemplo, con el Ministerio del Medio Ambiente, que tuvo su origen en la Conama, una institucionalidad que, debido a sus limitaciones, fue elevada a rango ministerial en 2005 y finalmente consolidada en 2010. Un proceso similar se observa con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que comenzó en los años noventa como un servicio y adquirió rango ministerial en el contexto de grandes movilizaciones nacionales e internacionales.

El Ministerio de Seguridad Pública siguió una trayectoria comparable. Su discusión comenzó en 2005, como consecuencia de las reformas constitucionales de ese año y, más tarde, la expresidenta Michelle Bachelet incluyó su creación en su programa de gobierno, presentando un proyecto de ley en 2006.

Sin embargo, durante su tramitación en el Congreso, el proyecto fue modificado, resultando en la transformación del Ministerio del Interior, con la incorporación de la dimensión de seguridad, en lugar de la creación de una cartera independiente.

El expresidente Sebastián Piñera retomó la idea al presentar un proyecto de ley en el Senado en septiembre de 2021. No obstante, aunque la seguridad fue uno de los ejes de su programa, la creación de un ministerio específico no figuraba entre sus principales medidas.

Tampoco fue un tema central en la comisión convocada en marzo de 2021 para tratar la seguridad pública, integrada por parlamentarios, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que dio origen al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Aunque no logró aprobarlo durante su Gobierno, el trámite continuó bajo la administración del Presidente Boric.

En el programa de Boric, la creación del ministerio se mencionaba en el marco de la reforma policial, proponiendo una “nueva institucionalidad”, con una cartera más técnica bajo el nombre de “Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana”. En otras palabras, la idea de separar seguridad del Ministerio del Interior ya se había ido consensuando transversalmente en todos los sectores políticos.

En definitiva, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública no es una idea nueva, sino una propuesta que ya contaba con un amplio consenso. Se podrá debatir respecto a los diferentes diagnósticos y alcances para abordar la seguridad pública, pero lo cierto es que, desde hace bastante tiempo, existía coincidencia en la necesidad de una repartición burocrática específica para enfrentar este problema.

Sin embargo, su aprobación requiere una ventana de oportunidad que cualquier político aprovechará, incluso si los detalles del proyecto no coinciden completamente con sus ideas iniciales. En estos procesos, más allá de la racionalidad técnica, prima el peso simbólico y el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía. Tema que sin duda será central en las elecciones presidenciales en Chile este año. Las ideas importan, sí, pero necesitan su momento para materializarse. 

• Esta columna de opinión se escribe en el marco del FONDECYT REGULAR N° 1220123 (ANID).