“Y serán desplayados”: una larga historia de conflictos entre industria y pesca artesanal

El 17 de febrero de 1969, tres barcos industriales que pescaban en aguas cercanas a la caleta Cocholgüe, al norte de Tomé, en la Región del Biobío, fueron sorprendidos por cinco embarcaciones de pesca menor, que enarbolaban sus herramientas como instrumentos de batalla. A continuación, otros 45 botes se sumaron a la confrontación, tomando de “rehén” a cinco embarcaciones de apoyo utilizadas para sujetar las redes. En pocos segundos, la lucha campal estalló, con remos, palos y cordeles usados como armas de guerra.

Este episodio histórico conocido como la “Batalla de Cocholgüe”, es parte de nuestra investigación histórica enfocada en la conflictiva relación que existió en torno al uso de las playas y el mar entre propietarios litorales, pescadores artesanales e industriales y las autoridades en Chile. Problemas que se remontan a más de cien años en nuestra historia, siempre relacionados con cambios en la legislación que han beneficiado el desarrollo de la industria por sobre la actividad de la pesca artesanal.

En nuestro estudio “Y serán desplayados. Recorrido histórico sobre los bienes comunes, pescadores artesanales y control legal del litoral en Chile”, constatamos que, desde tiempos inmemoriales, los pescadores han ejercido derechos de ocupación y explotación sobre playas y mares, disfrutando de su libre uso para la protección y el atraque de sus embarcaciones, la comercialización y el envasado del pescado, así como el mantenimiento, almacenamiento y preparación de sus equipos. Además, estos espacios les servían como vivienda.

En el Archivo Nacional, por ejemplo, se conservan numerosos juicios iniciados por los pescadores para defender sus derechos de uso sobre los bienes marítimos y costaneros. El Código Civil, promulgado el 14 de diciembre de 1855, ratificó estos derechos, estableciendo que los pescadores podían utilizar las playas para la pesca, construir cabañas, sacar a tierra sus embarcaciones y utensilios, además de secar sus redes y almacenar el producto de su labor.

Sin embargo, en 1907, la primera Ley de Pesca marcó un punto de inflexión al permitir que el Presidente de la República arrendara, por un máximo de veinte años, playas o partes del mar. Además, autorizó la subasta pública de hasta la mitad de los bancos de moluscos, con la obligación de renovarlos, y estableció el pago de primas por tonelada de peces y mariscos frescos, así como el uso de la pesca de arrastre.

Esta legislación generó un profundo malestar entre los pescadores, quienes denunciaron que se otorgaban facilidades a personas ajenas al oficio, mientras ellos veían restringidos sus derechos. Expresaron su indignación afirmando que “se ejercía presión contra la libertad de embarque de pescados y mariscos” y exigieron el fin de lo que consideraban una persecución sistemática contra su gremio.

En 1927, el Decreto con Fuerza de Ley N.º 7912 encargó al Ministerio de Marina la vigilancia de playas y mares, convirtiéndolo en el ente fiscalizador de las actividades pesqueras tradicionales, como ocurre hasta hoy. Esto incluyó la facultad de reubicar a los pescadores que vivían dispersos en caletas aisladas o en terrenos privados sin supervisión, limitando así el acceso de las comunidades ancestrales a las playas que históricamente habían ocupado o desplayando a los pescadores artesanales, según el término acuñado por el diputado Malaquías Concha en 1904, al que hace referencia el título de la columna.

Más tarde, en 1960, el Decreto con Fuerza de Ley N.º 266 estableció una serie de incentivos fiscales para fomentar la industrialización de la explotación marítima. Entre los beneficios se incluyó la reducción o exención de impuestos, así como la liberación de derechos de internación para maquinaria, embarcaciones y combustibles destinados a la industria pesquera.

La Corporación de Fomento (Corfo) otorgó créditos y capital especial para fortalecer las actividades empresariales, y cuando el fenómeno de El Niño de 1965 puso en peligro la industria, el Estado rescató a los empresarios pesqueros, siendo esta ayuda crucial en momentos de crisis para evitar un colapso total del sector.

Fue así como, a lo largo de los años, estas legislaciones debilitaron progresivamente los derechos de los pescadores artesanales, favoreciendo la rentabilidad de los empresarios. Las industrias comenzaron a ingresar con sus embarcaciones a zonas antes reservadas para la pesca artesanal, disputando y depredando los recursos marítimos. Este contexto dio lugar a episodios de resistencia, como la denominada “Batalla de Cocholgüe”.

Desde entonces los pescadores han permanecido en alerta, exigiendo la restitución de sus derechos ante una serie de leyes que han favorecido la expansión industrial y la depredación del mar en detrimento de sus prácticas ancestrales, conflictos que siguen presentándose hasta nuestros días.