La prevaricación: una traición al Estado de Derecho

La prevaricación, entendida como la emisión de resoluciones manifiestamente injustas por parte de un juez o autoridad, constituye una de las más graves traiciones al Estado de Derecho. Este delito, más allá de sus implicancias legales, tiene profundas repercusiones sociales, políticas y éticas, socavando la confianza en las instituciones judiciales y erosionando los cimientos mismos de una sociedad democrática.

En la legislación chilena, la prevaricación se define como el delito que comete una autoridad, funcionario público o juez al dictar resoluciones o llevar a cabo acciones arbitrarias o injustas, a sabiendas de que son contrarias a la ley. Se distinguen principalmente dos tipos de prevaricación:

Prevaricación judicial: se refiere a las acciones de jueces y fiscales que dictan resoluciones manifiestamente injustas, con pleno conocimiento de su ilegalidad. Esto incluye fallar a sabiendas contra ley expresa y vigente en causa civil o criminal.

Prevaricación administrativa: este tipo de prevaricación se aplica a empleados públicos no judiciales que dictan providencias o resoluciones manifiestamente injustas en negocios contenciosos administrativos o meramente administrativos. Está penada como abuso de poder por parte de funcionarios.

Por ejemplo, si un fiscal o funcionario filtra intencionalmente antecedentes para perjudicar a una persona, favorecer a otra u obtener beneficios políticos o personales, podría constituir prevaricación.

Es importante señalar que la prevaricación es un delito complejo y su detección y sanción pueden ser difíciles. ¿Estamos, respecto a las acciones recientes del fiscal Cooper, ante un caso de esta naturaleza? Sería aventurado afirmarlo. Antes, es necesario demostrar que el fiscal actuó con conocimiento de la ilegalidad de su acción y con la intención de causar un perjuicio.

Por eso es útil clarificar conceptos para poder combatir este problema y así fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la justicia en América Latina.

Cuando un juez o un funcionario judicial prevarica no solo incumple su deber de imparcialidad, sino que también convierte la justicia en un instrumento de arbitrariedad. Las víctimas de tales decisiones se ven privadas de un derecho fundamental: el acceso a una justicia justa y objetiva. Este tipo de conducta judicial deja en evidencia que la ley, lejos de ser un pilar inamovible, puede ser manipulada por intereses personales, políticos o económicos.

Además, la prevaricación amplifica las desigualdades en el sistema judicial. Las personas con menos recursos son las más vulnerables, ya que no tienen los medios para contrarrestar decisiones injustas o buscar alternativas legales. Este desequilibrio mina la equidad, uno de los principios rectores de cualquier sistema judicial moderno.

La prevaricación no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que tiene un efecto dominó en la vida social y política de un país. Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones judiciales son injustas o están influenciadas por factores externos, se genera un ambiente de desconfianza hacia las instituciones.

Esta pérdida de credibilidad no se limita al sistema judicial; se extiende a todo el aparato del Estado, debilitando la legitimidad de sus políticas y decisiones.

En el ámbito político, la prevaricación puede ser utilizada como herramienta de persecución o protección. Jueces que favorecen a determinados sectores políticos o económicos contribuyen a la polarización social y al deterioro del debate público. En casos extremos, la instrumentalización de la justicia puede derivar en un autoritarismo encubierto, donde el Poder Judicial deja de ser un contrapeso para convertirse en cómplice de intereses ajenos al bien común.

La prevaricación no solo desacredita al juez responsable, sino que mancha a toda la institución judicial. La confianza pública en los tribunales es esencial para la estabilidad de una sociedad; sin ella, el sistema colapsa bajo el peso de la sospecha y el escepticismo. La percepción de que la justicia es selectiva o corrupta fomenta la impunidad, alimentando la frustración ciudadana y, en última instancia, el descontento social.

Por otra parte, este tipo de actos debilita el compromiso ético de otros actores judiciales. Cuando se tolera la prevaricación o no se sanciona con firmeza, se envía un mensaje peligroso: que la ley puede ser manipulada sin consecuencias reales. Esto genera un círculo vicioso en el que la justicia deja de ser un espacio de resolución para convertirse en un terreno de disputa arbitraria.

Combatir la prevaricación requiere acciones decididas y ejemplares. En primer lugar, es fundamental reforzar los mecanismos de supervisión y control dentro del sistema judicial, asegurando que los jueces rindan cuentas de sus actos. Además, es crucial promover una cultura de ética y responsabilidad profesional en los operadores de justicia, subrayando que su función es servir al interés público y no a intereses particulares.

El castigo a los actos de prevaricación debe ser contundente, no solo como medida correctiva, sino también como un mensaje claro de que la corrupción judicial no tiene cabida en un Estado democrático. Los ciudadanos, por su parte, deben ejercer un rol activo en la defensa del Estado de Derecho, exigiendo transparencia y rendición de cuentas de sus autoridades.

La prevaricación de los jueces representa un ataque directo a la esencia misma de la justicia y la democracia. Su impacto trasciende lo jurídico, afectando profundamente la vida social y política de un país. Proteger las instituciones judiciales de este tipo de corrupción es un deber colectivo que requiere vigilancia, firmeza y compromiso. Solo así podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar sobre el cual se sostiene una sociedad libre, equitativa y democrática.