Más allá del apagón: la necesidad de reestructurar el sistema eléctrico

El evento del 25 de febrero no fue un accidente aislado: fue la manifestación visible de tensiones estructurales más profundas. La transición energética –necesaria, irreversible– ha transformado el sistema: de unos pocos actores con flujos unidireccionales y generación centralizada, pasamos a una red con cientos de generadores, flujos complejos y una penetración creciente de energías renovables variables.

Este nuevo escenario exige capacidades que aún no tenemos: redes más flexibles, tecnología, automatización, almacenamiento. Y, sobre todo, política pública con visión de sistema.

Un dato basta para entender el desafío: a marzo de 2025, los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) –más de 700 plantas, en su mayoría solares– alcanzan los 3.400 MW de capacidad instalada. Se espera que a fin de año lleguen a 4.000 MW. Durante el apagón, los PMGD inyectaban 2.130 MW: una cuarta parte de la demanda desde Coquimbo hacia el sur.

Pero el Coordinador Eléctrico Nacional no tiene visibilidad en tiempo real sobre esa generación. No puede despacharla, no puede preverla, no puede controlarla. Es decir: una cuarta parte del sistema opera a ciegas.

La regulación que dio origen a los PMGD perseguía fines loables: fomentar la descentralización, diversificar actores, abrir el mercado. Pero su evolución ha generado distorsiones y riesgos que ya no se pueden seguir ignorando. Su condición de autodespacho y la falta de señales económicas eficientes han creado una presión silenciosa sobre el sistema. Y cuando esa presión encuentra una falla, el sistema entero tiembla.

No somos los únicos. Alemania o Texas han vivido apagones similares. Pero en todos esos casos, el desenlace fue una revisión profunda del diseño institucional, de las reglas de operación, de las funciones de supervisión. Aquí, esa conversación aún está en pañales.

El Coordinador tiene un mandato técnico, pero su margen de acción depende de las reglas que lo rigen, del acceso a información, y de la colaboración con empresas y con el Estado. Sin embargo, esto no significa eximirlo apresuradamente de responsabilidades.

Es imprescindible revisar en profundidad sus protocolos, verificar si sus procedimientos internos estuvieron a la altura del evento y si su respuesta inicial contribuyó o no a profundizar el colapso. Porque esto es una responsabilidad compartida, y todas las partes deben responder claramente por sus acciones y omisiones.

La seguridad del suministro no puede depender únicamente del ingenio de los operadores en medio de una crisis. Requiere diseño, planificación y gobernanza robusta, así como procedimientos claros, debidamente revisados y auditados regularmente.

Si este episodio termina en una lista de multas y pequeños ajustes, habremos perdido la oportunidad. Lo que está en juego no es solo la trazabilidad de una falla: es la credibilidad de todo el sistema. Y esa, como sabemos, se pierde mucho más rápido de lo que se construye.