La urgencia de proteger derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes en Chile

Chile enfrenta una realidad migratoria compleja que, además de desafiar su capacidad de respuesta en todos los niveles del Estado, interpela directamente su capacidad para proteger a niños, niñas y adolescentes migrantes. La protección de la infancia y adolescencia migrante se enfrenta a obstáculos críticos, como la separación familiar, especialmente en zonas fronterizas; la presencia de NNA no acompañados; bajo acceso a servicios de salud y educación escolar; altos índices de violencia de género y la exposición al consumo y tráfico de drogas.

Estos riesgos cotidianos se intensifican debido a la precariedad laboral y económica que obliga a cuidadores adultos a jornadas extensas de trabajo, muchas veces informal, dejando a menores expuestos a contextos altamente vulnerables, dando cuenta de que los desafíos en su protección se extienden a diversas dimensiones de la vida y que su integración efectiva pasa por garantizar derechos básicos.

Según datos recientes, la población de NNA migrantes en Chile alcanzó 302.306 en 2023, representando el 15,8% de la población extranjera total, de los cuales 70.195 viven en situación migratoria irregular, incrementando su vulnerabilidad y restringiendo su acceso a servicios como salud, educación y vivienda.

Un estudio reciente publicado por el SJM y Unicef (2025) da cuenta de la situación en la que se encuentran NNA migrantes que residen en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, quienes se caracterizan por presentar necesidades que amplifican su situación de vulnerabilidad.

Los hogares migrantes con niños, niñas y adolescentes, como lo señalan los resultados de la última Encuesta Casen 2022, presentan situaciones permanentes de bajos ingresos económicos, lo que implica un exiguo poder adquisitivo para acceder a bienes y servicios que aseguren una adecuada calidad de vida para ellos y sus grupos familiares.

En materia de salud, adolescentes migrantes enfrentan desafíos y perciben limitaciones en la atención sanitaria, relacionadas con su situación migratoria o derivadas derechamente de prácticas discriminatorias. Además de dificultades específicas, como el acceso limitado a servicios de salud sexual y mental, la carencia de acompañamiento especializado en estos ámbitos profundiza vulnerabilidades producidas en los países de origen, tránsito y/o destino migratorio.

En educación, pese al aumento sostenido desde 2017 en la matrícula de estudiantes migrantes, persisten barreras como la falta de documentación, que impide acceso a becas de alimento y transporte, insuficiencia de vacantes escolares y discriminación en las aulas. La habitabilidad también presenta serios desafíos. Según estudios recientes, el hacinamiento en hogares con NNA migrantes es el triple del registrado en hogares nacionales.

Estas condiciones precarias, frecuentes en asentamientos informales o campamentos, agravan la situación sanitaria y de seguridad de miles de niños y adolescentes.

En cuanto a protección internacional, las cifras revelan un panorama exigente: entre 2010 y mediados de 2024, de 33.080 solicitudes de refugio, 4.688 corresponden a NNA. No obstante, solo 329 lograron obtener protección internacional. Esta baja tasa de reconocimiento evidencia los obstáculos adicionales que enfrenta esta población, con largos tiempos de espera, exigencias adicionales a las legales y escaso seguimiento en casos donde la vulneración de derechos es evidente.

Entre 2000 y 2024, se otorgaron 461.106 residencias temporales y 155.319 definitivas a NNA extranjeros, reflejando una respuesta estatal relevante pero aún insuficiente frente a la magnitud del fenómeno. La integración requiere más que permisos legales e implica abordar barreras y desafíos concretos en la garantía de derechos como salud, educación, vivienda y protección internacional.

La respuesta estatal requiere, además de fortalecer los sistemas de protección integral específicos para NNA migrantes, mejorar procesos administrativos que reduzcan los tiempos de espera y barreras burocráticas; asegurar mecanismos de seguimiento efectivos para quienes sufren vulneraciones graves de derechos y avanzar en el reconocimiento y garantía de aquellos derechos amenazados en una población que parece ser invisible.

Chile está frente a la oportunidad de generar políticas públicas que, además de reconocer derechos formalmente, también garanticen condiciones dignas de vida para niños, niñas y adolescentes migrantes, aseguren su protección efectiva, una integración social plena y el desarrollo integral en igualdad de condiciones con la infancia nacional.