Ausentismo escolar crónico: un problema que no podemos normalizar

En Chile, el origen social sigue siendo un fuerte predictor del destino, donde la situación socioeconómica de los padres se relaciona fuertemente con la de sus hijos. En un contexto económico complejo, de bajo crecimiento y alta incertidumbre financiera, resulta aún más complejo romper ese ciclo. Pero hay un factor probado que sí puede hacerlo, y que rara vez se sitúa en el centro del debate: la asistencia escolar. La evidencia sobre los efectos virtuosos de asistir a clases es contundente: mejora las perspectivas laborales, el ingreso esperado, la satisfacción vital, entre otras.

Por lo mismo, nuestros esfuerzos como país deberían estar puestos en potenciar la asistencia a clases. Las cifras de asistencia escolar del año 2024 dan muestra de una situación alarmante: más de 931 mil alumnos —casi un tercio de la matrícula— presentaron inasistencia grave (perdieron más del 15% de las clases del año escolar). Según la normativa vigente, todos estos alumnos debieron haber repetido, a menos que los equipos directivos de sus escuelas permitieran excepcionalmente su promoción. Además, se reportó que más de 180 mil niños perdieron la mitad del año escolar, comprometiendo severamente su trayectoria educativa. Recordemos que la asistencia es un predictor de la deserción escolar. Estas cifras muestran un deterioro de la asistencia escolar en comparación con los años previos a la pandemia.

Lejos de mostrar preocupación, las autoridades han observado el problema con pasividad, recortando el presupuesto en raciones JUNAEB, útiles escolares y la subvención por alumno para las escuelas con financiamiento estatal. El argumento es que se proyecta una menor población objetivo, asumiendo el deterioro de la asistencia como un hecho consumado. A esto se suma que el principal programa destinado a enfrentar la inasistencia crónica y la deserción escolar —los equipos de asistencia y revinculación— ejecutó apenas el 57,3% de su presupuesto a noviembre de 2024. Como si fuera poco, los municipios que recibieron fondos para conformar estos equipos contaron, en promedio, con apenas $5.528 pesos mensuales por alumno. En contraste, el Presupuesto Nacional de 2025 considera cerca de $2,4 billones de pesos (unos US$2.500 millones) para la gratuidad en educación superior.

Hoy existen los mecanismos para detectar a los estudiantes en riesgo de ausentismo y estrategias para ir a buscarlos, incluso puerta a puerta. No se trata de inventar nuevas soluciones, sino de desplegar con decisión las que ya están, de manera oportuna y sin dejar “plata en la mesa”. Si no abordamos el problema con la magnitud que demanda, cientos de miles de niños hoy serán adultos con menos oportunidades el día de mañana.