En el nombre del padre

Voy a partir por una “arista” de este verdadero terremoto político. Siguiendo la tónica de este año en muchos casos de alta connotación política, el país se enteró del fallo del Tribunal Constitucional (TC) a través de… una filtración. De ahí en adelante, ministros, parlamentarios y líderes políticos, tanto del oficialismo como de quienes presentaron el requerimiento al TC y la propia Isabel Allende, tuvieron que referirse al “supuesto fallo”, debido a que no ha sido publicado y, por tanto, tampoco han sido notificadas las partes.

Es decir, el lamento socialista y sus duras críticas hacia el Gobierno, el Frente Amplio y Boric fueron todas situaciones condicionadas a un trascendido desde un organismo fundamental del ordenamiento del país. Nada oficial, pero todas las portadas dedicadas al caso. Nada oficial, pero la senadora Allende despidiéndose de sus 30 años de una carrera parlamentaria ejemplar. La verdad es que esto de las filtraciones no da para más.

El supuesto fallo en acuerdo –no lo conocemos–, que le impuso a la senadora la destitución, se originó en una cadena de errores, desprolijidades y chambonadas de La Moneda. Pese a tener un objetivo aplaudible –convertir en museo la casa que habitó la familia Allende entre 1953 y 1971–, el Gobierno dejó al descubierto otra constante: la debilidad e impericia del Segundo Piso.

Lucía Dammert duró menos de 6 meses en el cargo porque no pudo con los integrantes con escasa experiencia –varios compañeros de universidad del Mandatario–, sumado aquello a la tozudez y falta de visión estratégica de Miguel Crispi, quien se negó por mucho tiempo a dar un paso al costado pese a que era lo lógico.

Lo cierto es que la operación Guardia Vieja surgió del Presidente Boric, no de la familia Allende, que, hasta el momento, mantenía la casa como un museo viviente, en que la senadora recibía a visitas ilustres del mundo. Por supuesto con buenas intenciones, el Mandatario tomó la decisión de buscar las formas para enajenar la casa de Salvador Allende y también la de Eduardo Frei Montalva –que funciona como museo en la calle Hindenburg–.

Para ello, encargó al entonces jefe de políticas públicas del Segundo Piso, Leonardo Moreno, el proyecto. Aquí comienza la serie de eventos desafortunados que le costaron el puesto a la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, a una entonces ministra de Bienes Nacionales, rematando con la primera senadora destituida por el TC. La muestra más evidente de la desprolijidad del Gobierno es que el contrato de compraventa –propiedad avaluada en 933 millones– fue revisado por… 17 abogados.

La propiedad, cuyos dueños son sobrinos de Salvador Allende y no la senadora, finalmente no fue adquirida, por tanto, más allá de la falta de prudencia del entorno de la familia del exmandatario, y desprolijidad del Gobierno, no se produjo un daño al erario del Estado, porque no se desembolsó ni un solo peso. Sin embargo, de acuerdo con la votación del TC, existió una inhabilidad constitucional por parte de la senadora Allende.

Además de ser un golpe duro para Isabel Allende, su partido y el oficialismo, la sentencia pareciera ser un síntoma más de un Parlamento que cuenta con cada vez menos confianza por parte de la ciudadanía. Diputados desaforados y presos, filtración de audios de la expresidenta de la Cámara Baja, siete bochornosas acusaciones constitucionales por parte de la oposición, 43 parlamentarios que se han salido de los partidos por los que fueron electos, y la reciente disputa por la testera entre Ossandón y Kast.

Por supuesto que, si un fallo es tan categórico, deben haber existido razones fundadas, al menos desde lo formal. Sin embargo, llama la atención la rigurosidad para evaluar la conducta de la senadora, pese a que la compraventa solo llegó hasta la fase de análisis. Distinto es, creo, si hubiera existido el pago y traspaso de la propiedad.

Aunque la oposición festejó el golpe a La Moneda, me parece que han establecido un precedente que puede transformarse en un búmeran para el mundo político. Estoy seguro de que en caso de que un sector quiera infligir un daño mortal al rival, ya no solo se utilizarán las AC o la filtración de audios, sino que se intentará investigar cualquier conducta que pudiera interpretarse como inconstitucional, aunque ni siquiera se haya concretado. En ese caso, puedo apostar a que un número significativo de parlamentarios en ejercicio –desde el PC a Republicanos– podría correr la misma suerte de la senadora Allende.

Pero la crisis política que explotó junto con la filtración de la destitución puede tener repercusiones insospechadas, más aún cuando el partido más importante del Gobierno es hoy, por lejos, el PS. La colectividad dejó entrever que podría “salirse” del Gobierno y no ir asociada al Frente Amplio en las primarias y la lista parlamentaria, culpando a militantes del partido del Mandatario de haber actuado como estudiantes de “primer año de derecho” y apuntando incluso al propio Boric.

Capítulo aparte fue recriminar a dos integrantes del TC por ser frenteamplistas y no haber votado en contra. Este, sin duda, es el argumento más débil y pobre de todos, porque ratifica eso que la gente ya tiene claro: que esos cargos actúan bajo la regla del cuoteo. Aunque la rabia del momento facilita a veces la expresión de frases venenosas, con el correr de los días se van apaciguando. El pragmatismo suele ser más fuerte.

Y si hay algo que el fallo no logrará borrar es la impecable trayectoria de esta destacada mujer que soportó la muerte de su padre en La Moneda, el exilio y la lucha por el retorno a la democracia. Su rol en la búsqueda de acuerdos y la promoción de los derechos ciudadanos, como la Ley de Divorcio, o su constante preocupación por los temas ambientales, quedarán en el recuerdo de la hija de una figura icónica del PS, Salvador Allende.

Por eso en el PS dolió tanto esta sentencia y porque un sector de la oposición intentó establecer un continuo entre un hecho de falta de prolijidad, presunta corrupción y la imagen de Allende (“podemos meter la pata, pero no las manos”).

La historia juzgará si la conducta de Isabel Allende u otros integrantes de su familia tuvo ribetes inconstitucionales, si la oposición abrió una compuerta difícil de volver a cerrar que inicie una cacería de brujas o si el Segundo Piso pecó de ingenuo, inmadurez o simplemente ineficiencia. Pero sí es un hecho que la memoria de Salvador Allende no se verá alterada por este lamentable episodio, protagonizado por la hija que siguió, exitosamente, por más de cuarenta años, la huella política del padre truncada esa fría y trágica mañana del 11 de septiembre de 1973.