Seguridad pública con enfoque feminista: un aporte para Chile

En un contexto marcado por nuevos fenómenos criminales, el incremento del número de homicidios y uso de armas de fuego, se ha pensado la seguridad a través de políticas punitivistas, orientadas al endurecimiento de las sanciones penales y al aumento de la violencia con más armas. En esta derivada, se pierden de vista factores claves para abordar la seguridad pública desde una mirada integral, invisibilizando, por ejemplo, la especial situación de las mujeres y diversidades sexogenéricas. 

Las inseguridades que vivimos las mujeres son de variada índole y los femicidios consumados han oscilado entre 42 y 46 casos anuales en los últimos años. Un reciente estudio del Ministerio Público detectó un preocupante aumento de la extorsión, en particular, la de índole sexual, y existe un control deficiente de las armas legales e ilegales, donde un 40% de las armas registradas carecen de información actualizada sobre su propietario.

En este escenario, urge que el Estado abandone la mirada fragmentada y reactiva que ha caracterizado su acción frente a las inseguridades que vivimos las mujeres, reconociendo, por ejemplo, que muchas de las amenazas más letales para las mujeres no provienen de “enemigos públicos”, sino de entornos íntimos y cotidianos, y que el control de armas es una política clave de prevención.

Un enfoque feminista e interseccional implica, además, reconocer que no todas las mujeres viven las violencias de la misma manera. Aquellas que habitan territorios militarizados, como zonas de conflicto en La Araucanía o barrios con fuerte presencia del narcotráfico, enfrentan una doble exposición: a la violencia machista y a la violencia armada.

Lo mismo ocurre con mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, adolescentes trans, mujeres privadas de libertad o con discapacidad que sufren discriminaciones en el acceso a la justicia y la protección policial. Una política de seguridad pública transformadora debe partir de estos márgenes, incorporando sus voces y experiencias como centro de la acción estatal.

La reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública en Chile abre una oportunidad histórica para repensar este enfoque, incorporando la prevención, la efectividad, los derechos humanos y la perspectiva de género como elementos irrenunciables para una buena política pública.

Este nuevo ministerio  debería dejar el camino fácil de profundizar la lógica punitiva o el refuerzo de la militarización de los territorios como único camino. No basta con fortalecer la persecución penal si no se acompañan estas medidas con acciones preventivas, reparadoras y transformadoras.

La seguridad no puede seguir siendo sinónimo solo de control y castigo, sino que debe ser entendida como la garantía de condiciones materiales, simbólicas y efectivas para una vida libre de violencias para todas las personas. 

Optar por construir un enfoque que sitúe la vida digna, el cuidado colectivo y la justicia social en el centro de las políticas públicas es una oportunidad para ampliar el horizonte de acción del Estado, promoviendo respuestas integrales frente a las violencias estructurales y cotidianas.

Es muy relevante pensar en un ministerio que apueste por tejer redes con organizaciones sociales, comunidades territoriales y defensoras de derechos humanos, valorando los saberes situados como base para diseñar políticas públicas participativas, contextualizadas y sensibles a las realidades diversas del país.