Bases para una política educativa 2026–2030

Una política educativa para los próximos cinco años requiere de igual número de bases conceptuales:

Abordar el desequilibrio presupuestal. Las muy erróneas políticas de gratuidad universitaria y de fin del CAE han conducido a un gasto enormemente desequilibrado en educación superior, comparado con educación inicial y escolar. Esto ha llegado al absurdo de que se ha estado disminuyendo el financiamiento de la Junji en este período de Gobierno.

Asimismo, muchas entidades de educación superior han entrado en graves problemas como fruto de la política de copago 0, asociada obligatoriamente a la gratuidad con financiamiento público. Estos desequilibrios y errores deben corregirse, gradual pero firmemente.

Específicamente, el gasto público total en educación superior, sea en becas, gratuidad o en financiamientos directos, no debe aumentar –y ojalá disminuir– respecto a su techo 2025, y cualquier incremento presupuestal deberá asignarse a educación inicial o escolar hasta que las proporciones se asemejen a las de países OCDE.

Una profesión docente mucho más atractiva. El techo de la calidad de la educación en cualquier país está dado por la calidad de sus docentes y educadoras de párvulos. Mientras estas carreras no sean suficientemente atractivas respecto a otras profesiones, el país no podrá salir del estancamiento en sus resultados de aprendizaje ni en su inequidad educativa.

Evitar disputas ideológicas estériles. Las legislaciones de reforma educativa generaron excesiva crispación en la opinión pública y los medios, especialmente en el ámbito de la no-selección y la desmunicipalización. Palabras como tómbola o contrarreforma deben quedar atrás. Esto no significa que no se pueda ajustar el sistema en Educación Media y en los SLEP, pero con consensos y sin disputas estériles. El Gobierno ha hecho bien en convocar consejos consultivos plurales para abordar ambos temas, y sus recomendaciones deben considerarse prioritarias, cualquiera sea el próximo Gobierno.

La base de la pirámide es la educación inicial. El consabido – y verídico– dato de que la inversión en educación inicial tiene un retorno social 8 veces mayor que en educación superior, y 4 veces mayor que en educación escolar, debe guiar las políticas del próximo período de Gobierno. Mejorar la cobertura y calidad en este nivel debe ser la primera prioridad programática, por lejos.

Una revolución metodológica en educación escolar. Ya avanzado un cuarto del siglo XXI, el país no puede seguir esperando, y es imprescindible asegurar que las metodologías educativas garanticen egresados con las habilidades necesarias para el siglo XXI en materia de oralidad, empatía, trabajo en equipo y creatividad, por nombrar solo algunas.

Educación inicial

Mejorar la cobertura en el tramo de 0 a 3 años. El tramo de 3 a 6 años ya está razonablemente cubierto, mas no así en el primer tramo, donde la cobertura es todavía muy baja… en la principal etapa de formación de las estructuras neurológicas de los infantes, peor aún en los niños de los quintiles de ingreso más bajos. En parte esto se da por el rechazo de muchas madres de llevar sus hijos a sala cuna, y este rechazo es fruto de la mala calidad de muchas de estas. Junji e Integra deben aumentar su oferta drásticamente en este tramo, pero acompañada por las medidas mencionadas a continuación en cuanto a la calidad y flexibilidad del sistema.

Mejorar la calidad del tramo 0 a 3 años. Los coeficientes técnicos, en cuanto a la proporción de educadoras de párvulos y niños, deben dar un salto drástico. Estamos entre 2 y 3 veces por debajo de los estándares internacionales. Seguir solucionando el déficit con asistentes educativos con baja o deficiente formación es un grave error.

Mejorar la flexibilidad de la oferta y la participación parental del tramo 0 a 3 años. La tendencia internacional es hacer partícipes a los padres o adultos relevantes en la estimulación de los niños. Para ello, la nueva oferta no debería ser sobre la base de salas cunas tradicionales, más parecidas a una guardería laboral que a un centro educativo.

Novedosos “Centros de Aprendizaje Familiar” debieran tener horarios altamente flexibles, para acomodarlos a las necesidades de la familia, y deben procurar en la medida de lo posible hacer copartícipes a los adultos relevantes en una o dos sesiones semanales de estimulación a los infantes, para llevar estas prácticas al hogar.

Evitar retrocesos con el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Este proyecto proviene del ámbito laboral, siendo su razonable propósito facilitar el acceso laboral de las madres. Sin embargo, es esencial que los estándares de estas salas cuna se asemejen a lo postulado en los dos acápites anteriores. Sería un grave retroceso dirigirse a tener guarderías para que las madres trabajen, y no verdaderos establecimientos de estimulación a los infantes y con atención flexible a las necesidades de los apoderados. Todos los niños merecen igualdad en el acceso y calidad de la educación inicial que reciben.

Homologar las dispares subvenciones por tipo de establecimiento. No hay razón alguna para que haya diferencias entre los establecimientos Junji, Integra y VTF, y esto debe ser subsanado a la brevedad posible.

Educación escolar

Un salto cuántico en la Ley de Carrera Docente. Sin duda la mejor medida legislativa de la última década –por lejos– fue mejorar de manera importante las remuneraciones y condiciones laborales en los tramos mejor evaluados de la carrera docente, para profesores y educadoras de párvulo. Con todo, esto fue claramente insuficiente, como lo refleja el bajo interés de los buenos egresados de Educación Media por postular a estudios de pedagogía.

Mientras los futuros profesores no vean remuneraciones más acordes con otras profesiones –y peor aún con las duras condiciones presentes en barrios de pobreza–, Chile estará estancado en su calidad educativa.

Transformación de las Escuelas de Pedagogía. No podemos darnos el lujo de mejorar la carrera docente, pero manteniendo escuelas de pedagogía anacrónicas. Es necesario crear un Fondo de Mejora de las Pedagogías, que les otorgue atractivos recursos y cooperación internacional, pero contra un riguroso convenio de desempeño y el aseguramiento de la calidad de sus egresados.

Incorporar las Habilidades para el siglo XXI como pilar de la formación desde 4º Básico a 4º Medio. Estas habilidades son el conjunto de conocimientos, actitudes, hábitos y destrezas que permiten a los futuros egresados desempeñarse con éxito en su vida personal y laboral.

Los modelos “industrializados y estandarizados” de educación –medidos únicamente por pruebas estandarizadas como Simce o PAES– no solo no las consideran, sino que las desincentivan.

Sin embargo y felizmente, ya hay algunas experiencias exitosas en el país, de metodologías basadas en Tutoría entre Pares y en Aprendizaje Basado en Proyectos, demostrando que es factible su implementación. Solo es cuestión de masificarlas y de revisar el currículum oficial para incorporar estas habilidades en el proceso formativo.

Flexibilizar los procesos de selección en Educación Media. El país debiera contar con aproximadamente cinco liceos por región de alta especialización y excelencia, sea en formación en matemáticas y STEM, o en Humanidades, en Artes o Deportes, para alumnos con especial vocación y aptitudes en estos temas. Ellos debieran contar con un régimen de financiamiento especial, y con procedimientos ad hoc de selección. Muchos Liceos Bicentenario o de Excelencia podrían optar por esta modalidad.

Sin embargo, no es recomendable generalizar procesos de selección en todo el sistema educativo, que solo profundizarán la grave segregación social y académica que nos aqueja. Las propuestas del Consejo creado con este propósito son muy pertinentes.

Profundizar el proceso de institucionalización de la Nueva Educación Pública. El país también cuenta con un plural y excelente Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que ha elaborado recomendaciones precisas –algunas requerirán legislación– para continuar la implementación y fortalecimiento de los SLEP.

En particular, destaca la propuesta de una reforma integral en la normativa asociada a su gestión presupuestaria, con el objetivo de garantizar una disponibilidad más ágil de recursos para los establecimientos.

Crear una verdadera Carrera Directiva. Suele afirmarse que los directivos de escuela son la segunda fuente más importante de mejora de la calidad, siendo la primera los docentes. En una situación como la chilena, en que tomará fácilmente otros quince años incorporar nuevas generaciones de profesores de gran nivel, es posible que esta sea la primera, más barata y más rápida manera de progresar (hay 20 docentes por cada directivo).

El sistema dio un gran salto adelante hace 15 años al establecer la concursabilidad de los directores de escuelas públicas. Con todo, sus condiciones laborales y de remuneración no han sido suficientemente atractivas, y sus procedimientos de selección y de evaluación de desempeño ameritan grandes mejoras. Tampoco se les ofrecen condiciones de estabilidad adecuadas.

Por ello, los directivos reconocidos por sus buenos resultados de clima escolar y aprendizaje deben acceder a una Carrera Directiva de mucho mayor duración en el cargo y mayor remuneración, comparada con los mejores docentes.

Educación superior 

Revisar las políticas de Financiamiento a la Educación Superior. Hoy, este proyecto de ley está en trámite y es difícil hacer comentarios sin saber en qué terminará el proceso. Por ende, las propuestas en este ámbito solo pueden ser muy generales, pero siempre consistentes con lo estipulado en el punto A1 de este texto. La gratuidad total en educación superior podrá tal vez ser deseable, pero solo se da en países cuyo ingreso tributario es aproximadamente el doble que Chile.

Por ello, y dependiendo de los resultados del actual proceso legislativo, esta propuesta consiste en ir disminuyendo gradualmente los tramos en los cuales se aplica la gratuidad, los que nunca debieron pasar del 6º decil en esta etapa de nuestro desarrollo.

Asimismo, es necesario permitir a las universidades optar por cobrar un copago en los tramos donde se vaya relajando esta política, pues la situación financiera de muchos establecimientos es bastante angustiosa, con sus aranceles de carrera fijados de manera centralizada y burocrática.

Por otra parte, los créditos con aval del Estado –en las razonables fórmulas ya existentes– debieran reponerse en alguna modalidad, para aquellos estudiantes sin acceso a gratuidad o con necesidad de hacer un copago.

Continuar priorizando la educación técnico profesional. Felizmente, esta modalidad ha venido aumentando su cobertura en el país, aunque todavía es insuficiente. Tiene un gran impacto en la movilidad social, recuperándose además la inversión más rápidamente que en la universitaria.

Hay dos formas de profundizar esta política. La primera es permanentemente otorgar gratuidad a un decil más que a la universitaria. Así, por ejemplo, si hay gratuidad hasta el 6º decil en carreras universitarias, debiera ser hasta el 7º u 8º en carreras ETP. La segunda modalidad, complementaria, es mejorar los aranceles de referencia para estas últimas, para reforzar así a las instituciones que la imparten.

Comentarios finales

En este texto hay trece propuestas específicas, de las cuales ocho requieren recursos adicionales, con tres de ellas en forma muy significativa: cobertura y calidad de la educación inicial, y carrera docente. Sin estas tres no podemos pretender mejora alguna. El total del gasto en educación de Chile, 5.9% del PIB, ya es superior al de países OCDE, 4.9%.

Por ende, por mucho que sea controvertida, la propuesta D1 de revisión y gradual reducción del financiamiento a la educación superior –que se elevó navegando en una verdadera marea de populismo– es prácticamente inevitable.

Es tan simple como eso y el resto es música, lo cual nos hace recordar a la joven pingüina María Música, que arrojó un jarro de agua a la cara de la ministra de Educación del momento en 2008. Sus reclamos, 17 años más tarde, siguen esperando respuesta.