Inteligencia artificial: regular para innovar y cuidar

Mientras el mundo se sorprende por la velocidad con que la inteligencia artificial (IA) transforma nuestras vidas, hay una pregunta que sigue sin suficiente debate en Chile: ¿quién decide cómo se diseña, implementa y regula esta tecnología? La respuesta no puede seguir siendo “el mercado” o “las grandes tecnológicas”, sobre todo si aspiramos a tener una IA soberana, justa y alineada con los intereses del país.

Estamos discutiendo en el Congreso el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para los usos de sistemas de inteligencia artificial. En ese contexto, hace unos días recibimos en la Comisión de Ciencias una carta enviada por FinteChile, firmada por Josefina Movillo —jefa de gabinete del expresidente Sebastián Piñera—, y que refleja con claridad la incomodidad de ciertos sectores ante la idea de que existan reglas claras para el desarrollo de la inteligencia artificial. Se ha dicho, erróneamente, que esta propuesta es una copia del Reglamento Europeo. No es así, recoge los estándares internacionales, pero ha sido desarrollada desde nuestra realidad, por nuestras instituciones y con el objetivo de proteger a nuestra gente y fomentar el desarrollo tecnológico en el país.

Las críticas de ciertos sectores de la industria no sorprenden, porque quienes hoy concentran el poder tecnológico están cómodos con la autorregulación. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que, sin reglas claras, las asimetrías se profundizan, no se trata de frenar la innovación, sino de encauzarla. Como dijo recientemente Catherine D’Ignazio, autora de “Data Feminism”, la tecnología no es neutra, ya que reproduce estructuras de poder, por eso necesitamos marcos que pongan la justicia y los derechos en el centro: el derecho a saber si una decisión fue tomada por una máquina, el derecho a no ser discriminadas por género, raza o clase social, el derecho al trabajo frente a la automatización, el derecho a la privacidad de nuestros datos y el derecho a ser representadas con dignidad en los sistemas que nos nombran o nos muestran.

Esta ley no solo regula, también impulsa, incorpora espacios controlados de prueba (sandboxes) que permitirán a startups y pymes probar soluciones innovadoras bajo supervisión, sin asumir todos los costos y riesgos de entrada. Además, entrega certeza jurídica a quienes quieran invertir en el país, porque para que haya innovación, deben existir reglas claras.

No estamos improvisando, contamos con una Política Nacional de IA reconocida internacionalmente, y hoy existen esfuerzos concretos por desarrollar capacidades propias, como el modelo de lenguaje Latam GPT, además de aplicaciones que ponen esta tecnología al servicio de lo público, desde la salud hasta el transporte. Sabemos que el desafío no es sólo regular, sino también construir soberanía tecnológica desde nuestro territorio.

En este debate global, marcado también por la geopolítica y el retorno de discursos como los que encarna Trump o Elon Musk en Estados Unidos, América Latina tiene dos caminos: podemos ser un laboratorio de prueba de las grandes potencias, o podemos ser protagonistas. En Chile ya hemos tomado una decisión: construir una IA que nos pertenezca, que esté al servicio de las personas, que respete los derechos humanos y que fomente la innovación.

No hay que elegir entre regular o innovar, podemos y debemos hacer ambas cosas, regular para proteger, para garantizar derechos y dar confianza. E innovar para avanzar, para crear tecnología desde nuestro territorio y nuestras necesidades. La IA del futuro debe ser ética, inclusiva y libre de sesgos. Esa es la apuesta y para lograrla, necesitamos políticas públicas valientes y un Estado que lidere con visión.

Hoy no se trata solo de tecnología, se trata de democracia, de soberanía y de justicia. Por eso avanzamos con decisión, porque sabemos que la tecnología sin regular es innovación solo para los mismos de siempre.

• Gael Yeomans es diputada del FA e integrante de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados.