El alarmante aumento de los homicidios infantiles en Chile

En el último año, 76 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en nuestro país. Son diez más que el año anterior. Un homicidio infantil cada cinco días. No es solo una cifra: es una crisis que llevamos demasiado tiempo ignorando. Mientras estas muertes aumentaron un 15% en 2024, como revela el último informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el país sigue sin reaccionar con la celeridad necesaria.

Desde Fundación Amparo y Justicia estamos convencidos de que se necesitan medidas urgentes, pero estas deben ser integrales. La solución no pasa solo por una respuesta aislada, sino por una acción coordinada y especializada en todos los niveles. Hemos observado cómo se ha abordado este desafío en otras naciones, y los aprendizajes son claros: no podemos seguir actuando en solitario.

La respuesta a los homicidios infantiles debe ser multisectorial. En los países que han alcanzado avances significativos, los organismos de justicia, salud y educación junto a la sociedad civil trabajan de forma articulada. Esto no se logra con esfuerzos aislados o voluntades individuales, sino con sistemas robustos que operan de manera conjunta desde el primer indicio hasta el cierre del caso.

En Chile, esta coordinación aún es una deuda pendiente. Ejemplo de esto es lo planteado por la subsecretaria de la Niñez hace algunos meses en el Congreso, donde evidenció que muchos de los niños asesinados habían tenido un vínculo reciente con algún servicio público que pudo haber alertado de los riesgos a los que estaban expuestos.

Por lo anterior, es esencial que las personas que están en contacto con los niños, niñas y adolescentes estén capacitadas para detectar a tiempo señales de violencia. Pediatras, educadores, policías y fiscales tienen un rol fundamental y, para cumplir adecuadamente su función, necesitan formación especializada, herramientas claras y respaldo institucional.

En muchos casos, una intervención temprana puede cambiar radicalmente el curso de vida de un niño. Pero, en Chile, la detección oportuna sigue siendo más la excepción que la regla.

Otro aspecto crítico es el tiempo. Las primeras horas después de una muerte sospechosa o una desaparición infantil son determinantes. Cada minuto cuenta para encontrar pruebas, proteger a otros niños o detener a un agresor. Sin embargo, nuestras investigaciones siguen enfrentando demoras, muchas veces por falta de coordinación o protocolos poco claros.

Esta lentitud no solo dificulta el acceso a la justicia, sino que también expone a nuevas víctimas. Un estudio realizado por nuestra fundación encontró que, entre 2018 y 2022, más de 340 autopsias realizadas a niños no pudieron determinar la causa del fallecimiento y 64,1% de las investigaciones por muerte y hallazgo de cadáver fueron desestimadas.

Si bien aún enfrentamos un gran desafío, hemos constatado avances importantes, como la consolidación de cifras por parte del Observatorio de Homicidios, que hoy nos permite contar con información más robusta para comprender mejor las dinámicas de violencia que afectan a nuestro país.

De igual forma, consideramos que la creación del Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes –impulsado por Amparo y Justicia y conformado por representantes de 11 instituciones del Estado– constituye un paso decisivo hacia el cambio que Chile necesita.

Esta instancia busca generar un diagnóstico claro que permita proponer medidas urgentes y sostenidas. Valoramos profundamente el compromiso de quienes integran esta mesa y confiamos en que su trabajo conjunto sea el punto de partida para transformar una realidad que no puede seguir esperando.

Nuestro país tiene una deuda con su infancia. Saldarla exige actuar con decisión, asumir responsabilidades y poner en el centro la vida y dignidad de cada niño, niña y adolescente.