Ecuador: del giro redistributivo a la apuesta securitaria

Hace 12 años, Ecuador apostaba radicalmente por un proyecto redistributivo en el Gobierno del Estado, reflejado en contundentes victorias electorales como la de 2013. En esa ocasión, el entonces presidente Rafael Correa ganó su tercer mandato en primera vuelta con un 57 % de los votos, y su ya extinto partido Alianza PAIS aseguró 100 de los 137 escaños en la Asamblea Nacional.

Hace días, este país volvió a apostar a todo o nada en política. Esta vez, por una agenda totalmente inversa a la de 2013: securitista y militarista. Dicha apuesta se tradujo en 66 escaños en el Legislativo y la reelección, por cerca de 10 puntos porcentuales, de Daniel Noboa en el Ejecutivo frente a Luisa González, la candidata del partido Revolución Ciudadana, liderado por el otrora exitoso presidente Correa.

Así, Noboa refrenda su estrategia de declarar al país en “conflicto armado interno”, debido a las altas cifras de homicidios en regiones específicas de Ecuador, desplegando miles de militares en las calles.

Esta elección también estuvo alineada por el resquemor que recorre toda la región latinoamericana para no votar por partidos de izquierda, para “no llegar a ser como Venezuela”, por lo que, con la ganancia de Congreso y Ejecutivo por parte de esta nueva derecha ecuatoriana –tecnocrática y punitiva, inspirada en figuras como Trump y Musk–, muchos ecuatorianos sentirán que se alejan de aquella Venezuela.

Sin embargo, la realidad muestra que Ecuador parece estar cada vez más cerca del México de los 2000. Allí, el inicio de la militarización en contra del narcotráfico solo trajo consigo series y películas taquilleras producto de las desapariciones forzadas y muertes ultraviolentas, consecuentes de la violencia desatada desde el Estado mexicano.

En Ecuador, esta estrategia ya tuvo su primer grotesco capítulo cuando, en diciembre pasado, miembros de las Fuerzas Armadas arrestaron a cuatro adolescentes que luego aparecieron calcinados con rastros de tortura. Hasta el momento, el Ministerio del Interior se ha escudado indicando que “solo cumplía con su tarea de defender la seguridad del Estado”.

¿Qué podemos decir de esto? Desde antes de 2017, año en que Correa salió del Poder Ejecutivo, las élites políticas ecuatorianas han acarreado una polarización aguda en torno a la figura de este expresidente. Esto ha dificultado la necesidad democrática de acuerdos por la convivencia pacífica, propia de un Estado de derecho, por lo que ahora solo se espera que la caracterizada insurrección de la sociedad civil ecuatoriana –que ya durante el propio Gobierno de Correa ejerció fuerte presión en las calles, y luego en 2019 y 2022 frente a otros gobiernos– pueda seguir siendo un espontáneo y potente actor de veto en lo que parece ser el inicio de la versión andina de este nuevo leviatán global, encaramado en la punitividad militar a cualquier costo.