El FES y la oportunidad de reconstruir un diálogo sobre la educación que merece Chile

Hace más de una década, las movilizaciones estudiantiles pusieron en el centro del debate nacional una demanda clara: terminar con el CAE y construir un sistema de financiamiento que no condene a generaciones al endeudamiento. Hoy, cuando muchos de quienes protagonizaron esas luchas ocupan posiciones en el Gobierno, se presenta el Fondo de Educación Superior (FES) como respuesta a esas demandas históricas. Este momento, lejos de ser el final del camino, debería ser el comienzo de un nuevo capítulo en esta discusión.

El FES representa un avance innegable respecto al CAE. La eliminación de los bancos como intermediarios, el establecimiento de contribuciones proporcionales al ingreso y el alivio inmediato para muchos deudores son cambios que reflejan aprendizajes importantes. Sin embargo, como toda política pública en democracia, este proyecto puede y debe ser sometido al escrutinio colectivo. La pregunta no es solo si el FES es mejor que el CAE –que lo es–, sino si está a la altura de los desafíos educativos que enfrentamos como país.

A esto se suma una constatación preocupante: hoy, tras meses desde la presentación del proyecto, el FES no ha sido aprobado ni debatido en profundidad, y su discusión sigue estancada, opacada por la contingencia nacional y el cortoplacismo político. Esta dilación no solo debilita la legitimidad de una propuesta largamente esperada, sino que también posterga la reparación que miles de personas endeudadas siguen esperando.

Aquí aparece una paradoja significativa. El movimiento estudiantil que impulsó estas transformaciones hoy se encuentra en un momento de baja intensidad, justo cuando más se necesita su voz crítica. Esto no es una casualidad, sino el resultado de múltiples factores: el desgaste natural de los ciclos de movilización, la complejidad de incidir en procesos institucionales y, quizás, cierta complacencia ante avances que, siendo reales, siguen siendo insuficientes.

El diseño actual del FES presenta varios puntos que merecen discusión pública. La condonación de deudas, aunque valiosa, resulta modesta frente al monto total adeudado por muchos estudiantes. El mecanismo de contribuciones, si bien más justo que las cuotas fijas del CAE, sigue transfiriendo a los individuos un costo que debería ser social. Y persiste la falta de regulación efectiva sobre los aranceles que cobran las instituciones de educación superior.

Estos no son detalles técnicos, sino decisiones políticas que configurarán el sistema educativo de las próximas décadas.

Desde este contexto, es también relevante reflexionar sobre el rol que deben asumir las instituciones privadas de educación superior, como la Universidad Diego Portales, en este debate. Aunque su origen y estructura jurídica sean distintos a las universidades estatales, su responsabilidad pública no puede ser menor.

Las universidades privadas que se comprometen con la calidad, la inclusión y el pensamiento crítico están llamadas a participar activamente en la discusión sobre el futuro del sistema educativo. Callar o replegarse es una forma de abandonar el terreno donde se define qué entendemos por derecho a la educación.

Este es el momento preciso para revivir el espíritu deliberativo que caracterizó al movimiento estudiantil en su mejor momento. Las calles vacías no significan que las demandas hayan desaparecido, sino que debemos encontrar nuevas formas de articularlas.

La aprobación del FES en el Congreso podría ser una oportunidad para mejorar el proyecto mediante indicaciones que amplíen la condonación, establezcan mayores controles a los aranceles y avancen hacia principios de solidaridad intergeneracional.

La experiencia internacional muestra que las reformas educativas profundas suelen ser procesos iterativos. El FES no tiene por qué ser la última palabra. Puede convertirse en un primer paso hacia un sistema más justo, siempre que mantengamos viva la capacidad de cuestionar, proponer y exigir.

Los actores políticos –Gobierno, parlamentarios, universidades– tienen la responsabilidad de abrir estos espacios de diálogo. Pero también la tenemos quienes, desde la sociedad civil, las aulas o la vida profesional, seguimos creyendo que la educación es el cimiento de una sociedad más igualitaria.

Hoy se abre una ventana para reconstruir el debate sobre la educación que merecemos. La calidad de nuestra democracia se medirá por cómo enfrentemos este desafío colectivo: ¿seremos capaces de transformar un avance técnico en un verdadero salto hacia la educación como derecho social?

El movimiento estudiantil demostró que el cambio es posible. Ahora corresponde a toda la sociedad vigilar que estos avances no sean el techo, sino los cimientos de un sistema más justo. Y las universidades –todas, sin excepción– deben estar a la altura de ese desafío.