Proyecto FES, una gran incertidumbre para la Educación Superior

El proyecto de ley de Financiamiento para la Educación Superior (FES) propuesto por el Gobierno y que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados consta de dos partes. La primera propone un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, lo cual constituye una necesidad, frente a la alta morosidad que presenta el crédito CAE.

El proyecto, en esta parte, apunta a resolver un problema significativo para el Estado y para los jóvenes que financiaron sus estudios de educación superior con este crédito y que, por una u otra razón, se encuentran en mora de su cumplimiento. El proyecto aborda una solución a través de un mecanismo que resulta razonable para los deudores del CAE, frente a una deuda significativa ya asumida por el Estado y las Instituciones de Educación Superior y la potencial deuda producto de los impagos futuros en que puedan incurrir los actuales estudiantes.

El crédito CAE, que representó una solución para miles de jóvenes que no estaban en condiciones económicas de acceder a la educación superior, no previó, en su diseño original, que muchos de los estudiantes no estarían en condiciones de pagar al abandonar sus estudios prematuramente y otros, habiendo egresado, no lo harían por decisión propia, no existiendo un mecanismo adecuado para exigir el pago de la deuda, representando un costo significativo para el Estado y las instituciones educativas, que tienen que hacerse cargo de las deudas morosas de sus estudiantes.

Hoy, según datos de la Comisión Ingresa, al año 2023 existía un total de 955.000 deudores CAE, de los cuales 207.000 corresponden a estudiantes desertores que no concluyeron su carrera y 748.000 a egresados. De este grupo, un total de 540.000 beneficiados con el crédito se encuentran en mora, alcanzando esta cifra a un 56% del total de deudores. El valor anterior se descompone en 375.000 deudores egresados en mora y 165.000 deudores desertores en mora, concentrándose los deudores en mora principalmente en jóvenes pertenecientes a los deciles de mayor vulnerabilidad. El monto total de la deuda CAE, según datos oficiales, asciende aproximadamente a UF 201.000.000.

Partiendo de la base de que las personas que contrajeron el crédito deben cumplir con su obligación y reconociendo que en su diseño original el crédito CAE no incorporó los aspectos de una potencial morosidad de la magnitud que vemos hoy, ni condiciones socioeconómicas sobrevinientes que dificultaran su pago, ni mecanismos que permitieran garantizar su retorno, el proyecto FES aborda una propuesta de modo que los deudores CAE puedan cumplir sus compromisos, incorporando porcentajes de condonación en determinadas condiciones, ya sea para deudores al día o morosos, y facilidades de pago para los estudiantes que puedan hacerlo conforme a su situación de ingresos vigente a la fecha y futura.

Distinta es la situación que propone el proyecto FES a través del nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, aplicable a estudiantes que cursen hoy y a futuro carreras en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica, incorporando aspectos que afectarán al sistema de educación superior en su conjunto y particularmente a los estudiantes y a las instituciones que se acojan a este sistema de financiamiento.

En el caso de los estudiantes, el proyecto elimina las actuales becas de arancel, las cuales ascendieron al año 2023 a un monto cercano a los $200.000 millones, y que permiten a los estudiantes financiar sus estudios con una combinación de CAE y becas, disminuyendo su endeudamiento. El proyecto FES establece ahora solo la posibilidad de acceder a un financiamiento estatal a través del FES por el total del arancel, aumentando el monto de la deuda al egresar. Fija un plazo de pago para los estudiantes de un máximo de 20 años, calculado sobre la base de 2 años por semestre cursado y asociado a un pago como porcentaje de su renta, lo cual en algunos casos podría llevar a que el estudiante termine pagando una cantidad mayor a la que financió el Estado por sus estudios.

Esto ha sido interpretado como un impuesto a la educación superior que el estudiante deberá pagar por 20 años, lo cual –sin duda– incorpora un elemento de carga adicional para los jóvenes que inician su vida laboral. Por otra parte, el estudiante tiene solo la posibilidad de acceder al 100% del crédito y no a un porcentaje de él conforme a sus posibilidades económicas, como es en la actualidad con el CAE.

Por otra parte, en el caso de la Instituciones de Educación Superior, el proyecto establece que las que están actualmente en gratuidad se incorporan por el solo ministerio de la ley al nuevo sistema de financiamiento FES o pueden comunicar su no adscripción, quedando al margen del sistema de financiamiento estatal, con un claro perjuicio para sus estudiantes.

Adicional a lo anterior, las instituciones que accedan al FES quedarán limitadas en su crecimiento de vacantes, lo cual no ocurre hoy con el CAE, y quizás lo más preocupante es que a las instituciones que accedan al FES se les impide cobrar un copago por arancel, que en el caso de las instituciones en gratuidad se puede aplicar con un tope a las familias ubicadas en los deciles 7, 8 y 9.

Esta situación es especialmente preocupante, ya que el sistema FES fija el monto del arancel regulado que financiará el Estado, aplicándolo hasta el noveno decil, el cual es significativamente menor al arancel real de las carreras, generando una brecha difícil de abordar por las instituciones.

Esta brecha afectará sin lugar a duda la calidad de la educación, la investigación que realizan las instituciones y la vinculación con el medio que se lleva adelante con la comunidad, sin considerar el efecto que este desbalance puede tener en los procesos de acreditación llevados adelante por la CNA, institución que no modificará sus criterios y estándares de acreditación pese a esta significativa disminución de ingresos en las Instituciones de Educación Superior.

Asimismo, esta situación podría generar un impacto en las evaluaciones que realiza la Superintendencia de Educación Superior respecto de la estabilidad financiera en las instituciones, aspecto fundamental para llevar adelante los proyectos educativos y que ha sido preocupación permanente de la superintendencia.

Finalmente, también detectamos impactos en el sistema en su conjunto, llevando a una disminución de la autonomía universitaria, ya que restringe aranceles, matrícula e ingresos destinados a la creación de conocimiento y vínculo con el medio, aspectos, ambos, fundamentales para la sociedad e incluidos en la ley que regula la educación superior.

Un aspecto que lamentamos y que genera este proyecto es la segregación que podría producir en la educación superior en nuestro país, diferenciando entre instituciones sin FES, donde acceden solo los jóvenes de las familias de altos ingresos y las instituciones con FES orientadas a jóvenes de escasos recursos y que no tienen otra posibilidad para estudiar que el endeudamiento por 20 años, aspecto que nos parece de la mayor gravedad, ya que impide la experiencia y el vínculo social diverso como debe ocurrir en la educación superior y que representa un claro beneficio para la sociedad.

Por último, considerando los tiempos legislativos, creo que la solución es avanzar en la parte del proyecto que resuelve el problema de morosidad a los deudores CAE y dejar para una evaluación más profunda el nuevo sistema de financiamiento y así no comprometer un proyecto insuficientemente evaluado y socializado en el sistema, el futuro de miles de jóvenes que estudian hoy y que lo harán en el futuro.

Del mismo modo, es importante no afectar la autonomía y sustentabilidad de las instituciones de educación superior y la estabilidad de un sistema que académicamente hoy está en un excelente pie, pero que desde el punto de vista de su sustentabilidad ya estamos viendo algunos preocupantes deterioros que podrían profundizarse en el futuro, debido a un proyecto que no considera todas las variables que impactarán tanto en la educación pública como en la privada.