Ciencia y universidad en peligro: lo que Argentina anticipa y Chile no debe ignorar

En América Latina, la universidad pública ha sido históricamente mucho más que un espacio de formación profesional; ha constituido un territorio de disputa por el sentido común, la justicia social y la soberanía del conocimiento, articulando la democratización del saber con la posibilidad de imaginar futuros colectivos que hoy se ven amenazados por transformaciones orientadas a desarticular su vocación crítica y su función pública.

En este marco, la ofensiva impulsada por el Gobierno de Javier Milei en Argentina representa un punto de inflexión, no solo por la magnitud del ajuste presupuestario, sino por la instalación de un proyecto ideológico que busca desmantelar las bases institucionales de la ciencia y la educación superior, desacreditando el pensamiento crítico como expresión de disidencia estructural frente a su cruzada libertaria.

La eliminación del Ministerio de Ciencia, el congelamiento de fondos al Conicet, la drástica reducción de becas y la parálisis funcional de las universidades no responden exclusivamente a una lógica de eficiencia fiscal, sino a una convicción más profunda que asume que el conocimiento y la búsqueda de la verdad son prescindibles, y que la inteligencia colectiva que se organiza desde lo público constituye un obstáculo para rediseñar una sociedad fundada en el mérito individual y la subordinación de lo común a las reglas del mercado.

Sin embargo, este despojo no avanzó sin resistencia, pues las masivas movilizaciones que desde el 23 de abril de 2024 han colmado las calles en defensa de la universidad pública, reactivaron una memoria democrática latente y reafirmaron una convicción arraigada en la sociedad argentina: que la educación y la ciencia no son privilegios ni gastos superfluos, sino pilares intransables del pacto republicano, y que su desmantelamiento compromete de forma directa la posibilidad de deliberar colectivamente y proyectar un futuro común.

Este proceso no es ajeno a lo que comienza a configurarse en Chile, donde el ascenso de ciertas figuras perfila un escenario político que, con sus particularidades, reproduce los principios estructurantes del modelo mileísta: debilitamiento del Estado social, reducción de lo público y subordinación de la educación a criterios de eficiencia y utilidad.

Mientras algunos articulan una retórica liberal-autoritaria que percibe a la universidad pública como una amenaza, otros encarnan una racionalidad tecnocrática que, bajo el discurso de la “gestión eficiente”, promueve la despolitización del conocimiento y la contracción paulatina del espacio público como ámbito legítimo de deliberación colectiva y producción crítica.

Lo que en Argentina se impone por decreto, en Chile se intenta configurar discursivamente como consenso. La universidad pública chilena, aunque estructuralmente preservada, enfrenta una marginalización simbólica cada vez más evidente, favorecida por una desconexión con las expectativas sociales, y por su dificultad para disputar sentido en un contexto de fragmentación política y desafección ciudadana.

En este escenario, la amenaza no se reduce exclusivamente al plano presupuestario, pues lo que está verdaderamente en tensión es el lugar que el conocimiento ocupa o ha dejado de ocupar en la arquitectura de la vida democrática, donde la universidad, históricamente sostenida por un acuerdo transversal en torno a su valor público, hoy enfrenta una crisis de legitimidad acentuada por las transformaciones estructurales iniciadas con la reforma de 1981 y consolidadas en el presente, lo que la obliga a repensarse frente a una ciudadanía escéptica e interpelada por discursos que disocian libertad de igualdad y saber de justicia.

En este escenario, la disputa contemporánea, por tanto, no se libra únicamente en el terreno material o institucional, sino también en el campo más sutil pero decisivo de las narrativas, de las legitimidades simbólicas en tensión y de las promesas de futuro que aún pueden construirse desde lo común y lo público.