SLEP: ¿quieren que pare o quieren que siga?

Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) prometieron descentralizar la gestión, empoderar a las comunidades y revitalizar la alicaída educación estatal. Sin embargo, como un nudo mal atado, la implementación de esta reforma se ha tensado hasta el punto de generar fricciones y evidentes señales de estrangulamiento. Los casos de Chinchorro, Atacama, Puerto Cordillera, Colchagua, Valdivia, Chiloé y Magallanes, visibilizados por la prensa, no son meras anécdotas; son síntomas de un problema de diseño y ejecución de políticas que clama por una revisión profunda.

No se habla de ajustes menores, sino de una porción considerable del sistema que enfrenta serias dificultades para operar, pues al menos un 20% de los SLEP ha tropezado significativamente en su puesta en marcha y administración. Este dato, por sí solo, debería encender las alarmas. 

Al cierre de 2023, Sebastián Izquierdo (CEP Chile) sugiere un análisis persuasivo sobre la naturaleza de estos problemas. Más allá de la siempre presente discusión presupuestaria, Izquierdo señala fallas estructurales y de implementación que requieren una revisión integral del proceso. Su análisis subraya la urgencia de reprogramar el cronograma y abordar las deficiencias de manera holística para evitar un mayor impacto negativo en la calidad de la educación pública.

Un actor clave en este escenario, y cuyo rol merece especial atención, es la Dirección de Presupuestos (Dipres). Como responsable de la asignación y control de los recursos financieros, la Dipres tiene una incidencia directa en la viabilidad y sustentabilidad de los SLEP. Lamentablemente, no pocos SLEP operan con un déficit presupuestario importante que les impide dar respuestas oportunas a problemas básicos de infraestructura y equipamiento.

Esta insuficiencia de fondos no es una abstracción numérica; se traduce en escuelas con goteras, sin calefacción adecuada, con mobiliario obsoleto y carentes de los recursos tecnológicos mínimos para un aprendizaje efectivo. La crisis que se incuba en lugares como Andalién Costa, donde la falta de presupuesto tensiona la gestión de las escuelas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, es un claro ejemplo de las consecuencias de esta asfixia financiera.

Las comunidades educativas se movilizan, los equipos directivos se ven sobrepasados y, lo más grave, la experiencia escolar y el aprendizaje de los estudiantes se ven comprometidos.

La influencia de la Dipres, por tanto, es un arma de doble filo. Si bien su rol en la administración de los recursos públicos es esencial, una asignación presupuestaria que no se ajusta a las necesidades reales de cada territorio termina por socavar los objetivos de la reforma. Continuar insistiendo en un cronograma poco realista, ignorando las evidentes señales de alerta y la falta de recursos adecuados, solo agudizará las crisis y extenderá la sensación de improvisación.

Es tiempo de detener la marcha. La urgencia ahora radica en la sensatez de revisar exhaustivamente el proceso de instalación de los SLEP, tal como lo sugiere el análisis de CEP Chile. Esta revisión debe partir por una ajuste radical del cronograma, permitiendo un análisis profundo de las necesidades de cada territorio y una revisión de la asignación presupuestaria por parte de la Dipres.

No se trata de abdicar en el objetivo de una educación pública descentralizada y fortalecida, sino de asegurar que el camino hacia esa meta sea transitable y sostenible. El futuro de nuestros estudiantes y la credibilidad de esta reforma dependen de la hidalguía para reconocer los errores y la voluntad para corregir el rumbo antes de que el nudo apriete demasiado.