A pocos días del informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento

En estos días previos a la entrega del esperado informe de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento (CPE) surgen  inquietantes informaciones periodísticas, que advierten algunos problemas. En una nota  de prensa del diario El Austral se informó que el Partido Republicano catalogó el  borrador del informe como “octubrista” y, por tanto, lo rechazaría. Esto, pese a que el documento oficial aún sigue en debate.

En una larga  nota, La Tercera informó el 23 de abril que se estaría constituyendo una “presión opositora” en contra de los  acuerdos de la CPE, aún –igualmente– antes de conocerse públicamente su contenido, y se señala que “a una semana de entregar el informe, la CPE enfrenta su momento más  crítico”.

Recordemos que la CPE fue creada por decreto presidencial el 24 de junio del año 2023, con la tarea de proponer recomendaciones para resolver la demanda de restitución de tierras indígenas, tema que ha estado permanentemente en la mesa de todos los gobiernos democráticos iniciados en 1990 y cuya solución sigue pendiente.

El decreto presidencial estableció como nudo central de la tarea recomendar soluciones al conflicto Estado-sociedad-pueblo Mapuche y centró los objetivos en cuatro regiones del sur. Su objetivo no son las complejas relaciones de los Pueblos Indígenas con el Estado y, por lo mismo, los sectores mayoritariamente urbanos y otros pueblos no forman parte del objetivo de la comisión, lo que no obsta a que de igual forma pueda formular diversas recomendaciones.

En su cronograma abrió una amplia  etapa de consultas, desplegando un abanico de temas. Otro aspecto para señalar es que el mandato de la CPE se concentra en cuatro regiones y principalmente comprende la  restitución de tierras.

En lo central: la restitución de tierras indígenas como un derecho nunca ha sido reconocida por el mundo conservador y por los dueños de las tierras ancestrales que fueron usurpadas con el aval del Estado entre los siglos XVII y XX. De esto dan habida cuenta las históricas comisiones presidenciales como la CEPI (1991-1993), de Verdad  Histórica y Nuevo Trato (2001-2003) y la comisión presidencial de La Araucanía (2016- 2017).

En sus informes está reflejada una historia profunda de injusticias que llevaron al expresidente Lagos y a la expresidenta Bachelet a pedir perdón a los pueblos indígenas y poner en marcha importantes políticas de Estado, quedando pendiente el conflicto  principal.

Resolver este conflicto implica un camino institucional que supere el  negacionismo de esta historia. Un poco menos de mil comunidades mapuches del sur han presentado al Consejo Nacional de Conadi su demanda de restitución de tierras, que cuenta con aplicabilidad conforme a las normas de la Ley Indígena 19253. Esta demanda comprende un poco más de 600 mil hectáreas. Un porcentaje muy relevante de estas tierras usurpadas está hoy en manos de holdings forestales y, en menor medida, entre familias del antiguo latifundio.

La Ley Indígena ha ayudado a resolver parte del problema mediante la compra de tierras. En 32 años de democracia postdictadura esto  ha permitido reingresar a comunidades mapuches unas 230 mil hectáreas. Las tierras indígenas hasta antes del golpe militar reconocidas legalmente correspondían a un poco más de un millón de hectáreas. Hoy, lo esencial, son las tierras provenientes de los antiguos títulos de merced.

El mundo conservador se respalda en que las tierras que antes fueron indígenas fueron traspasadas por el Estado en tiempos de la Colonia y de la naciente República. Luego fueron indígenas los que vendieron parte de sus campos. Pero lo que no reconocen es que muchas de esas “ventas” se llevaron a cabo en medio de múltiples formas de engaño y legalidad encubierta, delitos ante los cuales el Estado apartó la vista. Muchas de esas tierras posteriormente fueron “vendidas” a las nacientes compañías forestales, las que alegan entonces que se trata de “compraventas legítimas” y no reconocen el carácter ancestral de las mismas.

En suma: para resolver el conflicto de la demanda de restitución de tierras, lo primero que el país y el mundo conservador deben considerar es que cualquier fórmula para la Paz y Entendimiento con el Pueblo Mapuche tiene un precio. Nada es gratis en este conflicto. Y el Estado y la sociedad chilena deben comprender que, si queremos de verdad la Paz en Chile, con el Pueblo Mapuche y las comunidades demandantes, esa Paz tiene un precio a pagar mediante un compromiso de compra de tierras, en este caso a las forestales y privados que sean pertinentes, a un plazo de varios años y que esas tierras sean puestas a disposición de un Fondo Nacional de Tierras en Bienes Nacionales y que desde ahí se trabaje un plan de restitución.

Todo esto es el nudo del conflicto y no se resuelve con muchas promesas periféricas de nuevas o mejores políticas sociales. Todo esto ya había sido esbozado en el 2004 en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Es materia de evaluación aparte por qué los gobiernos siguientes no asumieron con convicción lo que en esa ocasión se recomendó. Hoy, lo que importa es que el informe de la CPE apunte a lo esencial.

Si el informe que esperamos naciese con fórceps y dificultades importantes, con partidos políticos, unos que lo acogen y otros que lo rechazan, con comisionados consensuando solo “mínimos comunes” para no afectar la comisión y sin entrar a lo esencial, la primera derrota de esto es para el Gobierno y el oficialismo. La segunda para el mundo político y social y, por cierto, generará –una vez más– un desaliento en los Pueblos Indígenas.

Alguien podría decir: “¡Y qué importa!, si en Chile somos todos chilenos y terminemos con esta tontera de los indígenas como algo distinto”. Esto solo podrá alimentar la permanencia del conflicto y lo que hay que tener en cuenta es que los pueblos indígenas, por su historia ancestral (más de 500 años de historia), han desarrollado por siglos una enorme capacidad de resiliencia en lo espiritual, lo social, lo político y lo cultural a lo menos.

Son pueblos derrotados por la conquista y la guerra de la llamada “pacificación de La Araucanía”, pero nunca han sido puestos de rodillas y han sobrevivido a todas las crisis con el Estado. Las luchas sociales y culturales a veces tardan tiempo en cristalizar, pero si algo han aprendido los indígenas por generaciones es a tener una paciencia activa, histórica.

Hacemos votos para que los comisionados de la CPE alcancen el consenso que, por justicia y derecho, el pueblo mapuche reclama al Estado y a la sociedad chilena, y para que cada uno de los actores en juego comprenda que, a veces, lo mínimo no es suficiente.