El debilitamiento silencioso de la reforma al sistema de seguridad

Seis años después de que miles de chilenos salieran a las calles exigiendo transformaciones profundas, la promesa de una reforma integral del sistema de seguridad se desvanece silenciosamente. El Congreso tenía la oportunidad histórica de establecer normas claras para la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, un asunto crítico en democracia. Sin embargo, el Senado acaba de aprobar modificaciones al proyecto de ley sobre uso de la fuerza que no solo fallan en este propósito, sino que debilitan simultáneamente la protección legal de la función de seguridad y los mecanismos de supervisión que toda institución profesional requiere.

La eliminación inexplicable del principio de proporcionalidad representa un retroceso significativo que compromete la posibilidad de construir un verdadero sistema de accountability en Chile.

El proyecto original establecía claramente la proporcionalidad como principio rector, definiéndola como la evaluación del “tipo y nivel de fuerza empleada en atención al grado de resistencia o agresión, la que nunca deberá ser excesiva en relación al objetivo legítimo”. Esta formulación, alineada con estándares internacionales, permitía una evaluación objetiva de las actuaciones policiales y militares.

La proporcionalidad opera en tres niveles esenciales. Como herramienta jurídica para evaluar conductas específicas. Como mecanismo para establecer responsabilidades de mando. Y como criterio para medir el desempeño institucional a lo largo del tiempo, identificando patrones problemáticos y avances en la profesionalización.

Las democracias consolidadas han reforzado este principio tras experiencias traumáticas. Canadá, después de las críticas por el manejo de las protestas del G20 en Toronto (2010), implementó un sistema integral basado en la proporcionalidad. Francia, tras las manifestaciones de los “chalecos amarillos”, estableció en 2021 que cualquier intervención policial debe ser “graduada y proporcionada”.

¿Qué explica entonces la eliminación de este principio fundamental en Chile? El análisis revela una contradicción entre el discurso público de reforma y ciertos intereses de mantener amplios márgenes de discrecionalidad. Particularmente preocupantes son los intereses de las Fuerzas Armadas en conservar autonomía operativa cuando participan en funciones de seguridad, precisamente en un ámbito donde carecen de experiencia y formación específica.

Las fuerzas militares, por su naturaleza y doctrina, están entrenadas para enfrentar amenazas externas utilizando fuerza letal, no para gestionar el orden público con criterios de mínima intervención. Esta diferencia doctrinal fundamental exige que cualquier participación militar en seguridad interior sea bajo comando y control policial, no de manera independiente o paralela.

La eliminación del principio de proporcionalidad tendrá consecuencias prácticas inmediatas. Primero, dificultará la evaluación de operativos de policías y militares, pues no existirá un estándar objetivo para determinar si la fuerza empleada fue adecuada. Segundo, obstaculizará el establecimiento de responsabilidades de mando, ya que los superiores podrán alegar la ausencia de criterios claros. Tercero, debilitará la capacidad de organismos fiscalizadores para evaluar efectivamente el uso de la fuerza.

El caso de Alex Lemún Saavedra ante la CIDH (2018) ejemplifica los riesgos de esta omisión. Chile fue condenado precisamente por no demostrar que la fuerza letal respondiera a los principios de “finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad”. El acuerdo firmado por el Estado incluía el compromiso de reformar protocolos para incorporar estos principios, no para eliminarlos.

Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas alertaron en enero de 2025 sobre estas modificaciones, señalando su incompatibilidad con estándares internacionales. Particularmente crítica fue su observación sobre la necesidad de mantener la proporcionalidad como criterio central para prevenir abusos y garantizar la rendición de cuentas.

La experiencia internacional desmiente el falso dilema entre control y eficacia. Los cuerpos policiales más efectivos son precisamente aquellos con mayores controles internos y donde existe mayor responsabilidad de las autoridades políticas. La legitimidad derivada de actuaciones proporcionadas fortalece, no debilita, su capacidad operativa.

El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, establecido por la Ley 21.154, representa una pieza clave en este engranaje institucional. Su rol como organismo técnico especializado con capacidad para visitar centros de detención, formular recomendaciones y colaborar en el diseño de políticas públicas lo convierte en actor fundamental para la supervisión del uso de la fuerza.

Sin embargo, la efectividad de su labor depende directamente de contar con parámetros claros, como el principio de proporcionalidad, para evaluar las situaciones que fiscaliza. Sin estos criterios objetivos, incluso el mejor diseño institucional se torna inoperante.

El Congreso todavía puede corregir esta grave deficiencia. Reincorporar el principio de proporcionalidad no es solo una cuestión técnica; es condición esencial para cualquier reforma que aspire a fortalecer simultáneamente la eficacia operativa y el control institucional.

Para avanzar hacia instituciones de seguridad legítimas y eficaces, la proporcionalidad no es negociable. Es la piedra angular sobre la cual se construye cualquier sistema de accountability digno de ese nombre. El silencioso debilitamiento del control que implica su eliminación puede pasar desapercibido hoy, pero sus consecuencias se harán evidentes cuando sea demasiado tarde para corregirlas.