EDITORIAL
Existe un imperativo que jamás debe pasarse por alto, cual es el marco ético con el cual se analiza y valora la acción política. En política, nadie puede prescindir de su contexto.
De ahí que cualquier debate relativo a la separación de negocios y política, o a las reglas al respecto que deben seguir las instituciones y quienes las dirigen, debe enfocarse en la realidad factual, sin perjuicio de los fundamentos doctrinarios o las analogías históricas que le acompañen para producir mayor luz en los debates.
Es un hecho que la sociedad chilena está enferma de concentración económica y que ello no se ha resuelto en el campo de la mera economía y la competencia de los mercados, sino que ha contaminado a la política y sus decisiones. Parece natural, pues en la sociedad moderna los poderes político y económico se imbrican, fuertemente, como parte de un todo. Pero el tema es complejo y ya produjo debate entre los propios liberales a fines del siglo XIX, con los planteamientos de Thomas Hill Green y el llamado idealismo liberal, donde hizo una fuerte revalorización del papel del Estado y la legislación para, efectivamente, obtener la plena vigencia de las libertades. Casi una anticipación del Estado regulador tan de moda en los debates actuales sobre economía y política, que contiene, además de la transparencia de los mercados y las reglas de la libre competencia, la conducta de los gobernantes y la precaución sobre el manejo de sus intereses privados mientras ejercen la magistratura pública.
A su vez, en nuestro moderno Estado de Derecho de siglo XXI, la libertad de expresión es un derecho supraconstitucional que permite la plena vigencia del conjunto de las libertades políticas. Y va acompañada de dos derechos esenciales que operan como supuesto orgánico del anterior: la libertad de pensamiento y el derecho social a la información. En esta tríada se afirma el rol de la prensa en una sociedad democrática moderna: la convicción de que las instituciones tienen un significado que supera el valor de lo individual como referencia ética de la vida social y la conducta de sus gobernantes; que, por lo tanto, los integrantes del colectivo social deben estar adecuadamente informados de todo aquello que concierne a su vida ciudadana, lo que faculta y obliga a la prensa –sin perjuicio de las atribuciones de otros actores– a auscultar la conducta y la responsabilidad de los gobernantes e informarlas.
En este contexto, El Mostrador mantuvo publicado por algunos meses un banner en su portada con la advertencia explícita de que el candidato presidencial Sebastián Piñera Echenique, más allá de sus palabras, en los hechos no transparentaba a la ciudadanía su patrimonio personal y negocios, de cara a las elecciones, lo que –a juicio de este medio– lesionaba gravemente el marco de la ética política y la transparencia requerida para el funcionamiento de la institucionalidad del país (ya golpeada por otros factores). Sobre todo, debido a sus inversiones en países limítrofes, la proporcionalidad de esa fortuna en relación con el PIB nacional, las competencias legales de un Presidente viv a vis con la necesidad de prevenir conflictos de interés, y por lo que es la tradición histórica de esa fundamental institución en nuestra vida republicana.
[cita tipo=»destaque»]A fines de la semana pasada, este medio tomó la decisión de “bajar” dicho banner, en el entendido que el patrimonio declarado y exhibido por este candidato ante el Servel, en cumplimiento de la ley electoral, más allá de su valor económico (si es a valor comercial o a valor libro o de tasación fiscal), ha significado que transparente todos sus bienes e inversiones, al igual que los otros candidatos presidenciales. Y, con esto, ha rectificado su equivocada y arbitraria conducta de no hacerlo. De esta manera, si este supuesto fuere cierto, por fin el candidato Sebastián Piñera pasaría a compartir una visión común, republicana, de lo que significa para Chile la institución de la Presidencia de la República, como ideal político. No olvidemos que el año 2010 no transparentó sus bienes y, para colmo, entregó en fideicomiso ciego solo una parte menor de los mismos.[/cita]
Pero, a fines de la semana pasada, este medio tomó la decisión de “bajar” dicho banner, en el entendido que el patrimonio declarado y exhibido por este candidato ante el Servel, en cumplimiento de la ley electoral, más allá de su valor económico (si es a valor comercial o a valor libro o de tasación fiscal), ha significado que transparente todos sus bienes e inversiones, al igual que los otros candidatos presidenciales. Y, con esto, ha rectificado su equivocada y arbitraria conducta de no hacerlo. De esta manera, si este supuesto fuere cierto, por fin el candidato Sebastián Piñera pasaría a compartir una visión común, republicana, de lo que significa para Chile la institución de la Presidencia de la República, como ideal político. No olvidemos que el año 2010 no transparentó sus bienes y, peor aún, entregó en fideicomiso ciego solo una parte menor de los mismos.
Es de esperar que con el transcurso de los días no se conozca de bienes o negocios omitidos, pues ello resultaría muy lesivo para la democracia, amén de un fraude a la fe pública.
En cuanto a la gestión y administración de este importante patrimonio, este medio espera, de conformidad con una perspectiva de ética política, que Sebastián Piñera constituya cuanto antes el (o los) fideicomiso(s) ciego(s) que permita(n) materializar su alejamiento efectivo de todos sus negocios e inversiones, tanto en Chile como en el extranjero, para así dedicarse a su candidatura presidencial.
Es tanta la envergadura y diversificación de sus negocios, que durante la campaña perfectamente podría contraer obligaciones y compromisos que impliquen, tarde o temprano, conflictos de intereses. Por lo demás, ese fue su compromiso a fines del mes de octubre del año pasado, al momento en que este medio develó la existencia de sus inversiones en Perú siendo Presidente de la República y en plena tramitación del juicio ante la Haya con ese país limítrofe.
Quienes acostumbran a buscar sus fuentes de inspiración en la Grecia Antigua, no deben olvidar que Aristóteles consideraba que el mejor criterio para determinar lo ciudadano de un ateniense era su capacidad de actuar como jurado frente al poder. Lo que interesaba a los atenienses, en materia de ciudadanía, no era la participación en la asamblea de la civitas sino la búsqueda de los medios para que los magistrados y funcionarios fuesen responsables ante ella y estuviesen sometidos a control. Los ejes de su democracia eran: un consejo de elección popular con responsabilidad ante la asamblea de ciudadanos, y un cuerpo de jurados independientes y de elección popular con capacidad de juzgarlos. En esa relación se manifestaba el amor cívico a Atenas, que anteponía el interés de la civitas a los intereses propios. Una perfecta analogía, de más de dos milenios de distancia, sobre la primacía del interés público por sobre el privado.
