EDITORIAL
Lo que hace el alcalde Rodolfo Carter es desafiar la ausencia de acción concreta e inteligencia del Estado y sus autoridades en materia de seguridad en los barrios. Lo suyo es un grito de barrio ante La Moneda, muy de clase media, que busca inhibir de alguna manera el modelo narco que corroe con sus ganancias y ostentación la vida cotidiana decente del país. De la misma manera que la LGUC no ha sido concebida como un instrumento de penalización frente al narcotráfico, Carter no es el problema por derrumbar casas narco –más allá de su ineficacia y posibles “tiros por la culata”–, el problema es el narcotráfico en los barrios, que los coloniza y controla. El problema es también la autoridad política, principalmente el Ministerio del Interior, que no usa con decisión, coraje y eficacia los inmensos recursos con que cuenta, incluidas las policías.
La desorientación estratégica de los sucesivos gobiernos democráticos frente al problema del narcotráfico amenaza con transformar a Chile en un Estado fallido en el manejo del tema. En 20 años o más, poco o nada se ha hecho para desarrollar mecanismos eficientes de ordenamiento territorial y seguridad pública, además de los policiales y penales, para contener la ola colonizadora del narcotráfico en diversas comunas y barrios de las ciudades del país. Se sabe que este precisa territorios y poblaciones adeptas para enmascarar y proteger la base social de su negocio, pero nadie toma medidas de fondo.
El peso y los esfuerzos normativos se han puesto en leyes que resultan una maraña de competencias cruzadas y elementos de fuerza muchas veces inútiles, en vez de poner el foco –principalmente– en componentes de prevención y defensa de los territorios amenazados, y perseguir la dimensión patrimonial del delito, pues este no es una ideología sino que un negocio ilegal cuyo conflicto con la sociedad mina los derechos civiles, la paz social y la salud pública. Por supuesto, también, usando toda la fuerza legítima del Estado, a través de las policías, reforzadas en lo que fuere necesario, especialmente en sus labores de inteligencia policial.
Las sucesivas acciones del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, empeñado en una cruzada personal de defensa de los barrios de su comuna ante la acción corrosiva del narcotráfico, han generado reacciones ambiguas de las autoridades y de la política en general, que son un ejemplo de la mencionada desorientación estratégica. Un uso focalizado y discrecional de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para demoler las llamadas casas narco, va más allá de la ilegalidad de las construcciones y, también, más allá de la escasa efectividad concreta de esta medida (Lea aquí la columna: Demolición de casas de narcotraficantes).
Hay que destacar que, en materia de tráfico y colonización de barrios por el narcotráfico, la mayor información la tiene el propio vecindario, además del municipio, el que, con sus patentes de comercio y permisos de edificación y control de ruidos molestos, identifica plenamente lo que ocurre en la vida de los territorios de la comuna. Los vecinos saben cómo se mueve la calle. Toda esa información ha estado desde hace décadas disponible para su uso en materia de inteligencia policial, lo que –dada la precariedad de estos servicios– no se ha utilizado realmente. El municipio sabe dónde se están enjambrando cuadras enteras por el interior de sus manzanas, transformando la contigüidad en oportunidad de bodegaje, escape y control poblacional, además de bienestar narco.
Uno de los objetivos de Carter es (además de –como es evidente– su figuración política, exacerbada por el escándalo mediático) poner una barrera al deterioro delictual de los barrios de su comuna, asumiendo que el mecanismo que usa golpea a la organización criminal donde más le duele: su dinero y su imagen de impunidad frente a la población. Toma una cuota elevada de riesgo personal sin tener un respaldo abierto y claro de parte de las autoridades.
También se ha llamado la atención sobre la creación de riesgos nuevos de diversa naturaleza, entre ellos, el de usar información sesgada sobre casas narco y verse involucrado en una lucha entre bandas rivales. Ello es efectivo, en cierta medida, pues es evidente que un municipio no tiene forma de procesar información de inteligencia policial y civil, ni coordinar los sistemas de comunicación interinstitucional que requieren estos casos –es de esperar que las leyes que hoy se tramitan en el Congreso solucionen en parte estos problemas–.
Pero la esencia política de lo que hace Rodolfo Carter es desafiar precisamente la ausencia de acción concreta e inteligencia del Estado y sus autoridades en materia de seguridad en los barrios. Lo suyo es un grito de barrio ante La Moneda, muy de clase media, que busca inhibir de alguna manera el modelo narco que corroe con sus ganancias y ostentación la vida cotidiana decente del país, basada en el trabajo y la adhesión a las pautas cívicas.
De la misma manera que la LGUC no ha sido concebida como un instrumento de penalización frente al narcotráfico, Carter no es el problema por derrumbar casas narco. El problema es el narcotráfico en los barrios, que los coloniza y controla. Y que ya logra paralizar actividades cívicas como el funcionamiento normal de establecimientos de educación, con el solo rumor de que habrá un funeral de rito cultural narco, es decir, con armas y fusilería al aire para exhibir impunidad y poder.
El problema es también la autoridad política, principalmente el Ministerio del Interior, que no usa con decisión, coraje y eficacia los inmensos recursos con que cuenta: financieros, para pagar asesores, coordinadores, informantes, intervenciones en los barrios, etc.; recursos políticos, para la coordinación intersectorial y de los distintos órganos que tienen que intervenir en la lucha contra las bandas delictuales; recursos de inteligencia de que dispone (y coordinación de la inteligencia policial), y el enorme recurso de las poderosas fuerzas policiales del país, como jefatura superior de Carabineros y PDI.
