EDITORIAL
Nos falta un sistema decente de inteligencia estratégica, para impedir que, con solo un par de llamadas telefónicas y la invocación a un jefe de servicio, “alguien” se lleve armamento de guerra del IDIC o computadores y la caja fuerte de un ministerio. Chile está amenazado de crimen organizado y narcotráfico, pero los escáneres del Puerto de San Antonio, por ejemplo, no funcionan porque “están malos”.
El Chile de hoy no resulta fácil para el análisis político. Tanto por los erráticos comportamientos de sus elites políticas como por su composición económica y social. Es un país dual en materia económica, con polarización evidente entre pobres y ricos, y una pérdida importante de su tejido social en sus estructuras sociales intermedias.
Es también un país plural, heterogéneo, multicultural, de reciente autorreconocimiento. El conflicto étnico mapuche se complica en la medida que el Estado opera como ONG y sin voluntad coercitiva, en vez de hacerlo como un poder legítimo y legal, obligado a atender la complejidad del problema, lo que incluye brindar seguridad a su población.
Políticamente Chile es hoy una sociedad fractal, dividida en séptimos de representación política, sin cohesión social notoria, y con una alta volatilidad electoral en todos los sectores, a excepción de aquellos de mayores ingresos. En materia de gobernabilidad, sea local o a nivel nacional, sus partidos políticos dependen de los afines doctrinarios para sobrevivir, en alianzas electorales permanentemente precarias, así como de los votos ocasionales de los adversarios para alcanzar cuotas razonables de eficiencia política. No obstante lo cual su presencia política solo está asegurada por su capacidad y voluntad de fagocitar a los aliados más cercanos para demostrar fuerza y seguir activos, y desafiar así de manera permanente al poder contrario.
En materia de administración, el país no tiene suficiencia tecnoburocrática en su estructura estatal ni en su funcionariado, y carece de racionalidad programática en los partidos, que sirva de base a acuerdos nacionales de gobernabilidad.
¿Significa, todo lo anterior, que el país está al borde del default político o de constituirse como un Estado fallido? Nada de eso. La extensión de las crisis y del aprendizaje de las formas para controlarlas, suele ser hoy más compleja pero más veloz que en el pasado.
Nos falta un sistema decente de inteligencia estratégica, para impedir que, con solo un par de llamadas telefónicas y la invocación a un jefe de servicio, “alguien” se lleve armamento de guerra del IDIC o computadores y caja fuerte de un ministerio. Chile está amenazado de crimen organizado y narcotráfico, pero los escáneres del Puerto de San Antonio, por ejemplo, no funcionan porque “están malos”.
El Gobierno no es capaz de avanzar y se muestra desorientado con el denominado escándalo de las fundaciones y convenios, e incapaz de tomar decisiones. Hace más de 20 años que se creó una oficina llamada Auditoría Interna General de Gobierno, la que debiera ser activada para el control de probidad de todo el aparato público nacional, previo al realizado por la Contraloría General de la República.
Es efectivo que la velocidad y complejidad de la política moderna, la globalización y la era digital implican que el centro del poder sea más difuso y que las interpretaciones sobre cómo gobernar y con cuáles mecanismos no vienen ya, como antaño, en paquetes ideológicos sellados. Eso es parte del duro aprendizaje del actual Gobierno.
